Hacienda asegura que existen “dudas” sobre el cálculo que suscita el incremento, pero que los recursos se presupuestan para poder hacer el pago si se determina obligatorio.
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El texto avalado por el Congreso aclara que no se pagará la anualidad a los funcionarios públicos para el 2021 y 2022. En esos años se realizará la evaluación de desempeño de los trabajadores estatales, pero no creará “ningún efecto pecuniario”.
La eliminación del pago de este plus salarial generará ahorros por ¢44.000 millones a las entidades del Gobierno Central y por ¢23.000 millones a las instituciones autónomas.