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Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, explicó en conferencia de prensa la noche de este viernes, que los magistrados no encontraron vicios de procedimiento ni de fondo sobre la reforma fiscal, tras las consultas enviadas por los diputados semanas atrás.
“Por unanimidad, la Sala no encuentra ni vicios de procedimiento ni problemas de constitucionalidad ni por la forma ni por el fondo”, señaló el magistrado presidente al referirse a la decisión de tomada a las 9:45 p.m. tras una extensa sesión que arrancó a las 9:00 a.m. de este viernes.
Los jueces magistrados analizaron una a una las tres consultas enviadas por los legisladores sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580), pero se limitaron a resolver solamente los puntos señalados por los congresistas.
Sobre la primera consulta los magistrados no encontraron problemas ni de forma ni de fondo. En la segunda declararon inevacuables los puntos A y B porque los diputados no presentan una duda de constitucionalidad real, es decir, las preguntas de los diputados no se pueden responder.
Se trata de la consulta enviada por los diputados del Partido Restauración Nacional (PRN) –en ese momento 12 de los 14 que la conformaban inicialmente–; José María Villalta, del Frente Amplio (FA) y Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).
Los rubros C y D de la consulta sí se evacuaron por mayoría. “En el sentido de que la consulta efectuada por la Asamblea Legislativa a la Corte Suprema de Justicia es improcedente, puesto que, a la luz de los artículos 9, 153 y 167 de la Constitución Política, dicho proyecto no viene a afectar la organización y funcionamiento del Poder Judicial”.
Los magistrados no encontraron vicios relacionados con la incorporación de la primera infancia y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como parte del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en el gasto estatal dirigido a la educación.
Sobre los ajustes al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), tampoco se encontraron vicios de constitucionalidad. “El proyecto de ley mantiene el gasto nominal del FEES y de las rentas propias de las universidades, con respecto al presupuesto vigente al momento de la aprobación de la ley”.
La Sala Constitucional tampoco encontró vicios sobre la eliminación de destinos específicos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que se mantiene la asignación presupuestaria nominal en el presupuesto vigente.
Según la respuesta de los magistrados constitucionales el proyecto de ley no necesita votación de mayoría calificada, es decir, se puede aprobar en segundo debate con menos de 38 votos.
Esta respuesta se dio a ante la consulta enviada por el bloque legislativo que respalda la reforma fiscal y que está conformado por diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
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En el caso de la tercera consulta, fue declarada inevacuable de manera unánime, debido a que no tenía las diez firmas de diputados que exige la Ley para una consulta facultativa a la Sala IV. Varios legisladores que firmaron la primera consulta, repitieron en la tercera y por eso su apoyo no se toma como válido para respaldar la solicitud, además el documento se presentó después de que la Sala recibió el expediente legislativo.
Esta es la primera vez que el proceso de vía rápida -208 Bis- aplicado a una reforma fiscal, pasa el filtro de la Sala Constitucional.
Sus predecesoras Proyecto Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal de la administración Pacheco de la Espriella (2002- 2006) y el Proyecto de Solidaridad Tributaria del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), quedaron enterradas después del análisis de los magistrados.
Las tres consultas facultativas enviadas por distintos grupos de diputados. El resultado se suma a los más de 600 votos que estos mismos magistrados realizaron de consultas legislativas en los últimos 18 años.
Castillo aseguró que los magistrados entienden la gravedad de la situación fiscal del país que llegará a un déficit financiero que superará el 7% del PIB al cierre del año, pero los jueces también comprenden el proceso de un Estado social de derecho en el que se deben seguir los procedimientos legales.
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