El fallo pone fin a un proceso que el Poder Ejecutivo defendió durante meses como un ejercicio de transparencia y justicia económica, pero que organizaciones, medios, gremios y la propia Iglesia Católica rechazaron por considerarlo una amenaza al pluralismo informativo.
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Diputados optaron por un proyecto alternativo que plantea otro modelo de actualización de las tarifas que se cobran por las concesiones de radio y televisión