En una sociedad democrática la protesta es legítima y la inconformidad aceptada, lo que debe rechazarse es la imposición por la fuerza en abierto desafío a la institucionalidad. La Sala Constitucional ha señalado la legitimidad del derecho a manifestarse, siempre y cuando no se perjudiquen los derechos de los demás al libre tránsito; sólo los autoritarios que buscan la unanimidad, disfrazados de adalides de la gobernabilidad podrían oponerse a esto.