El fallo pone fin a un proceso que el Poder Ejecutivo defendió durante meses como un ejercicio de transparencia y justicia económica, pero que organizaciones, medios, gremios y la propia Iglesia Católica rechazaron por considerarlo una amenaza al pluralismo informativo.
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) declaró la inconstitucionalidad de los procedimientos de licitación para frecuencias de radio y televisión abierta que se encontraban en curso.
Las actas del Consejo Directivo de Sutel dejan evidencia de cómo asumió la orden del Poder Ejecutivo de realizar el concurso, las críticas externas y la disidencia interna sobre los procedimientos y el lenguaje usado. También abundaron las páginas declaradas como confidenciales.