EscucharCosta Rica presenta debilidades en materia de protección al consumidor financiero, tal como lo advirtió en 2020 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al señalar que el país no cuenta con una regulación de conducta de mercado para el sector de intermediación financiera.
Para solventar este vacío, actualmente se discute el proyecto de Ley de Protección del Consumidor de Servicios o Productos Financieros, presentado en octubre de 2024 por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 24616.
El proyecto tiene como objetivo proteger los derechos del consumidor financiero, para contribuir a su bienestar y libertad económica, incluyendo las facultades de regulación y supervisión de conducta de los proveedores de tales productos o servicios.
La iniciativa asigna al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la responsabilidad de supervisar la conducta de los proveedores financieros, en coordinación con las superintendencias financieras.
Con el fin de analizar este proyecto, la Academia de Centroamérica organizó el panel “Protección al consumidor financiero: desafíos de su implementación”, el pasado 4 de julio.
El evento contó con una conferencia de Daniela Gil Sierra, especialista en regulación financiera y encargada de asuntos internacionales del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Chile. El Financiero conversó con ella.
- Desde su experiencia en el Servicio Nacional del Consumidor de Chile, ¿cómo debe enfocarse el modelo de protección del consumidor financiero para que sea efectivo?
- La protección del consumidor apunta a la generación de paz social, al hacerse cargo de las asimetrías propias del mercado, entonces lo más importante es que coloque al consumidor en el centro de las políticas y de las decisiones.
Particularmente, la protección al consumidor financiero requiere de una intervención altamente técnica y especializada, así como de un enfoque preventivo basado en buenas prácticas, para que sea eficaz.
Un órgano de protección al consumidor debe proyectar a largo plazo y orientar su trabajo a prevenir, más que a intervenir cuando surgen las contingencias.
- ¿Cuáles fortalezas identifica en el proyecto de ley que se propone en Costa Rica y cuáles cree que serían los desafíos para su implementación?
- Una fortaleza del proyecto es que se basa en los principios generales que entrega la OCDE, ese es un buen punto de partida. El problema es que son bastante generales, entonces el país debe definir cómo hacerlo.
Para ello se requiere una política de Estado que priorice el bienestar de los consumidores. Además, debe ser una propuesta orientada en el largo plazo y no solo en atender contingencias.
El que exista este proyecto es un gran paso porque significa que hemos visibilizado un problema y queremos hacernos cargo de él. La resolución de este problema requiere de una articulación público-privada, en la cual es fundamental la participación de todos los actores intervinientes para diseñar una propuesta robusta y resiliente.
El reto puede estar en los temas relacionados con la coordinación intersectorial. Si bien esa participación es muy valiosa y muy necesaria, requiere de roles y límites claros.
- ¿Cuáles serían las claves para lograr una articulación exitosa?
- Es necesaria una clara definición de las áreas de intervención de los diferentes actores y, además, una hoja de ruta que oriente el trabajo, con metas e indicadores que nos vayan diciendo cómo vamos en el logro de los objetivos. Todo esto pensando en el largo plazo, evitando que las contingencias sean las que nos dirigen.
El establecer roles y funciones claras de cómo vamos a trabajar, finalmente entrega certezas al mercado. Estas certezas redundan en un sistema financiero más fuerte, en una economía más resiliente y en una ciudadanía más próspera, que es lo que finalmente queremos.
- Costa Rica, como todo el mundo, ha experimentado una proliferación de estafas, principalmente a través de medios digitales, ¿hacia dónde deberían dirigirse los esfuerzos para proteger a los consumidores frente a este tipo de crimen?
- Lamentablemente, el problema de las estafas digitales llegó para quedarse, porque estamos en la era digital. Para atenderlo tenemos que partir de lo que tenemos, ver cómo funciona el sistema actualmente y generar las mejoras necesarias en los procesos y en los sistemas.
Creo que es fundamental la información y la educación, desde el nivel escolar. Se requiere de campañas informativas al respecto y de un enfoque preventivo, más que reactivo.
Es necesario que conversemos abiertamente sobre cómo se generan estas estafas para que las personas estén conscientes de ello. Si tenemos a una población informada va a ser capaz de detectar estas amenazas.
- El país también experimenta un gran crecimiento de delitos de extorsión asociados con préstamos informales. ¿Cómo controlar este negocio, que no es ilegal, pero que muchas veces utiliza prácticas extorsivas?
- En Chile, la Comisión de Mercado Financiero ha ido denunciando ante el Ministerio Público a estas empresas que extorsionan a los consumidores. Se está haciendo un trabajo muy importante para identificar cuáles son estas organizaciones, dónde están y cómo operan, para poder proceder por la vía judicial.
Se requiere de todo un abordaje institucional, pero también de una fuerte educación financiera para proteger a los consumidores de estas prácticas.
- ¿Cuáles son las mejores prácticas en materia de protección de datos del consumidor?
- La protección de los datos es un tema complejo que también debe abordarse con una mirada preventiva, de modo que las personas estén conscientes de los riesgos que existen cada vez que entregan sus datos para obtener una aplicación o un producto.
- ¿Cómo debería estructurarse un buen plan de educación financiera para fortalecer ese enfoque preventivo que usted menciona?
- Es fundamental que la educación financiera se instale en el currículo de las escuelas y que se promueva una capacitación continua en estos temas, porque el dinero es parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos.
Todas las personas deberían aprender cómo hacer un presupuesto individual y familiar, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo endeudarse de manera prudente, y también cómo denunciar cuando tienen un problema.
Enseñar a la gente a tener una mejor relación con el dinero redundaría en un gran bienestar para las personas y para la sociedad.
