EscucharLa Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió un criterio positivo al proyecto de ley 25.363, el cual autoriza al Ministerio de Hacienda a colocar hasta $13.500 millones en títulos valores en el mercado internacional entre los años 2026 y 2034.
El aval quedó establecido en el acta 6328-2026 del 17 de junio del 2026 y serán enviadas las recomendaciones a los diputados que discuten esta iniciativa en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
Pese al apoyo, los directivos hicieron una serie de recomendaciones en el texto para proteger las finanzas del Estado frente a altos cobros de intereses.
La decisión se tomó con cuatro votos a favor y uno en contra.
Róger Madrigal, presidente del Banco Central y los directores Marta Soto, Jorge Guardia y Juan Andrés Robalino votaron a favor. Por su parte, la directora Silvia Charpentier estuvo en contra.
Gestión de pasivos y contexto fiscal
La mayoría de los directivos coincidió en que acceder a los mercados externos le brindará al Gobierno una mayor flexibilidad para gestionar la deuda, aliviaría la presión sobre las tasas de interés locales y permitiría hacer frente a los próximos vencimientos.
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El plan estructurado por Hacienda pretende realizar las colocaciones en nueve tractos anuales de $1.500 millones cada uno.
El objetivo principal no es aumentar el nivel de endeudamiento del país, sino sustituir deuda interna por externa y mejorar el perfil de los compromisos estatales.
De acuerdo con Róger Madrigal, una iniciativa como esta permite un mejor acceso a los mercados financieros internacionales, amplía la base de ahorrantes, diversifica las fuentes de financiamiento del Gobierno Central y puede considerarse un complemento al financiamiento local.
La discusión de esta autorización se da en momentos en que el Ministerio de Hacienda indicó, en su último informe del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, que la deuda del Gobierno Central pasaría de un 62,2% del producto interno bruto (PIB) en el 2026 a un 67,2% en el 2031.
Este aumento está determinado por el deterioro previsto en los superávits primarios frente a una carga de intereses que se mantendría en torno al 4,8% del PIB.
Ante este panorama, la directora Silvia Charpentier solicitó información detallada para comprobar que realmente se cambiará deuda cara por barata, y cuestionó que se asuman beneficios automáticamente sin precisar mejor los supuestos.
No obstante, las autoridades del Banco Central concordaron en que el proyecto no plantea un incremento en el saldo de endeudamiento insistiendo en que el proyecto ampliará las opciones de financiamiento y podría fortalecer la gestión de la deuda pública, al mejorar la capacidad de administración de los pasivos.
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Otro aspecto que señaló la Junta Directiva es la fecha de inicio. Si bien el proyecto de ley faculta la colocación de títulos a partir del 2026, las estimaciones incluidas por Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo contemplaron la primera colocación para el 2027.
“De no modificarse el período de colocación propuesto, la no ejecución del tracto supuesto para el 2026 acortaría el alcance propuesto, en tiempo y monto máximo”, advirtió el órgano colegiado.
Advertencias sobre el costo financiero
A pesar del aval general, el principal señalamiento técnico del Banco Central se concentró en el artículo 4 de la iniciativa.
El texto actual propone un límite de rendimiento de 750 puntos base (un margen de interés adicional) por encima de lo que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Para el presidente del BCCR y el resto de la Junta, este tope resulta demasiado holgado frente al comportamiento reciente del riesgo país de Costa Rica.
Los directivos advirtieron que mantener un margen tan amplio podría no proteger de manera adecuada el costo financiero del Estado.
Como solución, el ente emisor recomendó modificar el artículo para que este límite no sea fijo, sino que se determine mediante una metodología objetiva y clara, basada en el comportamiento reciente del riesgo soberano, y que sus resultados se publiquen antes de cada colocación de deuda.
Exigencia de más transparencia
Otro de los puntos de debate fue la exención que el proyecto le otorga al Ministerio de Hacienda para no aplicar la Ley de Contratación Pública a la hora de contratar agentes financieros, asesores legales y otros servicios internacionales.
El Banco Central determinó que este mecanismo excepcional es válido para darle agilidad a los procesos, siempre y cuando se garantice una rigurosa supervisión posterior por parte de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Asamblea Legislativa.
Además, los directivos insistieron en la necesidad de fijar estándares claros y verificables para la publicación de la información en cada emisión.
Al respecto, Charpentier señaló que la redacción del proyecto concentra demasiada información y poder de decisión en el Ministerio de Hacienda, dejando la supervisión para una etapa demasiado tardía en el proceso.
La directiva concluyó que no se puede afirmar sin más que el proyecto mejorará el perfil de deuda si no se precisan las proyecciones y el diferencial de tasas.
