EscucharUn proyecto de ley impulsado por el Gobierno pretende limitar las funciones de la Contraloría General de la República (CGR) para que únicamente vigile el uso de los fondos públicos y no la gestión de las instituciones.
El texto solicita la modificación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno, y deberá ser estudiado por los diputados en los próximos días y pasar por un largo proceso de consultas.
La iniciativa parte de la tesis de que, durante los últimos años, la CGR ha excedido sus funciones constitucionales al intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a la Administración Pública activa, situación que el Poder Ejecutivo califica como “coadministración”.
Según la exposición de motivos, la reforma no pretende disminuir las competencias constitucionales de la Contraloría, sino aclarar los límites entre la función fiscalizadora y las atribuciones propias de los jerarcas de las instituciones públicas.
Entre los principales cambios figura la incorporación expresa de una prohibición para que la entidad sustituya decisiones administrativas, defina políticas públicas, establezca objetivos institucionales, determine prioridades de gestión o intervenga en decisiones de oportunidad y conveniencia que competen exclusivamente a la Administración Pública.
El proyecto también modifica la finalidad del sistema de control superior para concentrarlo exclusivamente en la legalidad del manejo de los fondos públicos, y elimina las referencias al control de la eficiencia administrativa.
Como parte de esa reforma, se deroga el artículo 17 de la legislación orgánica de la Contraloría, que regula la potestad de control de eficiencia, y se redefine el alcance de diversas competencias del órgano contralor.
Otra de las modificaciones propuestas establece que las investigaciones especiales de la CGR no podrán suspender la ejecución de actos, contratos, estudios o proyectos del Estado, salvo que exista una orden judicial que así lo disponga.
Asimismo, cuando la institución decida no ejercer su competencia facultativa sobre determinados entes u organizaciones, deberá justificar esa decisión en la memoria anual que presenta a la Asamblea Legislativa.
Cambios también alcanzan a las auditorías internas
La iniciativa no solo modifica la normativa de la Contraloría, sino también la Ley General de Control Interno.
En este apartado, se establece que las auditorías internas, las externas y los demás órganos de fiscalización tampoco podrán sustituir decisiones de la Administración Pública, intervenir en funciones ejecutivas, recomendar decisiones de oportunidad y conveniencia, ni evaluar previamente la gestión administrativa.
Además, redefine el concepto de sistema de control interno para que se concentre exclusivamente en la protección de los fondos públicos y el cumplimiento de la normativa relacionada con esos recursos.
Las auditorías internas quedarían enfocadas principalmente en fiscalizar la ejecución presupuestaria y el resguardo de los recursos públicos.
Un antecedente
La Sala Constitucional ya se había referido a este tema, en junio del 2024, cuando se presentó el proyecto denominado ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica, con la intención de someterla posteriormente a referéndum.
El tribunal resolvió el 29 de julio de ese mismo año, que las cuatro reformas que pretendían lo mismo que este proyecto de Laura Fernández, al limitar la actuación de la Contraloría, presentaban problemas de constitucionalidad y no podían cambiarse.
Los magistrados señalaron, en su momento, que el legislador no puede cercenar competencias derivadas de los artículos 183 y 184 de la Constitución Política.
Contraloría evita pronunciarse sobre el fondo
Consultada por El Financiero, la Contraloría General de la República indicó, mediante su oficina de prensa, que emitirá un criterio oficial únicamente cuando el proyecto sea sometido formalmente a consulta durante el trámite legislativo.
“Sobre proyectos de ley de reformas a la CGR o temas afines nos referiremos cuando dentro del procedimiento legislativo nos sean consultados oficialmente”, señaló la oficina de prensa de la institución.
