El presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados, Fabián Volio, aseveró que no existe ningún fundamento legal para que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) solicite datos crediticios sin anonimizar, “sobre todo porque el Banco Central ejerce las competencias que la ley le asignó, y en ninguna de esas competencias existe la necesidad de obtener información privada, personal e individualizada”. Esto, según un dictamen que aprobó la Comisión que Volio preside.
Esa falta de necesidad hace que ya la petición sea ilegal, porque está pidiendo información y no puede ejercer ninguna de sus competencias con esa información.
— Fabián Volio, presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados
Además, el asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Mario Gómez, reiteró que el Central al basar parte de su solicitud de datos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en Ley del Sistema de Estadística Nacional (SEN) podría desencadenar que otras instituciones que están admitidas dentro de esta legislación hagan un requerimiento similar.
“Con esto muere el artículo 44 de la Constitución Política y se acaba el secreto bancario, o sea, esa interpretación es absolutamente errónea”, dijo Gómez. En tanto, para Volio “es casi infantil utilizar la ley que le atribuye una competencia a otro ente para ejercer mi competencia. Es inaudito”.
Estas declaraciones se dieron durante la comparecencia realizada por la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público la tarde de este 19 de octubre. Esta comisión legislativa se encarga de investigar los requerimientos de datos crediticios no anonimizados que el Banco Central le hizo a la Sugef en noviembre de 2022 y que derivó en la denuncia penal en contra de la superintendenta de la Sugef, Rocío Aguilar, y el gerente del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Bernardo Alfaro, por no acceder a las solicitudes de la autoridad monetaria.
Durante esta comparecencia hubo momentos en los que se discutió si la Ley del SEN es de caracter especial o no. Por ejemplo, a criterio de la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, sí lo es; en Volio considera que no. Ambos se fundamentaron en documentos asociados ala discusión de esta Ley cuando era un proyecto.
Solicitud del BCCR
En el documento Consideraciones sobre el acceso del BCCR a información para fines estadísticos y sus bases de datos, el Banco Central expone que la Ley del Sistema de Estadística Nacional —del cual el ente emisor forma parte— instaura en su artículo 16 la obligación de todas las personas físicas y jurídicas e instituciones públicas de brindar la información requerida por las instituciones del SEN para fines estadísticos.
El BCCR ha reiterado en que el fin de los datos sin anonimizar solicitados a la Sugef es únicamente estadístico, pues asegura que su propósito es generar investigaciones sobre el riesgo financiero de los créditos otorgados a personas ubicadas en zonas susceptibles a fenómenos asociados al cambio climático, el nivel de endeudamiento de los hogares costarricenses, así como mejorar la comprensión de los efectos de la política monetaria.
El Banco Central ha manifestado que el número de identificación es la variable que permite realizar la vinculación de diferentes bases de datos. Si se les comparten los datos anonimizados, como pretende la Superintendencia, no pueden realizar el cruce de la información y, según la autoridad monetaria, se generarían análisis de riesgos menos confiables.
Después de la comparecencia en la que estuvo presente la gerenta general del Banco Central, Hazel Valverde, el pasado 12 de octubre, el ente emisor emitió un comunicado de prensa en el que se revela que todos los bancos le envían al BCCR información individualizada sin anonimizar de los créditos de sus clientes desde enero de 2018, sin haber manifestado preocupación alguna.
“Lo que pidió el Banco Central fue simplemente un mayor nivel de detalle respecto a la información de las operaciones de crédito que ya recibía de parte de todos los bancos desde hace ya muchos años. Todos los bancos entregaron con número de identificación la información individualizada de los créditos desde enero del 2018, sin manifestar ninguna preocupación relacionada con lo que ahora alega una asociación gremial que es una violación de la confidencialidad de la información”, se expone en el comunicado.
El anuncio del Central, que originalmente iba a ser el mensaje de cierre de la comparecencia de Valverde pero por falta de tiempo no pudo darlo, hace referencia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Bancaria Costarricense a finales de agosto pasado, en contra de las solicitudes de datos de la autoridad monetaria.
Aunado a esto, el BCCR había informado a principios de setiembre pasado que los intermediarios financieros también le comparten información sin anonimizar desde el 2016 de los depósitos de sus clientes para que el ente emisor pueda elaborar indicadores como la Tasa Básica Pasiva (TBP).
En la comparecencia de este 19 de octubre, el asesor jurídico de la ABC dijo que “basados en el principio de confianza legítima y basados en que se suponía que la Superintendencia y el Banco Central estaban coordinando, (los bancos) venían entregando información desde el 2016 (...) ¿Qué sucede? La Superintendencia levanta la bandera y dice ‘aquí hay dudas’, entonces los bancos dicen ‘paremos, analicemos’. Pero adicionalmente la información que se pidió después era una información muchísimo más amplia, muchísimo más detallada que aquí se ha explicado que en el caso de los cuatro bancos sistémicos, por ejemplo, eran 396 datos con los cuales definitivamente se afectaba la intimidad de las personas”.
Gómez además indicó que si los bancos están entregando información sensible sin la autorización de los clientes estarían cometiendo una falta por la cual podrían ser sancionados.