La idea de nombrar jueces ad hoc para resolver la consulta facultativa sobre la reforma de las finanzas públicas es peligrosa e inconstitucional (Artículo 35 constitucional), y abre la puerta para que ocurran acontecimientos penosos que se han dado en América Latina, cuando los poderes judiciales han estorbado los proyectos de otros sectores de la clase política.
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Existe un Acuerdo Nacional firmado por cinco de las siete fracciones de la anterior Asamblea Legislativa, y un acuerdo político firmado por PAC y la parte del PUSC que representa don Rodolfo Piza, actual Ministro de la Presidencia. Ambos deben facilitar una gestión inicial ágil a nivel ejecutivo y legislativo, con muchos proyectos que se pueden tramitar rápidamente.
El Acuerdo Nacional firmado por los partidos políticos en junio pasado propone “Eliminar la inmunidad de miembros de los Supremos Poderes en el caso de delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”.