La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que, de continuar como lo hace actualmente, la forma de ejecutar compras por parte del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) facilitaría la existencia de casos de corrupción.
Esta advertencia surge del Índice de Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios y consta en el reporte de fiscalización n.° DFOE-CAP-RF-00007-2025, del 23 de diciembre de 2025, donde se analiza “la capacidad de planificar, adquirir, administrar, dar seguimiento y evaluar los bienes y servicios requeridos para operar” correspondientes al 2024.
Como parte de la metodología, el Área de Fiscalización de la Contraloría califica cinco ejes, según su grado de madurez institucional, tecnologías de la información, financiero, recursos humanos, así como bienes y servicios.
Lo que resulte de la revisión lleva a una ubicación de la institución en nivel inicial, básico, intermedio, avanzado y optimizado (de menor a mayor).
El Banco Popular no alcanzó el “optimizado” en ninguna de las áreas. Incluso, el de bienes y servicios fue calificado en el rango básico, a donde destinó el 22,38% del presupuesto total ejecutado en 2024.
Se encontró que el banco no dispone de un plan estratégico o planes operativos ligados a esta gestión, además de varias limitaciones: elaboración de indicadores, designación de responsables, identificación de las partes interesadas y rendición de cuentas.
Compras sin evidencia y contrataciones sin análisis
Durante 2024, el Banco Popular no presentó un plan para las adquisiciones, por lo que 389 compras, que aseguró estaban incluidas en dicho programa, no contaron con respaldo de evidencia o detalle para poder vincularse con un objetivo o meta institucional.
Sobre las contrataciones, previo a ejecutarlas, no se aportó evidencia que permita determinar si se realizaron los estudios de mercado requeridos o si se hizo un análisis de costos para sustentar las decisiones de compra.
En el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), tampoco hubo evidencia sobre la vinculación de las compras tramitadas con la estrategia institucional ni respecto al registro de información solicitada en los campos del sistema.
Para esto último, la Contraloría verificó en la herramienta el nivel de información completa en las etapas de adjudicación, contrato y recepción. Se obtuvo que, de los procedimientos de contratación adjudicados y continuados, el 33,5% presentó información incompleta para 2023 y 2024.
Con el fin de contrarrestar estos riesgos, el órgano contralor le recomendó definir una dirección estratégica, garantizar la trazabilidad de los bienes adquiridos e implementar mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
“Al analizar los datos registrados en Sicop se evidenció que para dos procedimientos de contratación ejecutados bajo modalidad de cantidad definida o por servicios, la adjudicación superó la estimación inicial en más de un 100%, lo que representó un gasto adicional de ¢976 millones, procedimientos que se efectuaron sin el correspondiente estudio de costo-beneficio”, señala el reporte.
De persistir, advierte que estas situaciones podrían derivar en “decisiones poco planificadas, un uso limitado del potencial de los recursos y una mayor exposición a riesgos institucionales, incluidos los de corrupción”.
Además, no seguir los requerimientos referentes a la actualización y acatamiento de la normativa interna, junto con un registro en el Sicop con faltante de datos, limita la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Qué dice el Banco Popular?
Ante la consulta de este medio, la oficina de prensa del BPDC indicó que, pese a tratarse de la primera aplicación del Índice de Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios por parte de la Contraloría, utilizará estos resultados como insumo para formular e implementar un plan de acción.
Según explicó, estará orientado a fortalecer los procesos de planificación y gestión de las adquisiciones, con el objetivo de avanzar de manera gradual en los niveles de madurez definidos por el índice y prepararse para la próxima evaluación, prevista para 2029.
Además, reconoció la existencia de brechas en materia de planificación y gestión de las adquisiciones.
“Es importante aclarar que esta evaluación se enfoca exclusivamente en medir capacidades de gestión y niveles de madurez institucional y no se encuentra asociada de ninguna forma con la licitud, legalidad o transparencia de los procedimientos de contratación administrativa”, declaró.
