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Costa Rica está atada a un alto déficit fiscal que acapara el presupuesto nacional y limita la posibilidad de inversión.
El país se entierra en una montaña de intereses que se adueñan de los ingresos y no le permiten hacer inversiones a mediano y largo plazo lo que retrasa el desarrollo de infraestructura país.
Además, pese a que se han tomado decisiones para la sostenibilidad macroeconómica, la constante necesidad de resolver problemas a corto plazo ha afectado el crecimiento de la productividad del país o la atención de problemas que requieren recursos para su solución.
La fuerza laboral lleva más de una década con tasas de desempleo de dos dígitos, como una consecuencia de limitadas oportunidades de educación para ciertos segmentos de la población y una oferta educativa que no se ajusta a la demanda de las empresas costarricenses.
Aunado a todo esto la falta de reforma del sistema educativo, el aparato estatal que se mantiene creciendo pero con pocos deseos de reestructura y un desorden financiero desde el Gobierno Central tienen a Costa Rica en modo supervivencia desde hace más de 15 años.
La única ocasión reciente en la que Costa Rica mejoró sus finanzas y logró un superávit fue en los años 2007 y 2008 cuando obtuvo una cifra de 0,6% y 0,2%, respectivamente, del Producto Interno Bruto (PIB).
Para el año siguiente, es decir 2009, el estado volvió a su crisis financiera que esta vez era de 3,4% del PIB.
Este comportamiento se mantuvo a lo largo de los años hasta llegar a una contracción de 8,3% del PIB, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Ahora, el actual Gobierno —y con seguridad el próximo que llegue al poder— debe trabajar en la mejora estructural de las finanzas públicas con el fin de evitar un colapso mayor en la economía.
Nuestro déficit
¿Qué pasó con el déficit fiscal? Costa Rica disparó la creación de instituciones públicas desde 1940 y conformó una maraña estatal que 80 años después es casi insostenible.
Decenas de leyes dieron origen a múltiples entidades; existen consejos minúsculos conformados por cuatro o cinco funcionarios que alcanzaron carácter de institución; y otras nacieron a raíz de financiamientos internacionales.
Costa Rica se ahoga en un mar de instituciones
Aparato estatal está compuesto por 321 entidades
FUENTE: MIDEPLAN. || INFOGRAFÍA/ LA NACIÓN.
De acuerdo con el economista y exvidepresidente (2010-2014), Luis Liberman, el país dio pasos firmes y seguros hacia el desarrollo económico durante los años 70 y 80, pero quedó rezagado en una serie de reformas que son las que actualmente cobran la factura, entre ellas el déficit fiscal.
Liberman aseguró que el país supo adaptarse e inclusive llevar la delantera en términos de crecimiento y desarrollo, pero hubo una gran falencia que ahora frena el crecimiento del país.
El primer punto que detalla el economista es el rezago en la consolidación y apertura de las rutas comerciales, explicó que el país podría estar exportando capitales importantes de bienes y servicios a través de la ruta del Pacífico pero pierde oportunidades de negocio por esa vía.
Como punto más importante está la falta de acción en términos de infraestructura e inversión.
“El país se quedó en la segunda parte del siglo XX y por años de años no se invirtió nada más que en bacheo de las carreteras. Con decirle que después de que se hizo la costanera sur fueron 27 años para que se hiciera la Ruta 27”, expresó.
El país se quedó atrás en infraestructura telefónica e Internet, pues mientras otros países se adaptan al 5G, en Costa Rica aún no es posible llevar Internet a las zonas remotas del país.
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Asimismo en cuanto a la tasa de inversión pública, en relación con el PIB, Costa Rica tiene una cifra que según Liberman se queda corta.
“La mayoría de los países cuya tasa de crecimiento ha sido mayor que la nuestra, tiene una tasa de inversión de 25% mínimo, pero la de Costa Rica ronda el 17%”, agregó Liberman.
La baja tasa de inversión repercute en la inversión y los fondos que se destinan a ella. De manera que el ahorro del Gobierno Central, lejos de utilizarse para desarrollo de infraestructura o inversiones en capital humano, este es utilizado para pagar salarios públicos e intereses de deuda.
“Para incentivar una mejor y mayor inversión es necesario resolver de manera urgente el problema fiscal del país. Hay un desperdicio de recursos importante y duplicidades en el sector público lo que le quita ahorro necesario para poder realizar las inversiones. No podemos seguir dependiendo, exclusivamente de la inversión extranjera directa (IED) para el desarrollo futuro. Necesitamos una inversión autóctona y eso significa aumentar la inversión en Costa Rica, pública y privada”, destacó el exvicepresidente de la administración Chinchilla Miranda.
Al respecto, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), comentó que la inversión del país depende de varios factores, pero en definitiva considera que hay aspectos como la monopolización de servicios públicos -como es el caso de la electricidad- que frena considerablemente la inversión, pues al no haber competencia el mercado puede fijar precios a su gusto.
Rodríguez coincide con que el obstáculo que tiene el país para generar inversión es la presión fiscal, la cual se convirtió en inmanejable y pese a que desde la Hacienda pública se están haciendo esfuerzos para mejorar los cifras, actualmente todos los ingresos y ahorros del país están destinados a ‘apagar el incendio fiscal’.
El problema laboral
El mercado laboral lleva más de una década con cifras en los índices de desempleo de dos dígitos, situación que se acrecentó con la pandemia de la COVID-19.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) evidencian que en la tasa de desempleo alcanzó su nivel histórico más alto por la crisis del coronavirus, el indicador se ubicó en 24% para el tercer trimestre del 2020.
Esta fue la cifra máxima para este año desde entonces se ha ido reduciendo paulatinamente hasta ubicarse en 17% el pasado trimestre de abril, mayo y junio.
Pese a que esto muestra una buena voluntad o tendencia de que los empleos pueden reintegrar a trabajadores, sigue siendo una cifra que impacta directamente la productividad del país.
Valeria Lentini, investigadora del Estado de la Nación, explicó que la productividad del país está ‘altamente relacionada’ con el capital humano y con la capacidad de las personas de desarrollar habilidades para poder aportar a nivel país, permitiendo que este crezca con los recursos.
“Para el caso costarricense, cuya economía recae tanto en servicios, es particularmente importante el tema del desarrollo del capital humano. Otras economías podrían estar dependiendo más de otro tipo de recursos o capital, pero en Costa Rica el recurso humano es clave”, agregó Lentini.
No obstante, aunque es evidente que Costa Rica debe prestarle más atención al desarrollo de la fuerza laboral que se adapte a la demanda de las empresas del país, el sistema educativo no está preparando profesionales que atiendan lo que el mercado requiere.
Actualmente Costa Rica tiene dos grupos laborales, según Lentini. El primero está altamente calificado y su proceso de inserción a la fuerza laboral es bastante fácil porque se preparó y cumple con los requisitos que solicitan las empresas. Pero también hay otro grupo que no logra ingresar al sistema educativo para ser parte del capital humano colocarse en los sectores más dinámicos de la economía costarricense.
Es a través de esta brecha que traspasa la economía donde se empieza a evidenciar un alto porcentaje de pobreza que perdura en el tiempo.
La investigadora destacó que el sistema educativo debe mejorar su estrategia para poder incluir a todas las personas en la educación y aumentar las tasas de costarricenses en la educación superior.
Lo anterior con el objetivo de aumentar la fuerza laboral y a su vez la productividad de un país que depende de los servicios.
Liberman, por su parte, coincide con el criterio de Lentini, pero también recalca que el sistema educativo tiene demasiados años sin atravesar una reforma lo que no le permite que la población se adapte a las necesidades del mercado laboral costarricense.
“Hay una reforma pendiente importante, primero en la primaria y en la secundaria, pero también en la parte universitaria”, agregó Liberman.
Rodríguez considera que el mercado laboral tiene unos problemas de fondo muy importantes, entre ellos la educación como recurso para mejorar la fuerza laboral.
Comentó que desde el siglo XX el país se quedó rezagado en términos de oferta de secundaria para la alta demanda. Además a pesar de considerar que el país atinó con los colegios profesionales las especialidades no se actualizan desde entonces lo que las dejó totalmente desfasadas con la realidad nacional y las necesidades del mercado laboral.
Informalidad
Los altos índices de informalidad laboral generan una complicación no solo para quienes se enfrentan a esta situación actualmente sino también para quienes están dentro de la fuerza laboral.
“Pasamos de ser uno de los países con menos informalidad, a aumentar la tasa en un 20% en cuestión de diez años” agregó el expresidente Rodríguez.
Esto hace que el costo de la seguridad social, los fondos de pensión y la lucha para bajar la pobreza reciaga sobre la masa de asalariados formales que cotizan mensualmente.
Edgar Robles, exsuperintendente de pensiones comentó en una entrevista para EF realizada en agosto, que el sistema de pensiones también requiere una reforma urgente pero no en términos de aumentar la edad de retiro, sino en aumentar las opciones para que quienes están en el sector informal aporten a el sistema social y a la vez aumenten el capital de los fondos de jubilación.
Evolución del modelo económico
El modelo económico adoptado por Costa Rica ha cambiado considerablemente a lo largo de los años y de acuerdo a Liberman ha logrado con mucho éxito hacer las diferentes transiciones.
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez, explicó que cuando llegó la independencia, el país y sus habitantes estaban buscando cómo mantener contacto con el resto del mundo porque tenía una economía fundamentalmente de subsistencia.
Desde entonces empezaron a aprovechar las tierras y las oportunidades de negocio que estas daban para desarrollar un modelo económico agrícola, el cual a lo largo de los años se fue ampliando con el ingreso de Costa Rica al mercado centroamericano.
Este modelo le abrió al país su primer ‘empujón’ de desarrollo porque posteriormente las exportaciones de estos productos permitieron que la productividad del país creciera y el talento de entonces se adaptaba a estas necesidades.
A finales de la década de los cuarentas hay una actividad de exportación cafetalera importante que se va desarrollando lo que le permite al país poscionarse con un modelo agroexportador.
Este modelo siguió funcionando hasta que el país hizo un cambio importante en la industrialización de servicios en la década de los 50 y los 60.
La regulación y el manejo de la economía se fue haciendo cada vez más grande hasta que se llegó al estado empresario. No obstante, la capacidad de producción del país y el empleo generado por las empresas privadas no daban a basto con la demanda.
El costo de inversión por puesto de trabajo era muy alto, como solución y para generar más empleos el gobierno empezó a crecer, eso trajo un 20% de trabajos, los cuales actualmente le pasan la factura al aparato estatal.
Los ingresos bajos, los gastos cada vez más altos financiados con crédito externo y crédito local llevó al país a una situación fiscal insostenible.
Fue entonces donde el país inició a adoptar un cambio hacia un modelo promotor de exportaciones y de inversión extranjera directa, el cual ha sido un modelo con mucho éxito, según la valoración del expresidente.
Posteriormente la exportación de servicios tomó protagonismo en la economía costarricense y junto con el turismo son actualmente la principal fuente de ingresos del país que debido a la pandemia de COVID-19 están contraídas, pero se recuperan lentamente.
Adopción de políticas macroeconómicas
Desde el 2005 el país inició un proceso de adopción de políticas macroeconómicas que le han permitido mejorar sus indicadores principales como la inflación, tasas de interés y tipo de cambio, pero aún hay un trabajo por hacer de parte del Gobierno Central para que se pueda redireccionar los recursos de inversión.
Costa Rica inició una transición al régimen de metas de inflación en el 2006 con una serie de cambios en los principales indicadores.
El primer paso fue adoptar un sistema de banda cambiaria como una estrategia transitoria fundamentada en tres premisas: flexibilidad, gradualidad y transparencia. La banda buscaba que la economía se adaptara progresivamente a una flexibilidad creciente que permita establecer un régimen de flotación cambiaria, el cual se hizo efectivo a partir del 2015.
Sin embargo, fue hasta el 2018 que el país oficializó la adopción del régimen de metas de inflación, el cual fue la culminación de un proceso de transición que inició en el 2005.
Liberman rescató que si el país no hubiera tomado este tipo de decisiones macroeconómicas es probable que el escenario sería distinto, pero de manera negativa.
Con un rango de metas de inflación las decisiones de inversión, principalmente a largo plazo, son más fáciles de hacer porque no dependen si hay mucha o poca inflación en la economía. Anteriormente la volatilidad del indicador evitaba que las decisiones se tomaran a base de proyecciones serias.
“Yo creo que ahí hemos ganado mucho, mejorando el tema fiscal, logrando que la gente a nivel local vuelva a invertir y que el Estado tome decisiones para arreglar y mejorar la infraestructura nacional, la situación país va a ser mejor”, agregó Liberman.
Actualmente el BCCR mantiene una política monetaria expansiva para contrarrestrar el efecto de la pandemia y mejorar la colocación de créditos, medida que fue adoptada por varios bancos centrales a nivel mundial y que incluso es posible llevar adelante debido a que la inflación está controlada.
El economista Eduardo Lizano destacó en un artículo de opinión para El Financiero el pasado 26 de agosto que la estabilidad macroeconómica —la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés— es una condición necesaria para lograr la reactivación de la economía. Pero para poder lograr este objetivo las autoridades deberán cuestionarse constantemente ¿cuáles medidas tomar para financiar el déficit fiscal y cuáles para mantener al día el pago de la deuda pública interna y externa?
