EscucharCuando una entidad financiera es declarada no viable tras un período de intervención, se activa un procedimiento conocido como “proceso de resolución”.
Este mecanismo, ordenado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), busca concluir de manera ordenada las operaciones de la institución para proteger la estabilidad del sistema y los ahorros del público.
El principal objetivo de la resolución es asegurar la continuidad de los servicios y operaciones cruciales para la economía, mantener la confianza del público y evitar un efecto dominó que pueda perjudicar la estabilidad financiera del país.
Además, se procura utilizar los recursos de manera eficiente, minimizando la necesidad de recurrir a fondos públicos extraordinarios.
¿Quién dirige el proceso y cuánto dura?
Una vez que Conassif ordena el inicio de la resolución, las funciones del interventor cesan. En su lugar, el mismo Conassif designa a un administrador o un equipo de administradores de resolución.
Estos nuevos responsables asumen la administración de la entidad y tienen la tarea de ejecutar el plan de resolución aprobado. Por ley, todo el proceso no puede extenderse por más de un año.
¿Qué mecanismos se pueden aplicar?
La ley contempla varias herramientas que pueden utilizarse de forma individual o combinada para resolver la situación de la entidad. Las opciones incluyen:
- Venta del negocio: traspasar la totalidad de la operación a un comprador.
- Transferencia de activos y pasivos: mover, total o parcialmente, las cuentas y bienes a otra entidad financiera solvente. También se puede crear una “entidad puente”, una sociedad anónima temporal, para gestionar estos activos y pasivos.
- Creación de un fideicomiso: trasladar activos y pasivos a un fideicomiso para su administración.
- Recapitalización interna: convertir pasivos en capital para sanear las finanzas de la entidad. No obstante, este mecanismo puede ser descartado si se considera que no existe una posibilidad creíble de ejecutarlo voluntariamente, debido a la magnitud del capital que se necesitaría aportar.
- Otras vías: el administrador de la resolución puede proponer alternativas que deben ser aprobadas por el Conassif.
Para cualquiera de estas opciones se puede contar con el apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), siempre aplicando un principio de menor costo.
Obligaciones y servicios durante el proceso
Mientras dure la resolución, las obligaciones de los clientes, como el pago de préstamos, se deben seguir realizando con normalidad. Es crucial no dejar de pagar los préstamos, ya que el historial crediticio sigue siendo reportado a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y se pueden iniciar procesos de cobro judicial a los deudores. Una vez que una nueva entidad asuma la cartera, esta comunicará las nuevas modalidades de pago, manteniendo las condiciones originales del crédito.
Por otro lado, la mayoría de los servicios y productos pasivos quedan congelados. Esto incluye los depósitos, certificados a plazo, uso de tarjetas de crédito y cualquier desembolso de préstamos que estuviera aprobado.
El final del camino
Al concluir el proceso de resolución, la operación de la entidad financiera original se da por terminada.
Los posibles escenarios finales son dos: la aplicación exitosa de los mecanismos de resolución con la liquidación de los activos residuales o el pago de la garantía de depósitos seguido de la solicitud de apertura de un proceso concursal o de quiebra. Para los colaboradores de la entidad, esto implica la finalización de sus contratos laborales con el pago de sus derechos correspondientes.
¿Qué pasó con Desyfin y qué pasará ahora?
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ante la recomendación de la Administración de la Resolución de la Financiera Desyfin, aprobó un mecanismo de resolución para la devolución del dinero de los ahorrantes de la entidad.
El regulador anunció que 2.989 personas con depósitos garantizados hasta por ₡6 millones (74% de los ahorrantes de la Financiera) recuperarán el 100% de sus recursos. Para el caso de los 1.031 depositantes con ahorros superiores a los ₡6 millones (26% restante), se les devolverá el 48,97% de sus depósitos sobre el exceso, conforme a la fecha de vencimiento.
Según lo informó el Conassif, la devolución directa del dinero es posible debido a la activa gestión de cobro de la cartera crediticia y a la inversión planificada en instrumentos financieros por parte de la Administración de la Resolución.
Lo anterior le permitió a la financiera disponer de inversiones para realizar una devolución a los ahorrantes de ₡63.839 millones, según la información al cierre de mayo de 2025.
El mecanismo también permite reservar otros recursos para el pago de derechos laborales y de créditos privilegiados.
Por otra parte, se descartó excluir activos y pasivos hacia otra entidad financiera (“banco bueno”), dado que la única oferta recibida presentó elementos técnicos y legales que no estaban alineados con los objetivos del proceso de resolución. Ese fue el mecanismo utilizado con Coopeservidores; el Banco Popular fue el que absorbió los activos.
Mediante un comunicado, el Conasssif aseguró que se están ultimando los detalles operativos para efectuar la devolución a los ahorrantes en el menor tiempo posible. El procedimiento y fecha se darán a conocer en las próximas semanas mediante una conferencia de prensa.
El mecanismo elegido evita el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) bajo el principio del menor costo, según lo establecido en los artículos 24 y 37 de la Ley 9816, debido a que el pago a los depositantes se realizará de manera directa, utilizando únicamente los recursos disponibles de la financiera.
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Tales recursos se han gestionado durante el proceso de resolución, con el fin de obtener el resultado más favorable para los ahorrantes.
Por otro lado, la Resolución avanza en la negociación para la venta directa de cartera crediticia y bienes, con el fin de realizar posibles devoluciones adicionales antes del inicio del proceso concursal, previsto para máximo el 9 de octubre del presente año.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero utilizando en parte un sistema de inteligencia artificial.
