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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es una empresa estatal de importancia estratégica que padece de vulnerabilidad financiera, arrastra un repertorio de malas decisiones y que con dificultad ha intentado ajustarse a un mercado en disrupción.
Pese a estos dolores, aún puede dar un golpe de timón para salvaguardar su papel estratégico en las próximas décadas.
Carlos Alvarado, presidente de la República, llamó la atención sobre la situación que vive el Instituto durante su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso, el pasado 4 de mayo.
“El ICE es una gran institución de desarrollo, pero debe manejarse bien y de cara a un solo interés, el interés público, y no a otros intereses. Tengo que ser claro: si como país no tomamos acciones drásticas, las malas decisiones tomadas en el pasado en la CNFL van a comprometer la sostenibilidad financiera del ICE. Por eso he instruido tomar acciones en este sentido, las cuales serán comunicadas en junio por su jerarca”, acusó el mandatario.
EF consultó a la institución sobre cuáles podrían ser esos cambios o acciones que se anunciarán en junio. No obstante, por medio de su oficina de prensa se indicó que no darán adelantos.
Lo que es un hecho, es que en este momento la entidad enfrenta complejos desafíos en sus dos aristas de negocios: tanto en la rama de electricidad como en las telecomunicaciones.
Hacer cambios en su cartera de actividades y promover un remozamiento en el marco jurídico son dos caminos que debería seguir la institución para ser una empresa clave en la era digital y en un país que apunta a la descarbonización.
El bache financiero
Los problemas que enfrenta el ICE son de diversa índole, pero uno de los más complejos es la presión financiera que sufre por el peso de sus deudas.
Desde el 2016, la institución arrastra resultados negativos y en el 2020 reportó una pérdida de ¢110.000 millones respecto al 2019, según cifras publicadas por el diario La Nación.
“La pérdida de valor del colón respecto al dólar y la relación de esta con el peso de la deuda que el Instituto tiene en dólares, esa valoración es la devaluación cambiaria que ha afectado al Instituto, ¢151.000 millones ha sido el efecto por devaluación cambiaria, pero el Instituto ha ganado ¢30.000 millones en cifras preliminares no auditadas”, afirmó Hazel Cepeda, gerente general del ICE.
Al golpe financiero también se le debe sumar el impacto por la pandemia, pues la caída de la demanda eléctrica durante el 2020 fue del 3%.
Renegociar la deuda con los acreedores e inversionistas fue uno de los caminos que debió explorar la institución. Durante el 2020 se renegociaron $220 millones y para este año se pretenden renegociar $500 millones, indicó la gerente general del ICE.
Una de esas renegociaciones se dio con el Fideicomiso Uno, entidad que otorgó el préstamo para la construcción de la Planta Hidroeléctrica Reventazón. El proyecto tuvo un valor de $1.400 millones y comenzó a operar en setiembre de 2016, según indica La Nación.
Tras negociar con el acreedor, el ICE logró colonizar el 56% del total de la deuda, una operación que reduce el riesgo de realizar mayores erogaciones.
A pesar de los esfuerzos por estabilizar sus finanzas, el ICE aún representa un dolor de cabeza para el Ministerio de Hacienda. La cartera alertó que debido a la confidencialidad que gozan los negocios de telecomunicaciones no existe un claro conocimiento sobre los riesgos a los que se enfrentan las empresas del Grupo ICE.
La información se dio a conocer en el informe Marco Fiscal Presupuestario Mediano Plazo 2020-2025. El documento de Hacienda indica que “la CGR ha emitido señales de alerta en diferentes análisis realizados a empresas públicas. Ha señalado que el panorama del Grupo ICE no es positivo al considerar los negocios en los que incurre la entidad y que resultan ruinosos para la misma”.
Los riesgos de la institución podrían impactar al fisco, según Hacienda y la agencia Fitch Ratings, que otorgó una calificación B con perspectiva negativa en este mes de mayo.
“Las calificaciones reflejan el fuerte vínculo de ICE con el soberano de Costa Rica (B/Perspectiva Negativa), dada su importancia estratégica para el país y las implicaciones sociopolíticas y financieras negativas potencialmente significativas de cualquier dificultad financiera a nivel de la empresa”, indica el informe.
El hecho de que la agencia calificadora mantuviera la calificación B con perspectiva negativa ―aún en un contexto de pandemia―, se debe a que reconoce el trabajo que el ICE ha realizado, rescató Cepeda.
Mercado en disrupción y seguidilla de malas decisiones
A sus 72 años el ICE experimenta las presiones que le impone un mercado en disrupción, pues la generación distribuida toma fuerza en el país y los usuarios se inclinan por tarifas más económicas.
Actualmente la tendencia es privilegiar las fuentes alternativas de energía, como la solar, para que los consumidores puedan generar su propia electricidad con tecnología que se vuelve más accesible con el pasar de los años.
“Durante muchas décadas el sector eléctrico no cambió. Posteriormente los cambios fueron estructurales de apertura, mercado (...). Ahora la tecnología está impulsando nuevas formas de producción y comercialización eléctrica, que chocan de frente contra el status quo (del ICE). A los clientes no les interesa si la energía es privada o pública, les interesa que sea barata”, aseguró Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope).
Sobre los retos que representa la generación distribuida, la gerenta del ICE considera que la institución no le teme al cambio, por lo que puede dar acompañamiento y ser partícipe de “una revisión detallada y minuciosa” de la legislación actual.
En la generación eléctrica se deben tener en cuenta a los privados, lo que también suma presiones a la institución; pues las plantas privadas producen energía más barata que el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), por la diferencia que existe entre los costos de operación.
Así consta en un informe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de febrero anterior.
El costo promedio de Grupo ICE y la CNFL fue de ¢124 por kilovatio hora (kWh), mientras que los generadores privados promediaron ¢49 por kWh, de acuerdo a una nota del diario La Nación. Actualmente, el porcentaje de producción eléctrica de los privados es del 22%, de acuerdo con datos del ente regulador.
Aunado a los cambios tecnológicos el negocio de la electricidad también contabiliza una lista de iniciativas fallidas.
Tal es el caso de Diquís, un proyecto insignia del Instituto que fue sepultado en el 2018 porque se consideró innecesario.
Ese año los industriales alzaron la voz y afirmaron que el proyecto representaría un alto riesgo para el sistema eléctrico nacional, pues asestaría un golpe a las finanzas del sector al elevar los costos de producción.
La decisión de sepultar Diquís se tomó porque hubiese aumentado la deuda en $1.700 millones, según palabras del propio Presidente de la República.
Al final este proyecto fue a dar a la misma gaveta donde se encuentran las plantas hidroeléctricas Boruca, Savegre y Pacuare, y la geotérmica Tenorio.
Los dolores de las telecomunicaciones
La otra avenida de negocios del ICE es el muy dinámico mercado de las telecomunicaciones que se mueve camina a mayor velocidad que el Instituto.
En los últimos años el ICE demostró que no era un negociador hábil, ya que realizó dos compras fallidas: Cable Visión y Full Móvil.
“Cuando han intentado comprar empresas del sector de telecomunicaciones ha sido un fracaso total. El caso típico de Cablevisión que prácticamente la compraron para cerrarla y Full Móvil que la compraron para cerrarla, y que no da una buena señal de las competencias gerenciales”, aseguró Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación.
La compra de Cablevisión se realizó en 2013 y en los últimos años acumula una pérdida neta de más de ¢6.000 millones, según anunció el presidente de la República durante su alocución ante el Congreso.
El fracaso de Cablevisión se dio por las amarras burocráticas de la institución. En el 2010 el ICE llevó a cabo un estudio que demostró que el negocio era viable pero la compra se realizó hasta tres años más tarde.
Durante ese lapso el dueño anterior dejó de invertir en la empresa, por lo que el Instituto adquirió un activo añejo que le restó competitividad. Así lo explicó Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, durante una entrevista a este medio en abril de 2019.
Luego del fracaso con Cablevisión, el ICE interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Probidad y Transparencia en el 2018. El proceso judicial está en etapa de investigación bajo la causa número 18-000208-1218, por lo que la información es confidencial.
Otro reto estructural que podría sortear el ICE es la eventual compra de Telefónica Costa Rica por parte de la firma Liberty Latin America; ya que de concretarse la adquisición, Liberty podría competir en toda la gama de servicios del ICE con una capacidad muy robusta, considera Campos.
Decidir el futuro de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), subsidiaria del ICE, es otro reto que se vislumbra en el panorama. Esta institución se convirtió en un proveedor de servicios de valor agregado para el Estado y algunas empresas, por lo que perdió su naturaleza como proveedor de servicios de telecomunicaciones.
En este momento se debe definir a qué se va a dedicar la subsidiaria del ICE, pues podría perder competitividad en sus contratos con el Estado tras la reciente aprobación de la Ley General de Contratación Pública.
Uno de los alcances de la nueva legislación es que reduce las posibilidades de que las instituciones públicas se contraten directamente. Esta norma se aprobó en mayo de 2021 y comenzará a regir en 18 meses.
Por otro lado, el despliegue de la quinta generación de redes móviles, 5G, aún no avanza debido a que los segmentos del espectro radioeléctrico están en posesión de Grupo ICE; mismos que están sin uso y sin que se realice la respectiva devolución al Estado.
El tema ha sido objeto de pulsos y controversias; Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, puso en entredicho los usos de la red 5G ligados a la industria del entretenimiento durante una entrevista en el programa Hablando Claro.
“Con respecto a las declaraciones mi intención era señalar que el 5G no debe verse exclusivamente como una tecnología limitada al entretenimiento. Es mucho más que eso. El 5G debe incluir desarrollos tecnológicos para seguridad, educación, salud y agricultura”, aclaró posteriormente la jerarca en sus redes sociales.
¿Hacia dónde debe caminar la institución?
A pesar de los baches y los retos que se avecinan en el corto y mediano plazo, el ICE es una empresa que puede ajustarse a las demandas del mercado para ser una institución estratégica en las próximas décadas.
“El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es una empresa clave para seguir llevando conectividad en la era digital y para la descarbonización con energías limpias y renovables. Creo en un ICE público y moderno en un ámbito de competencia. Pero más aún, creo en un ICE bien manejado”, acusó el mandatario Alvarado, el pasado 4 de mayo.
Mantener los negocios de electricidad y telecomunicaciones bajo una misma sombrilla podría ser una debilidad para el ICE, por lo que la institución debería considerar separarlos, indica el director general de Ciber Regulación.
“En este momento, el ICE tiene una enorme debilidad porque quienes han llegado a dirigirlo en la cúpula o conocen de electricidad, o conocen de telecomunicaciones. Se la han pasado en reorganizaciones a lo largo de la historia buscando una gerencia corporativa o una gerencia general (...) es un estira y encoje, y esa estructura se vuelve muy pesada y muy rígida”, aseguró Campos.
No obstante, la gerenta general del ICE considera que la conjunción de los negocios es una fortaleza para la institución. “La convergencia dentro de una misma unidad económica como está establecida en el marco de la ley es el mejor modelo que el instituto puede desarrollar porque le permite, de manera eficiente y con los mismos recursos institucionales, poder unificar sus dos portafolios con sus dos brazos de negocios”, aseveró.
Promover un cambio regulatorio profundo que beneficie a los usuarios es otra de las consideraciones que debería tener el ICE a futuro.
“Una de ellas es la ley de la Aresep porque obliga a seguir un esquema que se conoce como la tarifa del costo, cuando en realidad existen otras técnicas que pueden ser más efectivas porque incentivan la eficiencia. La modalidad de las tarifas al costo, tiene como problema que se estimula mucho la sobreinversión y todos los costos adicionales que existan se le terminan cargando al usuario”, afirmó Uri Weinstock, profesor e investigador de Lead University.
Bajo este esquema si el ICE construye una represa y hay sobrecosto lo termina pagando el usuario, y esta es una práctica constante de la empresa estatal.
La modernización del marco regulatorio también es necesaria porque algunas leyes se encuentran desfasadas respecto a las exigencias del mercado; tal es el caso de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (N°449) que data del año 1949.
En este caso la legislación se podría reformar de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, según Weinstock.
