Donald Trump lanzó su carrera política luego de haber hecho fortuna en el sector inmobiliario, pero ahora que aspira a volver a la Casa Blanca, puede perder el control de una parte de su imperio por inflar el valor de sus activos repetidamente y haber mentido a los bancos.
Antes de que el lunes empiece un juicio civil contra la empresa familiar Trump Organization y su plana mayor, entre ellos Donald Trump y sus hijos Donald Trump Jr y Eric Trump, el juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, Arthur Engoron, dio en parte la razón a la fiscal Letitia James, que había iniciado diligencias judiciales en este caso.
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En una resolución contundente, el magistrado considera que hubo “fraude continuado” y describe un sistema de sobrevaloración de activos relacionados, por ejemplo, con la emblemática Torre Trump de Nueva York y otras propiedades del grupo -de “$812 millones y $2.200 millones”- para negociar préstamos más ventajosos con los bancos.
Entre las consecuencias, ordenó la cancelación de los permisos comerciales de Donald Trump y de sus hijos en el estado de Nueva York y pidió a las “partes” que propongan “liquidadores” encargados de gestionar la “disolución de las empresas” en cuestión.
Las empresas afectadas por la denuncia de la fiscal general controlan algunos de los buques insignia del multimillonario republicano, como la Trump Tower, sus restaurantes y boutiques de la prestigiosa 5ª Avenida de Manhattan y el rascacielos casi centenario de Wall Street, en el distrito financiero, que según el juez Engoron se ha sobrevalorado en “más de $300 millones”.
“Nacionalización”
“Esta decisión pone simplemente fin a la posibilidad para Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York”, resume el antiguo fiscal neoyorquino y profesor de derecho de la universidad Pace Bennett Gershman.
“Los liquidadores van a administrar los bienes. Esto quiere decir que Trump y su organización no podrán hacerlo”, por lo que perderán el control, agrega a la AFP.
El equipo de Trump anunció que recurrirá la decisión judicial, que sorprendió a muchos expertos por el alcance. Para uno de sus abogados, Chris Kise, el juez Engoron quiere “nacionalizar uno de los imperios corporativos más prósperos de Estados Unidos y tomar el control de la propiedad privada, pese a que reconoce que no hay pruebas de impago, incumplimiento, morosidad o reclamación de perjuicio”.
Los abogados de Trump también presentaron recursos para tratar de atrasar el juicio y disminuir el alcance del mismo.
Hay mucho en juego para el multimillonario republicano, de 77 años, que quiere volver a la Casa Blanca en 2024, y su grupo familiar. Según la revista Forbes en marzo de 2023, los bienes inmobiliarios en Nueva York representaban $720 millones de la fortuna del expresidente (de un total de $2.500 millones).
Fuera de Nueva York, la Organización Trump está presente en hoteles de lujo, clubes de golf y clubes privados como la residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.
“Duro golpe”
Para Will Thomas, profesor adjunto de Derecho Mercantil en la Universidad de Michigan, aún quedan muchas incógnitas tras esta primera decisión, sobre todo porque “los liquidadores esperarán al resultado del juicio” antes de actuar.
Aunque el juez ha fallado parcialmente a favor de la fiscal general, aún debe celebrarse el juicio para decidir las posibles sanciones económicas, ya que James reclama $250 millones por daños y perjuicios en nombre del Estado de Nueva York.
Pero en cualquier caso, la decisión del juez Engoron, calificada de “desquiciada” por el expresidente de Estados Unidos (2016-2020), supone “un golpe simbólico a la historia que Donald Trump cuenta de sí mismo como hombre de negocios”, añade el académico.
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“Sabíamos, incluso antes de que fuera presidente, que Donald Trump valoraba su riqueza como símbolo de su talento”, recuerda el profesor. “Y lo que vimos (el martes) es que un tribunal declaró que no había duda de que Donald Trump ha mentido sistemáticamente sobre su riqueza, en enormes proporciones, desde cientos de millones a miles de millones de dólares”, añade.
Donald Trump se enfrenta a cargos penales en varios otros casos legales importantes, incluidas acusaciones de intentar anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, pero sigue siendo el favorito en las encuestas para las primarias republicanas.