EscucharEl Tribunal de Cuentas de Francia alertó este miércoles 16 de febrero de la necesidad de realizar un “esfuerzo sin precedentes” en los próximos años para reducir el gasto público y sanear las cuentas de la segunda economía de la Unión Europea (UE), impactada por la crisis sanitaria.
Esta crisis implicó la movilización de medios públicos “de un alcance inédito”, que “pesará de forma duradera en el déficit y la deuda, cuya reducción necesitará un esfuerzo sin precedentes para controlar el gasto”, advierte un informe del organismo supervisor.
La deuda pública debería así aumentar €560.000 millones ($637.000 millones) entre finales de 2019 y finales de 2022, hasta representar el 113% del Producto Interno Bruto (PIB) de Francia.
Pese a una fuerte recuperación económica, con un aumento del 7% en 2021 y un 4% previsto por el gobierno este año, el déficit público continuaría en niveles “muy elevados” (7% del PIB en 2021 y 5% del PIB en 2022), agrega.
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Francia se sitúa “en el grupo de países de la zona euro, donde, dos años después del inicio de la pandemia de la COVID-19, la situación de las finanzas públicas más se degradó”, apunta el Tribunal de Cuentas.
Este informe llega en plena campaña de la elección presidencial de abril, cuando los candidatos multiplican las promesas de bajadas de impuestos y los anuncios de nuevos gastos, sin concretar cómo se financiaría.
Aunque el gobierno prevé reducir el déficit público por debajo del 3% en 2027, como marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo --en suspenso desde el inicio de la pandemia--, aplazó los primeros esfuerzos a 2023.
El supervisor apunta a la bajada de impuestos previstos en 2022 (impuesto sobre la vivienda, de producción, de sociedades, de electricidad, etc.) y al aumento del 1,1% del gasto, sin tener en cuenta las medidas vinculadas a la crisis.
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En total, deberán realizarse “casi €9.000 millones” (unos $10.230 millones) de recortes adicionales cada año para limitar el alza del gasto a +0,4% de media entre 2023 y 2027.
Para el Tribunal de Cuentas, presidido por el excomisario europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, alcanzar ese objetivo pasa por reformar, sobre todo el sistema de pensiones, el seguro médico, las políticas de empleo y de vivienda, entre otros.
