Calificativos como “abuso de poder”, “hostigamiento”, “amenazas” o “sensacionalismo” han sido parte de las respuestas del gobierno ante los allanamientos de la última semana, por dos causas diferentes.
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El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en una adjudicación de la CCSS y ya detuvo a 8 altos funcionarios de la entidad.
En el Poder Judicial se apilan causas para determinar responsabilidades (Coopeservidores, Sugef y Conassif están en la mira). Además, personas y organizaciones afectadas dan seguimiento a los expedientes e inician sus propios procesos.