La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción secuestró documentos de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) el pasado 13 de setiembre con el fin de recabar evidencia para la causa 23-000107-1218-PE, la misma por la que se allanó la Secretaria de Actas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en busca de información del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiera (Conassif).
Esta Agencia había iniciado una investigación en contra de las solicitudes de datos crediticios sin anonimizar que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) había solicitado a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
En dicha causa se investigan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública, y está relacionada con la denuncia penal que interpuso la gerenta del BCCR, Hazel Valverde, en contra de la jerarca de Sugef, Rocío Aguilar.
El pasado 17 de agosto, la superintendenta Aguilar dio a conocer a la prensa que fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por negarse a entregar información crediticia de deudores con número de identificación al Banco Central.
Poco después de hacer público el conflicto, la Prodhab inició una investigación tras la denuncia de La Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu).
Asodidcu reclamó que la solicitud de datos del Central violentaba el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Por ende, solicitó ante la Prodhab que se anule el acuerdo de Junta Directiva del BCCR con el cual se hizo la petición de datos y que se declare que el BCCR solo podrá tener acceso a información crediticia que no esté ligada de ninguna forma a personas identificadas o identificables.
Ante esto, Prodhab le ordenó al Central que detuviera las solicitudes de datos hasta que la Agencia haya analizado y resuelto la procedencia legal de la acción. Sin embargo, la Prodhab suspendió el procedimiento hasta que la Sala IV resuelva la acción de inconstitucionalidad, la cual versa sobre el mismo tema, interpuesta por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) en contra del BCCR.
La oficina de prensa del Ministerio Público le dijo a este medio que debido a que el secuestro de información forma parte de la fase preparatoria de la investigación, no es posible brindar más detalles sobre el caso.
Allanamiento en la secretaría de actas.
El pasado 1°. de setiembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó la Secretaría de Actas del BCCR. Las autoridades confirmaron que la investigación se relaciona con un acuerdo tomado por los miembros del Conassif, en sesión realizada el pasado 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el Banco Central y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad, Róger Madrigal, retirar una denuncia presentada contra la jerarca de la Sugef.
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“En apariencia, dicha sesión y, en consecuencia, el acuerdo, fueron declarados como confidenciales”, explicó el Ministerio.