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Las calificadoras de riesgo ven como una señal positiva que se lograran acuerdos −en el diálogo nacional− entre diferentes sectores del país que tradicionalmente mantienen posiciones antagónicas. Sin embargo, las medidas que salieron de esa dinámica son insuficientes para reducir el déficit fiscal y evitar una crisis con impacto macroeconómico en el futuro.
Ante esa situación, el Gobierno deberá retomar su plan para negociar un Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por hasta $1.750 millones, que además, le daría un golpe de confianza y credibilidad para acceder a más empréstitos con multilaterales y fondeo con bonos de deuda externa (eurobonos).
EF entrevistó a los analistas encargados de seguirle el pulso a Costa Rica en las agencias Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, para conocer sus perspectivas luego de que concluyera el diálogo multisectorial, el pasado sábado 21 de noviembre.
Las calificadoras siguieron muy de cerca esta iniciativa nacional convocada por el Gobierno y la Asamblea Legislativa, porque consideraban que los acuerdos podían generar medidas de mayor impacto para recortar el gasto público y aumentar los ingresos. Estas expectativas finalmente no se cumplieron en la magnitud y en la forma en que lo esperaban las agencias.
Diálogo insuficiente
Gabriel Torres, analista principal de deuda soberana de Moody’s, afirmó que es positivo que se llegara a algunos acuerdos, pero ahora la gran pregunta es: ¿Cuánto de esto se va a implementar a tiempo para que efectivamente resulte en la rebaja del déficit?
Torres estima que Costa Rica requiere un ajuste fiscal de al menos 4% del Producto Interno Bruto (PIB), o bien, llevar el déficit primario casi a cero.
La mesa de diálogo partió con una meta de recortar el déficit financiero en 2,5% de la producción nacional. Los 58 acuerdos logrados permitirán, en el papel, una reducción del 3,16% del PIB por única vez, y del 2,16% del PIB para los siguientes años.
Eso sí, la ejecución de estas cifras está supeditada al avance de proyectos de ley que deberán ingresar a la Asamblea Legislativa, o bien, a la implementación de medidas administrativas por parte del Ejecutivo.
“Cuanto más se tarde en bajar el déficit, más aumenta la deuda, con lo cual hay un argumento de que Costa Rica necesita no sólo estabilizar la deuda, sino empezar a bajarla, eso va a requerir que el déficit primario baje casi a cero o tal vez a un punto del PIB”, manifestó el analista de Moody’s.
Mientras que Lisa Schineller, analista de la calificación soberana de Costa Rica para Standard & Poor’s Global Ratings, aseguró que el diálogo nacional fue importante para generar propuestas y promover la participación de sectores de la sociedad.
“Sin embargo, dada la dinámica actual, lo más pertinente para la calificación es la acción fiscal oportuna y la ejecución para reducir los altos déficits y las necesidades de financiamiento”, advirtió.
Schineller recordó que Costa Rica tiene una perspectiva adversa para ejecutar una corrección fiscal el próximo año debido a la compleja situación política en el Congreso y a la cercanía del proceso electoral 2022.
Para Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de América Latina en Fitch Ratings, el Gobierno y el Congreso deben enfocarse en buscar un ajuste fiscal que permita reducir el déficit primario en al menos 5% del producto nacional para estabilizar la deuda pública en los próximos cinco años.
“Nuestros más recientes pronósticos estiman que los pagos por intereses alcanzarán el 5% del PIB para el 2020″, apuntó.
Morales destacó que la mesa de diálogo es un paso importante para lograr la consolidación fiscal, pero los convenios acordados son insuficientes para estabilizar la deuda pública.
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“El ambiente político, propicio a desacuerdos en medidas necesarias para hacer ajustes fiscales, pudiera resultar en un impasse e inacción por parte del Gobierno para resolver la situación”, recordó el economista.
Fitch Ratings señala que entre mayor sea el atraso para implementar medidas que reduzcan el déficit financiero del Gobierno de manera significativa, mayores serán las presiones por endeudamiento público a un costo más elevado.
Retomar el FMI
En S&P ven el diálogo nacional como una fuente de ideas para que el Gobierno construya una nueva propuesta que le permita negociar el Servicio Ampliado con el FMI.
“La Administración (Alvarado Quesada) ha subrayado su compromiso de negociar un programa con el FMI, pero lo más relevante para la calificación es un plan para corregir los desequilibrios fiscales y respaldar el crecimiento, que cuente con un amplio apoyo político, que pueda ser aprobado y luego ejecutado”, comentó Lisa Schineller.
La analista de Standard & Poor’s fue enfática sobre la urgencia de aprobar un plan de consolidación fiscal, con o sin el FMI; aunque recordó que un acuerdo con el Fondo “trae consigo acceso a financiamiento oficial”.
En tanto, Gabriel Torres de Moody’s, plantea que, dados los acuerdos del diálogo, es muy posible que Costa Rica necesite ir al FMI.
“La clave para medir eso va a ser el acceso a financiamiento que tenga el Gobierno, que el año que viene va a necesitar pedir prestado en dólares afuera, ya sea que el FMI provea, que los mercados provean, o una combinación de ambos”, puntualizó.
Torres dijo que Costa Rica no puede financiarse 100% en colones en el mercado doméstico, algo que sí logran hacer otros países, por lo que requerirá salir a buscar fuentes externas de recursos.
En ese sentido, un acuerdo con el FMI le ofrece credibilidad para acceder a más préstamos internacionales, e incluso emitir eurobonos.
“Supongamos que Costa Rica llega a un acuerdo con el FMI en el primer trimestre del 2021, esta entidad le va a exigir metas trimestrales para 2021, 2022 y 2023; de cómo piensa ir bajando el déficit fiscal, así que eso daría un poco de transparencia a los mercados sobre qué se puede lograr”, expuso Torres.
El analista añadió que los acuerdos con el Fondo implican medidas más fuertes como aumentar impuestos y bajar el gasto, temas que la mesa de diálogo dejó de lado.
“El margen de maniobra del Gobierno cada año que pasa se achica más porque la deuda aumenta y las necesidades de financiamiento crecen. ¿Va a ver una crisis? No lo sé, podría ser en unos meses, podría ser en dos años, pero claramente si no se reacciona el impacto va a ser más grande”, aseveró.
Fitch Ratings coincide en que el plan con el FMI aportaría al Gobierno $1.750 millones mediante un préstamo externo a tasas favorables que ayudarían a reducir el costo del financiamiento público.
“El acuerdo con el Fondo serviría como compromiso para cumplir con medidas que ayuden aún más a reducir el déficit, bajar la incertidumbre sobre la estabilidad de la política fiscal y disminuir riesgos de sostenibilidad de la deuda pública”, agregó Carlos Morales.
El analista también cree que al acceder al Servicio Ampliado, Costa Rica tendría una mayor posibilidad de diversificar sus fuentes de recursos para financiarse el próximo año, lo cual es clave para promover una recuperación económica ante la crisis ocasionada por la pandemia.
