Rodrigo Bolaños, interventor del Banco Anglo en 1994, lamenta que, 30 años después del cierre del banco, las intervenciones siempre terminen en una sentencia de muerte para las entidades financieras.
El economista, quien también presidió el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en dos ocasiones, reconoce que la regulación ha avanzado mucho desde el caso del Anglo y que lo que ocurrió en los noventa es menos probable que suceda hoy, sin embargo, cree que la regulación debería permitirle a los supervisores actuar más rápidamente ante “casos anormales”.
“Me parece que la Sugef y el Conassif deberían tener instrumentos que les permitan actuar en condiciones anormales con más rapidez. El sistema está pensado en mantener un balance entre el regulado y el regulador, que es sano en condiciones normales, pero no en condiciones anormales, donde puede estar en peligro la plata de los depositantes. Creo que parte del problema de que todos los casos terminan en cierres tiene que ver con algo de eso”, dice Bolaños.
También agrega que es una tarea pendiente del país ver cómo se corrigen esas posibles debilidades con proyectos de ley y ver cómo otros países más avanzados en esa materia resolvieron problemas similares.
Desde y con el caso del Anglo se han intervenido 16 entidades y todas acabaron con el cierre de operaciones. Esto sin contar a Desyfin, pues todavía se encuentra intervenida y los reguladores todavía no han decidido si la financiera es viable o no. De no serlo, se sumaría a la lista de cierres.
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Paralelismos
Aunque entiende que lo del Anglo y lo que recientemente sucedió con Coopeservidores y Desyfin son casos diferentes, también encuentra ciertos paralelismos.
En los noventa el banco estatal no le enviaba la información completa a los reguladores de entonces, esto es algo que también se vio nuevamente en estos casos recientes. De hecho, la Superintendencia denunció que Desyfin no solo enviaba información con estimaciones crediticias subvaluadas, sino que, en su consideración, hubo obstrucción en la entrega de datos.
Según un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el gerente de Desyfin ordenó que la información solicitada por los reguladores debía ser enviada por parte de los empleados primero a él para su revisión antes de ser entregada a la Superintendencia. También señalaron que la gerencia atrasó el envío de datos y, cuando los envió, no incluyeron toda la información requerida por la Sugef, pese a que los reguladores tenían conocimiento de la información estaba lista desde días antes.
Este sería un tipo de condición “anormal” en que Bolaños considera que los supervisores deberían tener más herramientas para supervisar. “Estamos viendo ahora todos estos procesos en los que la superintendencia tiene que estar pasando por calvarios para obtener información en entidades en las que hay sospechas de que algo irregular está ocurriendo. Algo parecido ocurrió en el Banco Anglo y ahora las condiciones son muy diferentes, pero todavía hay mucho que hacer”, dice Bolaños.
El economista también agrega que la falta de idoneidad en las juntas directivas de las entidades financieras sigue siendo un problema con el que ha cargado el sistema nacional. “El país tiene que seguir aprendiendo de esas cosas. O sea, no puede ser que haya juntas directivas con gente que no sabe de banca”, considera el expresidente del Banco Central, quien también atribuye una buena parte de lo sucedido con el Anglo a un órgano de dirección que no tenía el conocimiento para manejar un banco.
Aquí tenemos todavía problemas de gobernanza en la banca, como lo hemos visto con las recomendaciones que ha dado la Sugef; que son solo recomendaciones, porque no puede ir más allá por la ley.
— Rodrigo Bolaños, exinterventor del Banco Anglo
Si bien hoy hay ciertos lineamientos que en teoría las entidades tienen que seguir a la hora de apuntar directivos, la Superintendencia no tiene la potestad para exigir la remoción de un miembro de la junta directiva o de la gerencia cuando considera que no cumple con las características para el puesto, actualmente solo puede recomendar su salida.
En una entrevista con El Financiero el pasado 13 de agosto, la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, mencionó que el Fondo Monetario Internacional les recomendó hacer cambios en la regulación para poder actuar de forma más temprana en casos de posibles irregularidades. Entre esas recomendaciones, según dijo Aguilar, estaba principalmente “la posibilidad del supervisor de poder exigir, no aconsejar, la desvinculación de miembros de su órgano de dirección o gerencia”.
Aguilar comentó que ya ingresó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que, de aprobarse, le daría esas potestades al supervisor. Se trata del expediente 24.256, el cual modificaría, entre otros, el artículo 131 de la Ley Orgánica del BCCR para que el inciso O y P permitan a la Superintendencia la ordenar la remoción, debidamente fundamentada, de cualquier miembro del órgano de dirección (junta directiva) y de la gerencia cuando incurran en omisiones o actuaciones contrarias a la ley.
Dicho proyecto también aborda otros temas como la eliminación paulatina de la garantía estatal en los bancos que son propiedad del Estado.