EscucharLa creación formal de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en febrero de 2020 por parte del Poder Ejecutivo –trabajó más de año y medio en silencio–, ciertas preguntas que aparecían en las pruebas nacionales Factores Asociados de Fortalecimiento del Aprendizajes (FARO) aplicadas en noviembre de 2021 y el requerimiento que hizo el Banco Central de Costa Rica (BCCR) a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en noviembre de 2022 son tres casos en que instituciones públicas han solicitados datos personales.
De acuerdo con Mauricio París, abogado de Ecija Legal especialista en Tecnología, protección de datos y privacidad, el común denominador en estos casos es el tratamiento extralimitado de datos personales por entidades que no tienen base legal para ello.
“Ya son al menos tres casos en donde el Estado comienza a querer tener acceso a datos de instituciones que no deberían tener acceso porque no están previstos en la norma”, comentó París.
A continuación, El Financiero resume qué información se solicitó en cada caso, cómo se pidió, el objetivo que perseguía el requerimiento y el desenlace:
1. UPAD
- ¿Qué información se pidió? Según el artículo 7 del decreto Creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) Nº 41996-MP-MIDEPLAN, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada debían permitir el acceso a toda información que fuera requerida por parte de la UPAD, salvo en los casos donde la información fuera catalogada como secreto de Estado.
Incluso, el artículo detallaba que se debía brindar “acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.
- ¿Quién solicitó la información? La UPAD, creada formalmente por el Poder Ejecutivo el 17 de febrero de 2020.
- ¿Cómo se solicitó la información? A través del decreto se dictaba que las entidades de la Administración Pública tenían que facilitar el acceso a los datos o suministrar la información de forma oportuna y en formatos que permitieran su análisis y procesamiento estadístico, “cumpliendo todos los estándares para una adecuada gestión de la información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos”.
- ¿Qué se pretendía hacer con la información? El entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, defendió, en una entrevista para La Nación el 22 de febrero de 2020, que el objetivo de la UPAD era ayudar a hacer mejor política pública con base en la ciencia de datos y generar cruces de información entre las distintas instancias públicas.
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- ¿Cuál fue el desenlace? El decreto ejecutivo Nº 41996-MP-MIDEPLAN fue derogado cuatro días después de su publicación: el 21 de febrero de 2020. Siete días después, la Fiscalía allanó Casa Presidencial.
A principios de febrero de 2022, la Fiscalía General de la República solicitó llevar a juicio la causa en contra del entonces presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, por el presunto delito de prevaricato, fraude de ley y abuso de la autoridad.
Posteriormente, mediante resolución de la Sala Constitucional N° 019110 del 17 de agosto de 2022, se declaró inconstitucional el decreto ejecutivo que creó a la UPAD, por infracción al principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales.
2. Pruebas FARO
- ¿Qué información se pidió? Datos privados de la situación socioeconómica de las familias de 77.0000 estudiantes de quinto grado de primaria.
- ¿Quién solicitó la información? El Ministerio de Educación Pública.
- ¿Cómo se solicitó la información? A través de algunas preguntas que aparecían en el cuestionario de las pruebas FARO aplicadas el 12 de noviembre de 2021.
- ¿Qué se pretendía hacer con la información? Según una explicación que envió el MEP la tarde del 12 de noviembre de 2021, los cuestionarios aplicados tenían como fin identificar variables que podrían incidir en el rendimiento de los estudiantes y justificar el porqué los estudiantes alcanzaban ciertas calificaciones.
- ¿Cuál fue el desenlace? Este episodio provocó la renuncia de la jerarca del MEP en ese entonces, Guiselle Cruz; la viceministra académica, Melania Brenes; y el encargado de la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad, Pablo Mena.
Además, el Ministerio de Educación Pública solicitó el 12 de noviembre de 2021 no procesar la información obtenida en las pruebas. El día 24 de ese mes hizo la entrega de los formularios en la sede del Segundo Circuito Judicial de San José; según consta en un comunicado de prensa emitido el 17 de diciembre de ese año.
La publicación del comunicado del MEP ocurrió después de que ese 17 de diciembre se diera a conocer el fallo de la Sala Constitucional, en el que se determinó que el Ministerio lesionó el derecho a la intimidad de estudiantes y sus familias con las pruebas FARO.
La Sala IV declaró con lugar 15 recursos de amparo presentados por padres de familia contra el Ministerio de Educación Pública por violar el derecho de los estudiantes menores de edad a través de la aplicación de ciertas preguntas contenidas en las pruebas.
3. BCCR
- ¿Qué información se pidió? Acceso a todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros supervisados le remiten a la Sugef, incluyendo necesariamente el número de identificación (cédula física, jurídica, Dimex, u otros).
Según la autoridad monetaria, esta información crediticia no es sensible, sino que es información privada de carácter público.
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- ¿Quién solicitó la información? La Junta Directiva del Banco Central.
- ¿Cómo se solicitó la información? A través del acuerdo de Junta Directiva del Banco Central, en la sesión celebrada el 23 de noviembre de 2022, se dispuso en firme la solicitud a la Sugef para que autorizara, dentro de los ocho días hábiles contados a partir de la comunicación del acuerdo, el acceso a la información requerida.
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- ¿Qué se pretende hacer con la información? La División de Gestión de Información del Banco Central pretende elaborar nuevos análisis de crédito, como “parte de las estadísticas de interés público nacional a ser publicadas”, según comunicó la entidad en comunicados y conferencia de prensa.
- ¿Cuál ha sido el desenlace? La Sugef se negó a brindar la información crediticia con el número de identificación de los deudores. Ante esto, el pasado 21 de abril, la gerenta general del BCCR, Hazel Valverde, interpuso ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción una denuncia penal en contra de la jerarca de la Superintendencia, Rocío Aguilar, por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
