EscucharHubo costarricenses que lo perdieron todo. Su sustento, su modo de vida. Un ejemplo es el testimonio de Liduvina Rodríguez: “Eran como ¢60.000. Me los dejó mi esposo al morir, hace seis años. Esa platilla la metí en Cofidesa y con el pago de los intereses vivía. Ahora no sé qué voy a hacer (por el cierre de la financiera). Eso era lo único que tenía”. Sus palabras las recopiló el periódico La Nación en su edición del 1.° de diciembre de 1987.
Según el diario, Liduvina Rodríguez vivía sola en una ciudadela conocida en aquel entonces como Chapultepec, en Curridabat, y había invertido la totalidad de su dinero por un año y medio, motivada por los altos intereses que le pagaba la Correduría y Financiera de Desarrollo, Sociedad Anónima, conocida como Cofidesa.
Esta empresa fue una de las financieras no reguladas por la Auditoría General de Bancos (hoy la Superintendencia General de Entidades Financieras, Sugef) que fueron declaradas en quiebra por un juzgado civil entre 1987 y 1988.
Precisar con exactitud la cantidad de financieras que quebraron entre ese período resulta complejo porque es un tema que se ha estudiado poco de manera sistemática, según especialistas, pero el número oscila entre ocho y una veintena.
El Poder Ejecutivo de aquellos años, encabezado por el mandatario Óscar Arias Sánchez (1986-1990), alegaba que la ley vigente solo sujetó a vigilancia a las instituciones que destinaban la mayoría de sus recursos al otorgamiento de créditos, lo cual generó que, bajo distintas figuras, “importantes” entidades financieras operaran fuera de la regulación. Esa redacción de la ley se hizo con el fin de no recargar a la Auditoría General de Bancos.
En los años ochenta, la realidad del sistema financiero era muy distinta de la que conocemos actualmente. “En esa época teníamos un sistema económico y especialmente financiero bancario muchísimo más rudimentario de lo que hoy en día tenemos acá. Había muchas actividades financieras que no eran reguladas en ese entonces”, explicó Fernando Naranjo, ministro de Hacienda durante la primera administración de Arias Sánchez.
En 1987, el sistema bancario nacional contaba con la presencia de cuatro entidades estatales: Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Anglo Costarricense y Bancrédito; y dos públicos no estatales creados con leyes especiales: el Banco Popular y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
La banca privada, por su parte, constaba de 20 instituciones. Entre ellas estaban Interfin, Banco de San José, Banco Mercantil, Banco Metropolitano, BCT, Banco Cooperativo Costarricense, Banco del Comercio, Banex, Biesa, Banco Continental, Banco de Fomento Agrícola, Cofisa, Banco Internacional de Costa Rica, Banco Germano Centroamericano, Banco Weeden, Banco Federado y Banco Cooperativo de Alajuela, entre otros.
A la vez, las financieras privadas cubrían un gran terreno dentro del ecosistema de finanzas. No era para menos: las tasas de interés que ofrecían eran altas. Algunas llegaban a un 42%. Pese al riesgo que esto significaba, miles de personas estaban ávidas de hacer crecer el dinero que tenían.
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Para entender mejor a la Costa Rica que describimos es menester anotar que el país apenas iba saliendo de la crisis de inicios de los 80. El régimen cambiario que funcionaba era el de minidevaluaciones.
En 1987 se contabilizó la llegada de 277.861 turistas a territorio nacional y se propuso impulsar una lista de 21 productos con mejor potencial para exportar desde suelo tico. Mercancías como pimienta negra, guanábana, macadamia, palmito y melones.
Además, la inflación interanual osciló entre 14,12% y 20,46%. Las financieras no supervisadas ofrecían rendimientos que superaban en varios puntos esos porcentajes.
El hecho de que los rendimientos ofrecidos por las financieras no reguladas hasta duplicaran los intereses de las entidades que sí lo estaban hacía sospechar a algunas personas que algo no andaba bien.
“En Costa Rica, en esa época, todo lo que era privado era sospechoso en el sector financiero”, recordó Luis Liberman, gerente general del Banco Interfin en ese momento.
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Quienes pensaban que algo malo podía avecinarse para quienes invertían en esas financieras no estaban equivocados: la pesadilla iba a llegar en 1987.
El 29 de mayo de ese año fue declarada en quiebra la financiera Escalante y Asociados. Según un artículo publicado en La Nación, unas 500 personas perdieron, en conjunto, alrededor de ¢200 millones de ese entonces (¢5.657 millones en valor presente —junio de 2023—).
A finales de noviembre de 1987, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó procesos indagatorios en cinco financieras, cuatro de ellas por presunta quiebra fraudulenta y la otra porque el gerente supuestamente cometió estafa y huyó del país.
En diciembre, Tico Americanas y Serfec Consultores fueron declaradas en quiebra por juzgados civiles de San José.
El pánico de los inversionistas creció. Las personas no querían correr la misma suerte que tendría Liduvina Rodríguez al perder todos sus ahorros. La realidad fue cruda: una de las grandes financieras cerró sus puertas y luego vino la bancarrota de otras en cascada.
“(Los inversionistas) acudían a retirar depósitos y rápidamente convertían en realidad lo que era un tema psicológico”, dijo Ottón Solís, ministro de Planificación Nacional y Política Económica entre 1986 y 1988.
Cuando todo mundo se engolosinó, llegó un momento en que la situación explotó”.
— Eduardo Lizano, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en ese momento.
En palabras de Liberman, la debacle de las financieras se dio en respuesta a diversos factores: las malas colocaciones de crédito, concentraciones en pocos deudores y a que las entidades se basaban en garantías hipotecarias que no tenían el valor que debían tener al momento de ejecutarlas.
“La gente se entusiasmó, sabían que estaban asumiendo un riesgo, pero durante uno o dos años la cosa funcionó en el sentido de que los que captaban los fondos podían colocarlos de manera tal que le podían pagar los intereses religiosamente a quienes le habían dado el dinero (...) Cuando todo mundo se engolosinó, llegó un momento en que la situación explotó”, explicó Eduardo Lizano, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en ese momento.
Un reportaje publicado por el periódico La Nación el domingo 6 de diciembre de 1987 exponía que la ambición de algunas personas era tal que hubo quienes vendieron sus residencias en ¢1 o ¢2 millones para invertir este dinero en alguna de las financieras.
“Como supuestamente iban a obtener más de ¢40.000 al mes en intereses, rentaron otra vivienda en ¢20.000, con la que pretendían obtener una ganancia de una suma igual cada 30 días. Sin embargo, los sueños se desvanecieron y las residencias también”, menciona en el reportaje.
Además, hubo personas que hipotecaron sus casas para poner fondos en las financieras privadas por las tasas de interés que les pagaban. “Esa gente perdió su casa y perdió buena parte del capital que habían puesto”, recordó Lizano.
En el hito que engloba la quiebra de financieras en Costa Rica, uno de los casos más sonados fue el de Cofidesa. Pese a que fue declarada en quiebra hasta enero de 1988, la empresa cerró sus puertas el 30 de noviembre de 1987, cinco días después de la muerte de su presidente, Orlando Sotela Montagné.
Ante la incertidumbre de qué iba a pasar, cientos de personas se presentaron en las oficinas de la financiera ubicada en Moravia. Los inversionistas procedían de lugares como Curridabat, Concepción de La Unión, Guácimo, Monterrey de Aserrí, Platanillo de Turrialba, y La Guácima de Alajuela.
En términos generales, según las informaciones de la época, la mayoría de personas que habían puesto su dinero en Cofidesa lo habían obtenido a través de la venta de una finca o de ahorros.
Una mujer, cuyo nombre fue oculto por La Nación en el reportaje del 6 de diciembre de 1987, relataba que un año atrás había decidido invertir ¢400.000 que correspondían a los ahorros obtenidos por más de 30 años. “Ellos decían que pagaban el 42% de interés por adelantado y yo creí que podía tener más dinero y comprarme una casa”, comentó.
Al final, ella no logró recuperar el dinero pero logró que le pagaran los intereses de esa inversión, cuyo plazo venció en agosto de 1987.
Quiebra de Cofidesa, el caso más sonado
Cofidesa fue presidida por Orlando Sotela Montagné, un hombre conocido por haber sido diputado en tres ocasiones, exvicepresidente de la Asamblea Legislativa, exvicepresidente del Banco Anglo Costarricense y expresidente de la Asociación Nacional de Bienes Raíces.
Esta financiera era reconocida, además, porque pagaba tasas de interés que incluso llegaban hasta el 42% por adelantado; lo cual a pesar del riesgo de inversión atraía a muchas personas. A unos 3.300 acreedores, para ser más exactos.
Aunado a los altos rendimientos prometidos, el recurso de la publicidad era muy utilizado por esta empresa para captar dinero del público. “1987 es el año para invertir en Cofidesa”, decía un anuncio que apareció en el periódico La Nación del lunes 5 de enero de ese año.
“Aquí está la diferencia!! (sic) En toda actividad hay un líder… Usted lo conoce! Usted sabe dónde está! Don Orlando Sotela Montagné”, se leía en otro anuncio que apareció en La Nación del 25 de noviembre de 1987.
La tarde de ese mismo día ocurrió quizás el suceso más conocido de la crisis de las financieras: Sotela Montagné se suicidó, a sus 62 años, en una casa ubicada en las cercanías de las oficinas de la financiera de Moravia.
Tras la muerte del empresario, Arturo González, subgerente de Cofidesa, aseguró que el lunes 30 de noviembre de 1987 a las 8:00 a. m. iban a reanudar las operaciones de la firma y arreglar con los inversionistas. Pero las oficinas permanecieron cerradas.
“Partiendo de un primer análisis económico de la empresa se solicita, ante un juzgado civil de San José, un convenio preventivo de acreedores”, indicaba un comunicado que estaba pegado en la puerta de la empresa.
Un grupo de inversionistas de la financiera, al enterarse de lo acontecido con Sotela Montagné, acud a las oficinas con incertidumbre, pues no sabían qué hacer ni qué significaba la nota que estaba en la puerta. Al no aparecer ningún representante de la entidad, se tomó la decisión de denunciar el caso ante el Ministerio Público.
En una entrevista para el telenoticiero de Canal 7, el hijo del presidente de Cofidesa, Orlando José Sotela Alvarado, mencionó el 8 de diciembre de 1987 que el 30 de noviembre no habían abierto las oficinas porque él y funcionarios con altos cargos en la empresa tenían que saber el estado financiero de la entidad.
“(Al acudir al convenio preventivo), se intentará que los acreedores recuperen, sino todo, por lo menos un alto porcentaje de lo invertido”, dijo Sotela Alvarado en aquella entrevista transcrita y publicada en La Nación del día siguiente, el 9 de diciembre.
El Financiero intentó conversar el 18 de julio de 2023 con Orlando José Sotela Alvarado para conocer su versión de lo sucedido. Esta fue su respuesta: “A 35 años de la muerte de mi padre no quisiera tener que volver a revivir ese momento que fue y sigue siendo sumamente doloroso para mí y para la familia”.
El 18 de enero de 1988, el Juzgado Sexto Civil de San José decretó la quiebra de la Correduría y Financiera de Desarrollo Sociedad Anónima. Además, fijó el 30 de agosto de 1987 como la fecha en que empezó el estado de quiebra.
De acuerdo con el informe contable que realizó el perito nombrado judicialmente, Antonio Ruiz Chavarría, hasta setiembre de 1987 la compañía presentaba pérdidas por ¢810 millones (¢22.334 millones en valor presente —junio de 2023—).
Además, el documento exponía que conocer la situación financiera de Cofidesa fue un asunto complejo porque la empresa se manejaba con “una falta absoluta” de control interno y no había un sistema “razonablemente aceptable” de contabilidad.
Se indicó incluso que los fondos que entraban a las arcas de la firma no se depositaban “íntegramente” en las cuentas bancarias de Cofidesa, por lo que no se podía conocer el destino del dinero.
Al lunes 25 de enero de 1988, la Agencia Fiscal de Goicoechea tenía en trámite un total de 1.200 denuncias de ciudadanos perjudicados por el cierre de Cofidesa.
Casi 12 años después de la quiebra de esta financiera, la Justicia no encontró culpables. A las 11:35 a. m. del 17 de diciembre de 1999, el Tribunal de San José absolvió a Orlando José Sotela Alvarado, Mario Alvarado Abella, vicepresidente de Cofidesa, y Francisco Zapata Bustos de los delitos de administración y quiebra fraudulenta y estafa.
¿Un acontecimiento predecible?
Para Ottón Solís, entonces ministro de Planificación Nacional y Política Económica, la quiebra de las financieras en Costa Rica era un evento predecible. Las altas tasas de interés daban un indicio de ello.
En tanto, Luis Liberman, gerente general del Banco Interfin por entonces, consideró que era difícil de saber porque no había ninguna información financiera sobre esas entidades, pero las tasas de interés ofrecidas y los múltiples anuncios publicitarios hacían sospechar de algo extraño.
En ese momento, el jerarca de Planificación también estaba en la Junta Directiva del Banco Central, por lo que en las primeras sesiones del órgano durante la nueva administración, Solís planteó que se analizara la cartera de estas financieras privadas, pero su iniciativa fue rechazada.
“¿A quién le estaban prestando estas financieras? Era evidente que si pagaban tasas de interés tan elevadas, tenía que haber sectores muy rentables. Si una financiera pagaba digamos 50% de interés a un depositante es que estaba alquilando en algo más que eso, porque la financiera tenía que ganar. ¿Entonces cuáles eran esos negocios en Costa Rica tan rentables? Era evidente que ahí había una sinverguenzada”, comentó Solís.
Asimismo, agregó que algunas de las financieras operaban con esquemas Ponzi o estaban invirtiendo los recursos en negocios propios.
El esquema Ponzi es un tipo de fraude financiero en el que se usa el dinero de nuevos ahorrantes para pagar los rendimientos prometidos a los inversionistas ya existentes.
Estos mecanismos, que suelen prometer altos rendimientos con nulo riesgo, se desploman cuando se complica conseguir una cantidad suficiente de nuevos ahorrantes, o bien cuando muchos inversionistas desean retirarse con su capital.
Además, otras de las financieras se dedicaban a la intermediación completa: captar recursos y también prestarlos a altas tasas de interés para poder obtener ganancias. Una vez que los deudores no pagaban a tiempo, las entidades entraban en dificultades.
“Lo que se dio fue un desequilibrio financiero. Habían tomado ahorros a un mes o a dos meses y habían prestado esa plata a seis meses o un año (...) El negocio funcionó mientras la gente renovaba los ahorros, pero en el tanto en que la gente no quiso renovar, se le vino inevitablemente la catástrofe”, dijo Lizano.
Una nota de La Nación publicada en 1999 menciona que, a finales de la década de los 80, una veintena de financieras cayó en bancarrota. El número de afectados por este acontecimiento ascendía a miles de personas.
“Hubiesen quebrado más financieras. El gobierno aprobó el transferir recursos de entes públicos, si bien recuerdo fue el Banco Hipotecario de la Vivienda, para evitar que se siguiera quebrando”, rememoró Solís.
Por su parte, el entonces ministro de Hacienda, Fernando Naranjo, recordó que del erario público no salieron recursos para ayudar a los ahorrantes. Ellos tuvieron que asumir las pérdidas.
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Lo que vino después de la quiebra
Después de este acontecimiento, Liberman recuerda que hubo una reforma “grande” a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y al Sector Bancario Nacional.
Además, el 4 de noviembre de 1988, con la promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, la Auditoría General de Bancos se transformó en la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), convirtiéndose en un órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central.
Luego, la Ley Orgánica de la autoridad monetaria, vigente desde el 27 de noviembre de 1995, declaró de interés público la fiscalización de las entidades financieras y creó la Sugef bajo la misma desconcentración máxima, pero dotada de mayores poderes.
En la actualidad, el sistema financiero nacional cuenta con 47 entidades reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entre ellas hay bancos, cooperativas, mutuales, financieras y casas de cambio.
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Según la Ley Orgánica del Central, la Sugef es la encargada de fiscalizar a los bancos públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, y las cooperativas de ahorro y crédito. Además, toda otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación financiera.
Estas empresas inscritas en la Superintendencia deben suministrar mes a mes información contable, financiera y crediticia. Los datos son publicados en el sitio web de la Sugef y por ende son de acceso público.
Del mismo modo, en abril de 2023 se publicó por primera vez en Costa Rica el Índice de Suficiencia Patrimonial (ISP). Este indicador financiero provee información sobre la fortaleza del capital de cada institución supervisada y su capacidad para responder por los riesgos generales de la actividad.
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“Ahora es más difícil la entrada al mercado, pero el sistema es más sólido y con regulaciones más sólidas a raíz de las experiencias que se dieron a través del tiempo”, comentó Luis Liberman.
Pese a esto, no se debe dejar de lado que existe un sector financiero no supervisado, en su mayoría de prestación de dinero, que se compone de entidades informales que operan fuera del foco de la Sugef. En ese ecosistema sombrío, en pleno 2023, pululan casos de pérdidas, presiones por cobros y desbalances monetarios en la vida de miles de costarricenses.
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