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La respuesta al virus ha cambiado las formas de la vida cotidiana. El estado de cosas refuerza intereses, consolida poderes, altera el juego de decisiones importantes, por ejemplo reformas legales, y abre la vista a posibles cambios en las reglas de convivencia.


Se puede afirmar que las medidas diseñadas por el Gobierno en respuesta al COVID-19 no suponen un mayor riesgo al derecho fundamental a la intimidad.