Argentina y sus acreedores se encuentran enfrascados en una dura pulseada sobre los términos de la reestructuración de unos $66.000 millones de dólares, a menos de 48 horas para que venza el plazo de canje de los bonos emitidos bajo legislación extranjera.
Tras más de cuatro meses de negociaciones y con una nueva propuesta mejorada por parte del gobierno del presidente de centro-izquierda, Alberto Fernández, ninguna de las dos partes da su brazo a torcer.
Los tres grupos de acreedores que participan en las negociaciones se unieron hace una semana para rechazar la oferta formal de Argentina y advirtieron que pueden bloquear el canje, pues aseguran que representan a más de la mitad de los titulares de bonos de la deuda.
El gobierno argentino, en tanto, ha reiterado que su propuesta es "el último esfuerzo" que puede hacer el país.
Argentina ofrece pagar unos $53,5 dólares por cada 100 de deuda, los acreedores exigen unos $56,5 por cada 100.
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"Tenemos una posición muy dura de algunos fondos, incomprensiblemente dura, tercamente dura. Ellos ya saben que la nuestra fue la última oferta, que no podemos hacer más esfuerzos. Espero que comprendan que ni siquiera les estamos pidiendo que pierdan, les estamos pidiendo que ganen un poco menos", dijo Fernández durante el fin de semana.
Situación de fragilidad
Aunque es posible que se extienda el plazo fijado en un intento por lograr un acuerdo, el gobierno de Fernández no ha dado señales claras de que lo hará.
El gobierno "está evaluando todas las opciones", declaró el ministro de Economía, Martín Guzmán, al ser preguntado sobre la posibilidad de una nueva prórroga de las negociaciones, en una entrevista publicada el domingo en el diario Página 12.
"Hay que entender qué quieren decir esos tres dólares" de diferencia entre la propuesta de Argentina y la exigencia de sus acreedores. "Estamos hablando de miles de millones de dólares en una situación de fragilidad y restricciones muy fuertes", refirió Guzmán.
Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y su economía sufrirá aún más este año debido a la pandemia de covid-19, con una contracción de 9,9% del Producto Interno Bruto, según la más reciente previsión del Fondo Monetario Internacional.
"Si no llegamos al mínimo de 50% de participación, la oferta va a ser retirada y después de un análisis de sostenibilidad de deuda, quizá bastante más adelante y con menor capacidad de pago aún, haya una oferta seguramente peor", advirtió en una entrevista a la AFP hace unas semanas Sergio Chodos, representante de Argentina ante el FMI.
Default y FMI
Argentina se encuentra en default desde mayo, cuando incumplió el pago de unos $500 millones en intereses de tres de los bonos sujetos al canje.
La semana pasada dejó de pagar $600 millones más en intereses de otros dos de los bonos sometidos a la reestructuración.
Pero además tiene por delante la negociación de un nuevo programa con el FMI, tras la suspensión del suscrito en 2018 por $57.000 millones, de los cuales recibió $44.000 millones.
Y también debe resolver el tema de la deuda emitida bajo legislación nacional, de unos $41.700 millones, con pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, pero para la que el gobierno de Fernández ofreció condiciones equitativas a las que acuerde con los bonistas internacionales.