EscucharLas elecciones municipales de 2024 se perfilan como el inicio de una era de transición y evolución en el voto al que los costarricenses están convocados cada dos años para elegir autoridades nacionales y locales.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ejecutará un plan piloto de voto electrónico a través de lo que bautizaron como “papeleta única electrónica” (PUE), que podría convertirse en la nueva forma de ejercer el sufragio en Costa Rica, ante la falta –cada vez más recurrente– de miembros de mesa.
Esta decisión, sin embargo, ha desatado oposición en algunos sectores. Mientras tanto, el TSE apela a su poder constitucional para definir la forma de votar e intenta dar confianza en el sistema, que ha sido probado en otros países.
Menor involucramiento
El punto de partida del TSE para promover el voto electrónico es solventar una situación que se presenta desde los años 90 pero que se agudizó en la última década: cada vez menos ciudadanos participan como miembros de mesa, esas personas que están en cada junta receptora de votos recibiendo a los votantes y que tienen a cargo el conteo de los sufragios al cierre de la jornada.
Menos miembros significan menos manos para contar votos y un proceso más lento.
Es por eso que, tras una reforma legal en 1996, el TSE está autorizado a sustituir las tradicionales papeletas por dispositivos electrónicos, siempre y cuando cumplan dos características: seguridad y confiabilidad.
En el pasado el TSE ha recurrido a otras estrategias. En 2002 creó la figura de auxiliares electorales, que son agentes designados por la institución que se encargan de velar por que la junta receptora realice de manera correcta sus funciones.
No obstante, en las elecciones presidenciales de 2022 la alerta subió de nivel. Por primera vez casi el 40% de juntas careció de representación partidaria y estuvo a cargo de auxiliares exclusivamente.
Según datos del Tribunal, en las elecciones municipales de 2020 los partidos propusieron a 25.414 personas como integrantes de mesas, cifra que bajó a 18.802 para las nacionales dos años después.
La de 2010 fue la última elección donde todas las juntas tuvieron al menos un representante partidario, contó a EF Héctor Fernández, director general del Registro Electoral.
Para la elección municipal de este año, de cerca de 6.500 juntas solo 900 están integradas por representantes partidarios, el 14%.
La ley establece que cada junta debe contar con tres miembros propietarios y tres suplentes, pero apenas llegan a cubrirse los primeros.
Al TSE le preocupa la agilidad del conteo y la entrega de resultados. La intención de introducir máquinas es para facilitar el trabajo de los miembros de mesa.
En 2022, por ejemplo, el primer corte de las 8:00 p.m. se dio con solo el 14% de las juntas escrutadas, recordó Fernández.
“En 2022, el primer corte con 14% empieza a aumentar la tensión por el segundo, el tercero, el cuarto… ¿Qué pasa si seguimos bajando y ni siquiera podemos saber cuáles partidos van a una segunda ronda? El riesgo de alterar la paz social y trasladar esa presión más de una semana durante el escrutinio es lo que no queremos”, aseguró el funcionario.
La propuesta del TSE
La alternativa que propone el TSE es una máquina que se asemeja a una pantalla táctil cuya función es imprimir el voto.
El voto válido sigue siendo esa papeleta que el elector deposita en la urna luego de que la máquina lo imprime. La papeleta que se usa lleva un chip incorporado que graba el voto y sirve para comprobar que este corresponde con lo que la persona seleccionó digitalmente. La máquina lee el chip solo si se acerca a 1,5 centímetros o menos.
La máquina no cuenta y no tiene memoria, tampoco muestra la hora, no trabaja en red y tiene puertos deshabilitados. Todo va a estar en un DVD donde está el sistema operativo y la oferta electoral. El TSE garantiza que no hay posibilidad de hackeo.
Fernández aseguró que el TSE consideró varias opciones, incluida la máquina brasileña que sí guarda el voto, pero se decantaron por el modelo que aplicarán en el plan piloto pues el voto válido sigue estando impreso y los miembros de mesa son quienes deciden si es válido o es nulo.
En la máquina brasileña, el ciudadano debe confiar en que lo que eligió es lo que se guardó efectivamente como su voto, pues no recibe ninguna prueba que lo respalde. Al final de la votación, los encargados de mesa imprimen un tipo de váucher con los resultados que la máquina computa.
“Hicimos un contrato inicial con Brasil para ayuda y cooperación. Lo que no nos gustó son los motivos que luego nos dieron la razón en Europa: en un escenario de elecciones ajustadas van a querer decir ‘hay alguien que quiere que yo pierda’. Ese escenario es el que no nos gusta y en estos tiempos de desinformación eso puede generar caos”, comentó Fernández.
Otro aspecto que defiende el TSE es que la máquina que está aplicando en Costa Rica no es un prototipo, sino que ya ha sido probado en elecciones en otros países y el dispositivo ha tenido mejoras.
El diseño de la máquina corresponde a MSA, una empresa argentina que, según su sitio web, desarrolla desde 1995 tecnología de software y hardware no convencional para procesos de misión crítica.
Comitia es la empresa que ha comercializado el producto a nivel regional. En el caso de Costa Rica, el contrato es entre el TSE y el consorcio Comitia-PBS, esta última compañía ya ha dado antes servicios de impresión digital al TSE.
El contrato consiste en el servicio de impresión y uso de las máquinas durante la elección, y no en una adquisición del equipo.
Además, el Tribunal ha recibido asesoría del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), un programa especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
A futuro, el TSE visualiza este método de voto como la nueva norma en Costa Rica, pero todo dependerá de los resultados del plan piloto en las elecciones municipales.
De tener éxito, la entidad hará los estudios de mercado para calcular los costos de expandir la aplicación en tres escenarios: a 1.000, 2.000 y 3.000 mesas. Este último número representaría tener voto electrónico en casi la mitad de las juntas.
Del plan piloto y de esa matemática de costos saldrá la propuesta para las elecciones presidenciales del 2026, pero la idea del TSE es aumentar gradualmente este método de sufragio.
Fuerzas opuestas
El proyecto de la PUE no ha caído bien en todos los sectores. Una de las voces críticas es la del diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR). Segura presentó un recurso de reconsideración con el fin de que el TSE anulara su propia decisión de aprobar el Manual General de la Implementación de la PUE.
“Reitero mi oposición, dado que no se hicieron consultas al elector ni a los partidos políticos y, además, no se garantiza el derecho al voto secreto”, expresó el legislador mediante sus redes sociales.
El TSE, sin embargo, rechazó el recurso y determinó que es improcedente.
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Los reclamos también han llegado a la Sala IV. Esa instancia ha recibido un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra esta tecnología. El primero ya fue rechazado y el segundo está en estudio.
Uno de los argumentos de los recurrentes es que la implementación del voto electrónico violenta la legalidad de las votaciones.
El abogado constitucionalista Esteban Alfaro afirmó que llevar este caso a la Sala IV expone una limitación competencial y la descartó como una vía correcta para intentar detener este proceso. Agregó que, en el pasado, la Sala ha visto algunos temas electorales, situación que ahora es menos recurrente.
Fernández admitió que preveían resistencia y reclamó que en redes sociales hay falta de información. No obstante, el TSE ampara su actual en el poder que le da la Constitución.
El abogado, por su parte, confirmó este poder que tiene el Tribunal en el campo electoral.
“En Costa Rica, por disposición del artículo 9 de la Constitución Política el TSE tiene competencia exclusiva y excluyente en materia electoral. En términos prácticos, es como si fuese un poder de la República más y en materia electoral tiene la última palabra”, comentó.
Sin embargo, el constitucionalista apuntó que un punto de mejora es la difusión previa de este mecanismo en las elecciones, pues aseguró que la normativa que lo rige proviene del 2022.
“Establecer que ahora se vota con pantalla le toca al TSE”
— Héctor Fernández, director general del Registro Electoral.
Otro de los argumentos que se usan contra el voto electrónico es su costo. El plan piloto de la PUE implica una inversión de $1,9 millones, pero el TSE asegura que si se implementara en todo el país el costo no aumentaría en la misma proporción pues el servicio es el mismo, solo que con más máquinas.
El Tribunal aún carece de una estimación de cuánto sería ese precio por tener la PUE en las más de 6.000 mesas, para lo que necesita un estudio. Como referencia está el costo que asume Paraguay, de $500 por mesa, pero se contrata para dos elecciones, por lo que la inversión se diluye.
La intención de la entidad sería también tener un solo contrato para dos elecciones: una municipal y una presidencial.
La logística total de una elección con papel ronda entre $10 y $11 millones. Para 2024, solo la impresión de papeletas costó más de $2 millones.
No obstante, el funcionario afirmó que con la venta de servicios del TSE de solo un año se sufraga el costo de implementar el voto electrónico.
En la práctica el TSE es la última instancia para intentar detener esta tecnología, pero un canal abierto para los opositores es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contó Alfaro. No obstante, es un proceso engorroso y lento, con requisitos complicados y con probabilidad baja de prosperar.
Otros casos
Paraguay es uno de los países que ha implementado el voto electrónico usando el mismo modelo de máquina que el TSE trajo a Costa Rica.
El dispositivo, conocido allá como Boleta Única Electrónica (BUE), se aplicó de forma general en las elecciones presidenciales del 2023, pero previamente fue utilizado en las elecciones internas de los partidos políticos del 2022 y en las municipales del 2021.
Al igual que en Costa Rica, el ente electoral paraguayo también dispuso de un simulador en su sitio web para que la población se familiarice con la votación electrónica.
La BUE también se ha usado en Argentina, en este caso no en elecciones nacionales, sino provinciales. Argentina funciona como una república federal en la que cada provincia tiene autonomía en diversos temas, el electoral es uno de ellos.
La provincia de Salta, en el norte del país y limítrofe con Bolivia y Chile, es la que tiene más experiencia. Ahí se usa el voto electrónico desde 2009, pero también otros territorios argentinos han experimentado su uso, entre ellos la capital, Buenos Aires, en las elecciones a jefe de gobierno de 2015 y posteriores.
Diversos medios hicieron eco del uso de esta máquina. Por ejemplo, la televisión pública argentina publicó varios reportajes en 2023 en el que explicaba el uso de este sistema para las elecciones primarias de agosto.
Pero quizá el caso más conocido en América Latina es el de Brasil. En el país sudamericano, el voto electrónico se empezó a implementar paulatinamete desde 1996 y cuatro años más tarde ya abarcó a todo el territorio.
La urna es como un microcomputador con apariencia de caja registradora. A cada candidato se le asigna un número que el elector debe digitar para elegir a sus favoritos. Los votos son guardados dentro de la máquina en un llamado flash card. Al cierre de la votación, los miembros de mesa imprimen una especie de voucher, llamado boletín de urna, con el resumen de los votos por candidato.
En estos países el voto electrónico no ha estado ajena a las críticas. El propio expresidente brasileño Jair Bolsonaro levantó dudas sobre el sistema cuando se preveía su derrota en las elecciones de octubre de 2022.
