Una resolución del Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José determinó que una institución estatal que retribuye a sus trabajadores con un sistema de salario global no debería de pagarles la mensualidad adicional conocida como “salario escolar”, la cual reciben los trabajadores del sector público en enero.
Según la resolución 002529-2022, el pago del salario escolar en esas condiciones constituiría un “doble pago indebido” en favor del funcionario y, “de reconocerse su cancelación de forma separada y adicional, se desfigura el sistema de escala salarial global”.
La resolución, con fecha del 18 de octubre de 2022, la redactó la jueza Berta Jiménez Alvarado, y fue dada a conocer este 25 de diciembre por el periódico La Nación. El texto, indicó el medio, respondió a una demanda que interpuso el exintendente de Pensiones, Mauricio Ávila. Él reclamó que no se le haya pagado dicha mensualidad adicional durante los 10 años que laboró en el Banco Central (BCCR); entidad en que se usa un esquema de salario único (sin el pago de pluses como el salario escolar).
Pero, ¿qué representa esa resolución a pocos meses de que empiece a regir la Ley Marco de Empleo Público y se impongan esquemas de salario global en la mayoría de entidades del Estado? Esto es lo que sabemos hasta el momento.
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¿Qué tan vinculante es la resolución?
Una resolución laboral de este tipo es vinculante únicamente para las personas involucradas en el caso, recordó el abogado constitucionalista de la firma Caoba Legal, Esteban Alfaro. A diferencia de una resolución de la Sala Constitucional, que aplica para todas las personas, lo que define un juez o una jueza laboral sobre un caso particular solo incide para sí mismo.
“Las únicas sentencias que son vinculantes para todos, que son erga omnes, son las de la Sala Constitucional. El resto de resoluciones de tribunales locales solo son vinculantes para las partes involucradas en el proceso. Además, siempre son resoluciones que se pueden recurrir y cuyos procesos son más amplios, de años incluso”, detalló.
En ese sentido, el abogado consideró que la resolución no puede entenderse como jurisprudencia concluyente para todos los casos del sector público; pero sí puede ser un insumo valioso y un antecedente para la interpretación futura de qué es el salario global y de cómo se relaciona con el pago de otras mensualidades o beneficios adicionales que, en términos generales, es lo que persigue eliminar el esquema de retribución única.
¿Por qué es crucial la relación salario global-salario escolar en este momento?
La Ley Marco de Empleo Público (10.159) empezará a regir en 2023 e impone la obligación a casi todas las instituciones estatales, con excepción de empresas en competencia y otras pocas más, de aplicar esquemas de salario global.
Las instituciones tendrán que decidir si el modelo de salario global que apliquen continuará o no pagando el salario escolar y, si lo hace, en qué términos.
Según el abogado Alfaro, la resolución sí deja en evidencia la naturaleza del salario global, que se plantea precisamente como un mecanismo para controlar el gasto público y eliminar incentivos monetarios. “Para un salario global se hacen los estudios y se paga un salario acorde, en el que va todo incluido”, puntualizó.
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¿Qué ha dicho el Gobierno?
Consultado por EF, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó en diciembre de 2022 que el Gobierno “evalúa seriamente la posibilidad de quitar el concepto de salario escolar”. Según comentó, se podría quitar la mensualidad de enero e incorporarla dentro del salario quincenal o mensual de las personas trabajadoras.
Esto, a su vez, podría tener implicaciones sobre el cobro del Impuesto sobre la Renta. Actualmente, todas las mensualidades salariales de trabajadores públicos y privados (con excepción del aguinaldo) están gravadas por el tributo; sin embargo, el salario escolar del sector público escapa de ello. Si se incluyen los recursos del salario escolar al salario regular de los empleados, y si no se hace salvaguarda alguna al respecto, entonces dicha exoneración quedaría obsoleta.
La continuación o la suspensión del pago del salario escolar, sin embargo, siempre dará pie a discusiones legales.
“La resolución del Juzgado de Trabajo es un elemento que empieza a confirmar la naturaleza y las características del salario global”, apuntó el abogado Alfaro. “Pero hay muchas salvedades que tendrán que despejarse... Si hay convención colectiva, si hay o no derechos adquiridos, etcétera; por eso no se puede decir que ‘ahora todo va a ser así', ni nada por el estilo, porque hay mucha tela que cortar todavía”.
Las escalas salariales, además, aplicarán solo para nuevos funcionarios de forma inmediata. Los actuales trabajadores públicos pasarán paulatinamente al nuevo sistema de salario global, conforme su salario alcance el nuevo monto general.
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¿Qué es el salario escolar y qué representa para el Estado?
El salario escolar es una mensualidad salarial adicional que paga el Estado a los trabajadores del sector público en enero. Se creó en 1994, cuando el gobierno del expresidente José María Figueres acordó hacer el pago extra a modo de aumento salarial.
Luego, el pago se constituyó como un componente salarial más para siempre.
Desde entonces, son habituales las discusiones sobre la naturaleza real del salario extra. Una vertiente asegura que debe entenderse como un beneficio extrasalarial y otra, como parte del salario mismo del trabajador.
La Sala Constitucional y el Ministerio de Trabajo, históricamente, han dicho que se trata de parte del pago usual de la remuneración del empleado público, aunque se pague de forma diferida. Sin embargo, un fallo de la Sala II en 2018 lo definió como un “beneficio salarial” adicional al salario regular.
El salario escolar además se encuentra exonerado del Impuesto sobre la Renta desde 2008. La no sujeción al impuesto se aprobó en la Asamblea Legislativa de aquel entonces, a partir de un proyecto de ley del entonces diputado socialcristiano, José Luis Vásquez, que contó con el respaldo del gobierno del expresidente Óscar Arias.
A diferencia del aguinaldo, que se concede a trabajadores y pensionados, el salario escolar solo se paga a los primeros. Para este rubro, Hacienda presupuesta una erogación de ¢149.500 millones en este 2023.