EscucharEl capo más buscado termina en prisión, un congresista es asesinado, un gobernador queda bajo sospecha: la captura de Ismael “Mayo” Zambada tiene los elementos de un thriller, pero hay vacíos en la historia que agravan la desconfianza entre México y Estados Unidos.
“Cuando leí la carta parecía una novela”, dice el exagente de la DEA Mike Vigil sobre un texto difundido por el narcotraficante mexicano el pasado sábado, donde asegura que fue “secuestrado” y entregado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado Joaquín “Chapo” Guzmán.
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Zambada, jefe del cártel de Sinaloa de 76 años que eludió la cárcel durante décadas, llegó el pasado 25 de julio con Guzmán López a Nuevo México en un avión privado. Nada se sabe del piloto.
Desde entonces se han tejido múltiples versiones. Estados Unidos y México niegan haber planificado la operación, aunque el gobierno mexicano refirió conversaciones previas entre el “Chapito” y funcionarios estadounidenses.
En el escrito publicado por su defensa, el “Mayo”, por quien Washington ofrecía $15 millones, dijo que fue emboscado cuando iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, copartidario del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una hacienda cerca de Culiacán.
Guzmán López, sostuvo, le había pedido mediar en un conflicto entre Rocha y el diputado opositor electo Héctor Cuén, quien según el capo era un “viejo amigo” y fue “asesinado” en el mismo lugar de la celada.
Maniobra legal
Pero Rocha negó cualquier “complicidad” con el cártel fundado por el “Chapo” y el “Mayo” en los años 1980 y aseguró que el día de la supuesta cita estaba en Los Ángeles, Estados Unidos. López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo respaldaron.
México tiene un amplio historial de narcopolítica. Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue hallado culpable en Nueva York de proteger al cártel de Sinaloa y podría recibir cadena perpetua en octubre.
La fiscalía de Sinaloa, en tanto, difundió el lunes un video que muestra a un pistolero atacando presuntamente a Cuén el 25 de julio en una gasolinera de Culiacán, reforzando su versión inicial de un presunto robo.
La trama incluye además la desaparición de dos escoltas de Zambada, según su relato, incluido un supuesto jefe policial de Sinaloa. Aunque los hechos ocurrieron en ese estado, la fiscalía general mexicana asumió las investigaciones.
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El caso Zambada ilustra que el narcotráfico “no ocurre al margen” de actores estatales, “sino que necesita de corrupción para existir y crecer”, señala Cecilia Farfán, del Institute on Global Conflict and Cooperation.
La versión del “Mayo”, empero, sería una maniobra para evitar un juicio en Estados Unidos, donde ya rechazó los cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero, entre otros.
Argumentarían que “hubo una aplicación extraterritorial de la justicia estadounidense para impugnar un juicio”, opina el consultor David Saucedo.
Pero ese supuesto “no va a tener valor aquí en Estados Unidos”, apunta Vigil, veterano exagente de la DEA asignado a México en distintos períodos.
Vigil refiere el caso de un mexicano enjuiciado hace dos décadas en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, pese a que alegaba una detención ilegal.
Fue liberado por falta de pruebas en este crimen atribuido al cártel de Guadalajara, simiente del de Sinaloa que tiene varias facciones.
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Desconfianza
Vigil ve además inconsistencias en la versión del “Mayo”, como que “el narcotraficante más buscando del mundo” haya acudido a una cita con cuatro escoltas a encontrarse supuestamente con otros hijos del “Chapo”, enemigos suyos, para resolver un problema doméstico.
Para él, la hipótesis más creíble es que Guzmán López entregó a Zambada porque estaba negociando beneficios para él y su hermano Ovidio, extraditado en 2023, y en “venganza” porque un hermano y un hijo del “Mayo” declararon contra el “Chapo” Guzmán durante el juicio que lo condenó a prisión perpetua.
Mientras surgen otras piezas del rompecabezas, el caso parece agrietar aun más la cooperación antidrogas ante sospechas de que el gobierno mexicano asumió una actitud de “brazos caídos” para capturar a peces gordos, apunta Saucedo.
López Obrador, que acusa a la DEA de fracasar en su estrategia antidrogas, reiteró el lunes que la detención de capos no resuelve el problema y denunció un “modus operandi” de Washington para vincular gobiernos con el narcotráfico y así “someterlos”.
El gobernante izquierdista, que concluirá su mandato el 1 de octubre, defiende atacar la criminalidad desde la raíz -según él, la pobreza- bajo el eslogan “abrazos, no balazos”.
En medio de esas divergencias, que llevaron a limitar el papel de la DEA en México, López Obrador reconoce sin embargo que el caso Zambada ayudará “mucho a conocer todas las ligas” entre la política y el narco.
