Pedir prestado un teléfono celular porque se había quedado sin batería, no tenía saldo o necesitaba comunicarse con un familiar era el pretexto que utilizaba un hombre de apellidos Retana Brenes para acercarse a sus víctimas. Una vez con el dispositivo en sus manos, accedía a los servicios bancarios por mensajes de texto y sustraía dinero de sus cuentas.
Por estos hechos, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José lo condenó a 24 años de prisión por 28 delitos de estafa informática. Según informó el Poder Judicial este 16 de noviembre, se trata de la pena más alta impuesta hasta ahora en Costa Rica por ese delito, dijeron las autoridades.
Las estafas ocurrieron entre enero y agosto del 2024 y dejaron un perjuicio económico de ₡4.606.600 para 28 víctimas. El juicio se desarrolló entre el 7 de setiembre y el 10 de noviembre del 2026.

Del teléfono prestado a las transferencias
De acuerdo con lo demostrado por la Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia, Retana Brenes abordaba a las personas en la vía pública, sus negocios, lugares de trabajo y otros sitios. Allí les solicitaba el celular con la aparente intención de resolver una necesidad de comunicación.
Sin embargo, cuando tenía el aparato, ingresaba a la aplicación de mensajes de texto y enviaba comandos SMS a los servicios bancarios del Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y BAC San José.
Mediante ese mecanismo realizaba transferencias por SINPE Móvil y gestionaba retiros de dinero en cajeros automáticos sin necesidad de utilizar una tarjeta. En muchos casos, las operaciones se concretaban pocos minutos después de que se acercara a las víctimas.
El dinero se enviaba a cuentas de terceras personas que, según se acreditó en el proceso, habían facilitado sus números de monedero con conocimiento del uso que se les daría. En otros casos, Retana Brenes retiraba directamente los fondos en cajeros automáticos.
Víctimas quedaron con menos de ₡10.000
El 56% de las personas afectadas tenía 65 años o más y las restantes estaban próximas a alcanzar esa edad, según el comunicado judicial.
Para varias de ellas, lo sustraído representó entre el 15% y el 60% de sus ingresos mensuales. Algunas quedaron con menos de ₡10.000 en sus cuentas bancarias después de las estafas.
Entre las víctimas también figura una asociación sin fines de lucro que atiende a 95 niños en condición de pobreza extrema. Según la Fiscalía, el dinero que le sustrajeron equivalía aproximadamente a dos días de alimentación para esa población.
¿Por qué la condena quedó en 24 años?
Las penas correspondientes a los hechos acreditados sumaron 173 años de prisión. No obstante, la sanción se fijó en 24 años por la aplicación de las reglas de penalidad del concurso material de delitos, explicó el Poder Judicial.
De acuerdo con la explicación incluida en el comunicado, esas reglas limitan la pena total al triple de la sanción máxima impuesta por un delito. En este caso, la pena más alta fijada para dos de los 28 hechos fue de ocho años de cárcel.
La acusación contra Retana Brenes y otras 11 personas que facilitaron las cuentas receptoras del dinero fue presentada el 30 de setiembre del 2025.
Antes del juicio contra Retana Brenes, esas 11 personas se acogieron a una medida alterna denominada reparación integral del daño, mediante la cual devolvieron el dinero sustraído a 14 víctimas.
