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Ottón Solís anunció su renuncia al puesto de representante permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que iba a asumir a partir de este 19 de julio.
Este es un movimiento clave que despejaría el camino para la aprobación en segundo debate del programa de financiamiento negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que los diputados habían pausado para presionar al Gobierno a revertir este nombramiento.
En su carta de renuncia, que Solís publicó en la red social Facebook, el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), exdiputado y exministro de Planificación aseguró haber tomado la decisión para evitar una encrucijada al presidente Alvarado, entre defender un nombramiento que considera sí era de su resorte o avanzar con la agenda que necesita el país.
“Señor Presidente, hemos concordado en numerosas conversaciones que en la función pública siempre debemos poner los intereses de Costa Rica en primerísimo lugar. En el tira y afloja de los procesos políticos nunca debe tirarse ni aflojarse hasta el punto en que se hiera al país, aunque los otros no tengan la razón”, redactó.
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El nombramiento de Solís fue cuestionado por grupos políticos y empresariales; así como por un grupo importante de exjerarcas de Comercio Exterior (Comex). Sin embargo, fue una mayoría de los diputados de oposición del Congreso los que tensaron la cuerda al punto máximo, al negarse a tramitar la votación en segundo debate del convenio con el FMI, este lunes 12 de julio.
Al respecto, Solís recriminó la decisión de los diputados en su carta de renuncia y afirmó que “bloquear la aprobación de leyes, ni siquiera por el contenido de las mismas sino para forzar al gobierno a modificar decisiones que constitucionalmente le corresponden, es peor que bloquear vías públicas como herramienta de presión para evitar que el Gobierno y la Asamblea Legislativa avancen con esas mismas leyes”.
Bloqueo legislativo
La Asamblea Legislativa tenía programada la discusión en segundo debate del convenio con el Fondo Monetario para este 12 de julio; sin embargo, las jefaturas de fracción de las principales bancadas de oposición acordaron no discutir el texto hasta que se revirtiera el nombramiento de Solís como representante de Costa Rica en la sede de OCDE, en Francia.
Los legisladores además aprobaron una moción para instar al Gobierno a realizar la destitución de Solís y prepararon otra moción de censura, en contra de todos los ministros que avalaron el nombramiento impulsado por el presidente Alvarado, la cual se pactó para discutirse en los próximos días.
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Según los legisladores de oposición, el nombramiento de Solís era ilegal porque el artículo 4 del convenio de adhesión a OCDE (9.981) establece que “el Consejo de Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), designará al funcionario que representará al país ante dicha organización”.
Desde su punto de vista, el Consejo de Gobierno únicamente tenía que ratificar la recomendación del ministro de Comex, Andrés Valenciano, que era mantener en el puesto al actual representante, Manuel Tovar.
El oficialismo en el Congreso no solo defendió el nombramiento de Solís. Los diputados de gobierno también aseguraron que era oportuno y legal, resorte del Ejecutivo (como ocurre con cualquier puesto de representación internacional).
Convenio camina a segundo debate
El convenio con el FMI ya se aprobó en primer debate, con el respaldo de 38 de 44 diputados presentes, el 1 de julio pasado.
Para su aprobación en segundo debate solo requiere repetir el respaldo de al menos 38 legisladores, por tratarse de un programa de financiamiento externo.
La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, indicó a EF que este mismo 15 de julio propondrá apurar el conocimiento del tema para una de las próximas dos sesiones (la de este mismo jueves o la del próximo lunes 19 de julio).
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El acuerdo con el Fondo es considerado esencial por las autoridades nacionales, que lo ven como una pieza esencial no solo para obtener financiamiento a bajo costo, sino para comprometer al país con una agenda de consolidación fiscal y evitar un descarrilamiento definitivo de la deuda pública.
Solo la aprobación del texto en el Congreso, brindaría al país acceso a un primero de seis desembolsos de poco menos de $300 millones.
