EscucharMigrar de un sistema de renta territorial a uno mundial es una propuesta que ha sido cortejada en distintos intentos de reforma fiscal en nuestro país. Dentro del “Plan B” presentado por los sindicatos al Gobierno se planteó como una de las alternativa a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicos.
Sin embargo, para emitir un juicio de valor sobre la validez y utilidad de esta propuesta, es necesario primero entender lo que tenemos y las implicaciones del cambio.
Según la normativa fiscal, en nuestro país rige un sistema de renta territorial. Esto implica (en teoría) que solamente se debería de reportar y pagar impuestos por lo que se produce o hace dentro de los límites geográficos de Costa Rica.
Sin embargo, por vía jurisprudencial, este concepto se ha estirado muchísimo y al día de hoy se gravan ingresos generados en el extranjero cuando estos tengan alguna relación con la infraestructura económica costarricense.
Dentro de nuestra “territorialidad ampliada”, si se invierte la utilidad que generó una actividad económica dentro de Costa Rica en títulos valores en el extranjero, los rendimientos de estos títulos serían gravados en nuestro país al día de hoy, independientemente de que las ganancias fueras acreditadas y generadas fuera del territorio costarricense.
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Por otro lado, un sistema de renta mundial (que no es lo mismo que renta global) busca cobrar impuestos no por el lugar donde se generaron dichos ingresos, sino por la residencia fiscal de la persona que los generó. Por lo tanto y bajo este supuesto, si una persona residente fiscal de Costa Rica produce renta en Panamá, dichos ingresos deberían de reportarse en nuestro país y cancelar los tributos correspondientes.
Siendo justos, ambos sistemas tienen sus pros y contras, tanto para la Administración Tributaria como para los contribuyentes.
Sin embargo y enfocados en la fiscalización que debe de ejercer el Gobierno para asegurarse que se recaudan los tributos correspondientes, sería osado pensar en migrar a un sistema de renta mundial sin contar con una infraestructura adecuada. De no contar con esto, Hacienda estaría buscando un gato negro en un cuarto oscuro.
Me refiero primordialmente a una red de tratados internacionales para el intercambio de información tributaria y el equipo correspondiente para sacarle provecho a estos acuerdos. Costa Rica ha dado pasos en esta dirección con la firma de varios convenios de esta naturaleza y la adhesión al Estándar Común de Reporte promovido por la OECD, pero estos esfuerzos deberían de recibir un empujón considerable para que lleguen a ser un mecanismo útil para fiscalizar operaciones en el extranjero.
