EscucharA pesar de que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) congeló las remuneraciones del sector público, el rubro para el pago de salarios incluido en el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2023 crece un 0,7% por el cálculo de anualidades, según indicó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
El ministro Acosta dijo que los crecimientos congelados de este plus salarial entre 2020 y 2022, por la Ley 9.908, se incluyen en el cálculo de los incentivos dentro del Presupuesto de 2023, aunque todavía existen “dudas” en el Poder Ejecutivo de que ese sea el movimiento indicado.
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El pago de remuneraciones había caído un 0,6% en el Presupuesto de 2022 (haciendo la comparación entre los planes autorizados hasta agosto de cada año), pero dicha tendencia se revertiría el próximo año.
Según dijo el jerarca, “hay una diferencia de la interpretación de si uno debería incorporarlas (los crecimientos congelados de las anualidades en años recientes) como ingresos de las personas o si lo que se pretendió en la Asamblea Legislativa fue convertir esas anualidades en cero”.
Por eso, argumentó, se incluyen los recursos en el plan de gastos, a pesar de que no existe certeza de que se vayan a terminar pagando. “Eso todavía no está definido si debería de pagarse o no, y es algo que tenemos que resolver, pero no se puede dejar sin contenido presupuestario, para poder hacerlo en caso de que sea obligatorio”, subrayó, ante la consulta de un periodista en el acto de presentación del plan de gastos.
¢16.000 millones
En total, el gasto en remuneraciones para el próximo año crece en ¢19.564 millones en la comparación con las erogaciones autorizadas hasta agosto de este 2022. De esa diferencia, el rubro que más crece es, efectivamente, el de “retribución por años servidos”, en ¢15.966 millones.
Según se lee en la exposición de motivos del proyecto, los recursos adicionales en materia de anualidades corresponden al pago de los rubros no contemplados en 2021, 2022 y 2023, “una vez concluida la norma temporal de suspensión de ese incentivo”. La misma explicación la realizan la mayoría de las instituciones, aunque no todas realizan la justificación explícitamente.
Para realizar esa interpretación, la mayoría de las instituciones citan criterios que ya habrían sido emitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Planificación (Mideplán); bajo las denominaciones C-073-2021, C-100-2021 y MIDEPLAN-DM-OF-0272-2022. Otras entidades también se refieren a la circular DGPN-CIR-0008-2022, de la Dirección General de Presupuesto Nacional.
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De todos esos documentos, EF logró dar con los criterios de la PGR, hasta el momento de esta publicación.
En el C-073-2021, el procurador adjunto del Área de la Función Pública, Luis Guillermo Bonilla, señala que “el pago del incentivo por concepto de anualidad correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022 se encuentra suspendido, no así el reconocimiento de la antigüedad acumulada propiamente dicho”.
Además, la sección del Ministerio de Trabajo en la exposición de motivos presupuestaria cita al oficio MIDEPLAN-DM-OF-0272-2022, al cual atribuye que “una vez que se agote la vigencia temporal de la norma transitoria adicionada por la Ley 9.908, se podrán considerar los años 2021 y 2022 para el cómputo y pago de anualidades futuras”.
Es decir, las instituciones consideran que los aumentos de las anualidades que no se pagaron en años recientes sí deberían considerarse para los nuevos cálculos del incentivo.
Pese a ese tipo de observaciones, el ministro Acosta afirmó que el Poder Ejecutivo tiene “dudas” y que no existe un criterio definitivo y vinculante todavía. Los montos están en el plan de gastos, pero existe incertidumbre de si finalmente se liquidarán. Los ¢15.966 millones representan un 0,03% del PIB estimado para 2023, aproximadamente.
Otros rubros
Además del crecimiento en los recursos presupuestados para anualidades, el proyecto de Presupuesto Nacional también incluye más recursos en “salario escolar” y “otros incentivos salariales”. El primero sube en ¢4,927 millones y el segundo en ¢5.950 millones.
Hacienda no brindó detalles al respecto, cuando se le consultó sobre el crecimiento de las remuneraciones en el acto de presentación del presupuesto.
En cambio, las remuneraciones generales (sin contemplar las contribuciones sociales y a fondos de pensión, los incentivos y los pagos eventuales como horas extra, recargos y similares) decrecen un 2,5%. Es decir, se paga menos en salarios base, pero más en incentivos.
El pago de remuneraciones representaría en 2023 un 22,5% del plan de gastos por ¢12,3 billones presentado por el Gobierno.
Para 2023 está prevista la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, la cual congelaría el pago de incentivos salariales como las anualidades para funcionarios que tengan remuneraciones superiores a las que se definan en las nuevas escalas remunerativas que se establezcan para cada grupo de trabajadores. No obstante, las retribuciones por años laborados se seguirían pagando a aquellos funcionarios con ingresos menores de los que finalmente se designen para cada puesto, hasta que alcancen el monto general.
Los salarios base del sector público se encuentran congelados desde 2021, por disposición de la regla fiscal contenida en la Ley 9.635. Ella señala que “no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales” cuando la deuda pública supere el 60% del PIB.
Además, una norma presupuestaria incluida por los diputados en legislaturas recientes impide llenar plazas vacantes. Esta es una medida que el ministro Nogui Acosta puja por eliminar, pues alega problemas de funcionamiento en instituciones como la propia cartera de Hacienda. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, Paulina Ramírez, dijo que se revisará la conveniencia y el diseño de esa y otras cuestiones de control, según informó La Nación.
El Gobierno recién presentó el proyecto de Presupuesto Nacional para 2023, en el cual disminuyen las partidas para la gran mayoría de las instituciones, pero las erogaciones generales crecen un 6,5%, en conjunto, empujadas por el pago de la deuda pública. Ahora el texto empezará su trámite en la Asamblea Legislativa, en donde los diputados podrán estudiar sus distintas particularidades y plantear eventuales enmiendas.
