El panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que analizó las restricciones impuestas por Costa Rica a la importación de aguacate desde 2015 –ante los reclamos del principal productor mundial, México– determinó que el país aplicó “una restricción encubierta al comercio internacional” y le llamó a ajustar sus normas. Sin embargo, este llamado puede implicar diversas acciones por parte de las autoridades de gobierno costarricenses.
Por el momento, el Gobierno asumió una postura cauta, pero abierta a reformas. En un comunicado de prensa conjunto, publicado la mañana de este 13 de abril, los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Comercio Exterior (Comex) indicaron que “se encuentra analizando las alternativas posibles para cumplir con lo determinado por el panel”.
La administración podría apelar la decisión del grupo especial de la OMC y negarse a derogar sus restricciones actuales. O bien, podría derogarlas o incluso buscar ajustarlas de alguna manera que considere pertinente.
La exministra de Comercio Exterior (Comex), Dyalá Jiménez, considera como una buena señal las primeras reacciones del país. Desde su punto de vista, la aparente idea de evitar una apelación y realizar reformas a las resoluciones actuales implicaría que el país pueda recibir aguacate mexicano Hass prontamente.
A fin de cuentas, recordó el hasta hace poco representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y exfuncionario de Comex, Manuel Tovar, unas nueve de cada 10 decisiones tomadas en esta primera instancia se confirman igualmente cuando se alargan los procesos.
Costa Rica prohibió desde 2015 la importación de aguacate proveniente de países con presencia de la plaga Avocado Sunblotch Viroid (ASBVd), también conocida como “mancha de sol”. Sin embargo, el panel de la OMC afirmó que el país “no tuvo en cuenta la evidencia científica disponible” a la hora de establecer sus resoluciones fitosanitarias y que las medidas del país habrían discriminado de manera arbitraria al producto internacional frente al costarricense, “en los que es probable que también esté presente” el riesgo que se buscaba evitar.
La medida fue considerada desde 2015 como arbitraria y excesivamente proteccionista por parte de México e importadores locales; los cuales han entablado procesos contenciosos, para reclamar perjuicios económicos y han estimado pérdidas de millones de dólares. Este es un flanco de conflicto que seguirá abierto.
¿Cuáles son los caminos?
El ministro de Agricultura, Renato Alvarado, señaló en un comunicado de prensa que “Costa Rica acogerá lo resuelto” por el panel de expertos de la OMC y que ya giró instrucciones “con el fin de preparar los ajustes necesarios en las medidas de protección fitosanitarias relativas a la importación de aguacate”.
El Gobierno no brindó mayores detalles sobre los eventuales ajustes que planea realizar, pero la exministra Jiménez interpreta que estos deberían implicar que el país reciba pronto de nuevo importaciones de aguacate Hass mexicano de nuevo. A fin de cuentas, el panel especial de la OMC determinó que no existe sustento real para justificar las restricciones, al menos en los términos planteados hasta ahora.
“Esto (el eventual regreso del aguacate Hass) es algo positivo porque la relación entre calidad y precio de ese aguacate es muy buena y el paladar costarricense ya se había acostumbrado. Además, para los restaurantes es un aguacate que aguanta mucho y esto también es muy positivo”, apuntó.
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Según Manuel Tovar, el camino más sencillo para responder al fallo de la OMC sería derogar por completo las restricciones vigentes. Si se desean mantener algunas limitaciones o protecciones, lo más conveniente sería entablar negociaciones directas con México para evitar nuevos conflictos posteriores.
“Si Costa Rica no deroga las medidas y México no queda satisfecho, eventualmente, podría recurrir de nuevo a la OMC”, explicó el abogado, politólogo y especialista en comercio internacional. “México podría pedir un grupo especial para solicitar la suspensión de beneficios equivalentes en algún sector que le duela a Costa Rica, entre la canasta de productos que exportamos, por un monto equivalente a la afectación que ellos calculen sufrir”.
No obstante, las formas finales que se apliquen para realizar ajustes dependerán del Gobierno, tanto de la actual como de la nueva administración. El Poder Ejecutivo aún no ha remitido una decisión definitiva sobre los términos en que espera acoger el fallo del panel internacional.
Para el exviceministro de Comercio, Fernando Ocampo, optar por ajustes en lugar de una derogatoria completa de las restricciones podría representar un trámite “más largo y que puede abrir otros flancos de disputa”.
Evitar la apelación, sin embargo, es un buen primer paso, según observaron Jiménez y Tovar.
Este último recordó que los registros históricos de la OMC indican que alrededor de un 93% de las resoluciones de los paneles arbitrales se confirman en la apelación.
Conflicto costoso
La exministra Dyalá Jiménez señaló que la OMC no podría girar una condena por daños y perjuicios en contra del país, pero recordó que importadores nacionales han desarrollado procesos de reclamación ante los juzgados nacionales. La reciente resolución del panel internación, señaló, podría darle un mayor aire a las pretensiones de ese sector.
“Lo que se busca son perjuicios millonarios por recursos que se han dejado de percibir y esto puede ser un elemento que apoye a su causa, definitivamente”, anotó.
En febrero de 2020, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda condenó al Estado, en primera instancia, a pagar indemnizaciones por perjuicios a grupos importadores de aguacate Hass. El monto quedó por definir, una vez que la sentencia quedase en firme, según publicaciones de EF y La Nación.
La Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos dijo entonces estimar daños por hasta unos $60 millones, aproximadamente; los cuales seguían creciendo con el paso del tiempo.
El portavoz de la Cámara de Importadores y Exportadores de Productos Perecederos, Manrique Loáiciga, añadió ante la consulta de EF que el fallo de la OMC también podría suscitar reclamaciones por parte de productores mexicanos.
“Costa Rica violó los derechos de México, y esto abre la puerta para que los productores mexicanos puedan venir a pedir la indemnización por siete años de perder ventas de más de $25 millones anuales”, subrayó.
La Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México (Cicomex) afirmó a través de un comunicado de prensa que la resolución OMC, si bien no condena al país a pagar de multas ni daños y perjuicios, manchó el expediente del país ante el organismo internacional y demostró un actuar negligente de las autoridades de gobierno de 2015 a la fecha.
Según redactaron, las restricciones aplicadas propiciaron el contrabando de aguacate, pusieron en riesgo la sostenibilidad de empresas importadoras y generaron incrementos en los precios locales de hasta un 100%.
Proceso de años
Esta es la primera vez que Costa Rica fue demandada ante la OMC y también la primera en el que Estado se ve inmerso en una resolución de este tipo, recordó Manuel Tovar. Desde su punto de vista, el daño de esta situación se reflejará principalmente en la imagen del país, el aumento del precio al consumidor en los últimos años y los eventuales pagos por procesos contenciosos en los tribunales locales.
Jiménez añadió que el caso del aguacate debería derivar en una lección para el país, que enfrenta problemas similares por medidas proteccionistas en otros sectores de la economía.
“La producción nacional es una preocupación, claro, y nosotros debemos resolver esos dilemas”, dijo. “La conversación tiene que ser transparente y valiente porque este sector, entre otros que han gozado de ciertas políticas públicas favorables, han sido favorecidas en detrimento de los consumidores y eso perjudica a las mayorías (...) esto es una gran lección, porque yo creo que el ciudadano costarricense no se indigna cuando se apoya a sectores, si se hace de manera transparente, agresiva y optimista; pero no con este tipo de medidas”, apuntó.
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Costa Rica tomó la decisión desde mayo de 2015 de dejar de emitir certificaciones de permiso de importación para nueve mercados, incluido México, alegando motivos de protección fitosanitaria. Según indicó el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se trataba de naciones con presencia de la plaga de la mancha del sol, la cual, se dijo, podía afectar a la producción costarricense.
Luego, en 2018, el país elevó la restricción a todos los mercados; al solicitar que cualquier embarque de aguacate debiese certificar procedencia libre de Sunblotch (ASBVd).
México cuestionó la medida costarricense y la elevó a la OMC en 2017, y solo un año después arrancó el proceso de estudio por parte del grupo especial que hoy remitió sus conclusiones definitivas.