EscucharEl Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) determinó que los procesos de resolución de Coopeservidores y Financiera Desyfin deben mantener su curso normal, pues la acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley que regula el proceso de resolución de entidades financieras supervisadas no impide la continuidad de los mismos.
“Conforme avancen ambos procesos en sus etapas correspondientes, tanto la Administración de la Resolución como el Conassif, estarán informando al público lo que corresponda”, detalló el Consejo en un comunicado de prensa emitido la noche del jueves 6 de marzo.
La determinación del Conassif llega una semana después de que la Sala Constitucional aclarara que la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros (9816) sigue vigente, a pesar de haber dado curso a una acción de inconstitucionalidad en contra de tres artículos de dicha ley en la primera quincena de febrero pasado.
No obstante, la Sala IV indicó que se mantiene la suspensión del dictado de la resolución final en los casos judiciales en los que se esté discutiendo la aplicación de la ley, así como en los que aún se encuentran en sede administrativa.
“Le ley sigue surtiendo todos sus efectos, excepto en las dos situaciones señaladas, por lo que las autoridades competentes pueden continuar ejerciendo sus potestades y cumplir con los mandatos que se derivan de la ley cuestionada, sin que el trámite de la acción implique obstáculo alguno”, indicaba el comunicado de prensa compartido por la Sala Constitucional.
Una vez que el Consejo fue notificado sobre la resolución de la solicitud de adición y aclaración planteada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), respecto a lo resuelto por la Sala al dar curso a la acción, ejecutó los análisis correspondientes y determinó que los procesos de resolución de la cooperativa y la financiera declaradas inviables en 2024 deben mantener su curso normal.
Ante la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con La Nación, Marco Hernández, resolutor de Coopeservidores, informó a quienes compraron propiedades y vehículos de la cooperativa que se les iba a devolver el dinero pagado porque el proceso de venta de los bienes quedó suspendido.
“Todos los trámites que tengan relación con los bienes propiedad de Coopeservidores quedan en suspenso hasta que sea resuelta la acción”, mencionaba un extracto del oficio RES-CS-393-2025, del pasado 13 de febrero, publicado por La Nación.
El 6 de febrero de 2025 se anunció que el Conassif autorizó la venta de ocho propiedades y la reserva de dos más, así como la adjudicación de 18 vehículos de Coopeservidores. Las propiedades en venta y en reserva sumaban, en conjunto, ¢4.362,8 millones; los vehículos, por su parte, equivalían a ¢246,1 millones.
Al final, según el Diario Oficial La Gaceta del 11 de febrero, Coopeservidores aprobó vender ocho propiedades y reservar dos bienes inmuebles, y adjudicar los 18 vehículos. Como el proceso de venta quedó suspendido, el resolutor solicitó a los compradores la cuenta IBAN, número de identificación y nombre completo para reintegrar el dinero depositado.
Con el dinero recaudado de las ventas de activos se pretendía saldar obligaciones pendientes de la cooperativa.
Caso Desyfin: las acusaciones de la Fiscalía
Esta semana, el periódico La Nación dio a conocer que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual teoriza que los socios mayoritarios del Grupo Financiero Desyfin habrían realizado supuestas “acciones fraudulentas” en detrimento de ahorrantes, inversionistas y uno de los propietarios minoritarios de la institución.
La Fiscalía presume que los propietarios mayoritarios de Desyfin usaron fideicomisos y sociedades anónimas para ocultar la verdadera realidad de la financiera declarada inviable el 9 de octubre de 2024.
También, supuestamente, se realizaron pagos extrasalariales a socios y a la alta gerencia en Panamá, sin reportarlo a la seguridad social ni a Tributación.
Estas hipótesis se desprenden de una serie de publicaciones realizadas por La Nación, las cuales tuvieron como base la solicitud de allanamiento que permitió al Ministerio Público intervenir oficinas y casas el 17 de octubre del año pasado.
De acuerdo con lo publicado por La Nación, la Fiscalía investiga el accionar de 26 personas, entre imputados y encartados. “Las diligencias judiciales se centran en Silvio Lacayo Lacayo, Hortensia Beeche Michaud, Silvio Lacayo Beeche, Manfred Lacayo Beeche y Mauricio Lacayo Beeche, socios principales de Desyfin”, agregó el medio de comunicación.
La pesquisa se tramita bajo el expediente 24-000074-621-PE y en ella se persigue la supuesta comisión de los delitos de “administración fraudulenta, reducción de la pena y sabotaje informático”.
Silvio Lacayo Beeche, accionista y representante legal de Desyfin, dijo a La Nación que “todos y cada uno de los hechos de esa demanda no son ciertos, todos son totalmente mentira, puras cortinas de humo que presentó la Sugef para argumentar la necesidad de hacer la intervención. Argumentamos con pruebas. Nosotros ya presentamos una desestimación total”.
