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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), recibió un total de 444 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por $241 millones, entre enero a agosto de este año.
Julio es el mes en el que se dio el reporte más elevado por $53 millones muestran los datos de la UIF. Dichos montos son sospechosos, es decir, no es dinero que se ha confirmado pertenezca a una acción de lavado de dinero.
Los reportes de operaciones sospechosas son enviados por las entidades financieras al ICD. A partir de la información remitida, la UIF emite documentos de inteligencias para las autoridades judiciales, en los que incorpora valor agregado que se obtiene de diferentes fuentes.
La jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, recalcó que la función de las instituciones financieras es de carácter preventivo, por lo que deben conocer a sus clientes y el origen de sus fondos; en caso de que se presenten operaciones inusuales las entidades deben investigar lo que corresponda y en caso necesario remitir el reporte al ICD.
Durante el año pasado, los recursos de actividaded sospechosas asendieron a casi $348 millones, y se recibieron 550 ROS. Solo en diciembre del 2020, el monto fue de $40,5 millones.
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Reportes de inteligencia
En el 2020, la UIF envió 266 informes al Ministerio Público por la suma de $109 millones, con un total de 682 personas reportadas de diferentes nacionalidades. En el primer semestre del 2021 ya fueron enviados 120 informes por más de $90 millones.
“El flujo de dinero sospechoso es muy evidente y las alertas también se han generado desde el sector comercial, registrando el ingreso reportes sospechosos por parte de otros sectores económicos como agencias de vehículos, profesionales independientes, empresas de procesamiento de pagos, revelándose que el dinero sospechoso fluye en diferentes direcciones, lo cual irá aumentando”, señalaron desde el ICD en un comunicado de prensa.
La prevención y detección del lavado de activos en Costa Rica está a cargo de un amplio engranaje compuesto por varias instituciones, inicia con las entidades financieras y una de sus partes finales son instancias judiciales.
El principal reto que enfrenta la lucha contra la legitimación de capitales es la rápida transformación del delito que desarrolla cada día a nuevas modalidades y a las transacciones inmediatas que dificultan el mantenimiento y posterior congelamiento de los activos.
