Uno de los proyectos que ha tocado reiteradamente las puertas de la Asamblea Legislativa es la reforma al artículo 50 de la Constitución Política para declarar el agua potable como un derecho humano. Sin embargo, ha fracasado en varias ocasiones.
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Parte del retraso se generó por la prioridad que el país le dio al abastecimiento de la cobertura intradomiciliar y de agua potable, lo que produjo que las iniciativas de alcantarillados fueran actores secundarios. Además los créditos para realizar estas inversiones son considerablemente más onerosos, lo que entraba más el avance.
En abril, 432.699 personas del Gran Área Metropolitana (GAM), fueron víctimas de constantes interrupciones en el servicio, según datos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).La dramática situación contrasta con las inversiones que ha realizado el país, solo en el 2018 se invirtieron ¢26.079 millones en proyectos de agua potable. Lo que representa un dinamismo del 13% si se compara con los ¢23.163 millones que se destinaron en el 2017, según datos de Planificación Estratégica de la institución.