La OEA condenó la tortura y desaparición forzada de opositores en Nicaragua como parte de un abuso sistemático de los derechos humanos, según una resolución difundida durante la Asamblea General del organismo que concluyó en la madrugada del jueves.
El país centroamericano es gobernado por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con una política de mano dura que en casi dos décadas ha dejado cientos de muertos en manifestaciones, políticos presos y miles de disidentes en el exilio.
La Organización de Estados Americanos condena “el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura”, señaló la OEA en la declaración emitida por los cancilleres y delegados del organismo en Panamá.
Nicaragua se retiró formalmente de la OEA en 2023, luego de que el ente hemisférico descalificara la reelección de Ortega en 2023.
“Eso no significa que hayan desaparecido las obligaciones que tienen en materia de derechos humanos, democracia, seguridad y desarrollo, no pueden desligarse de eso”, dijo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en la conferencia de prensa tras la clausura.
Ortega gobierna desde 2007 y obtuvo entonces un cuarto mandato consecutivo, luego de que varios de sus adversarios terminaran presos.
En la declaración, la OEA “Condena las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos”, algunos de los cuales podrían constituir “crímenes de lesa humanidad”.
La OEA exigió al Estado de Nicaragua a “liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitraria o injustamente, incluidas todas las personas sometidas a desaparición forzada o cuyo paradero se desconoce”.
“Hemos pedido hoy (...) la liberación de los presos políticos detenidos injustamente, y esa es una petición incondicional, no es que ellos tengan que decidir, simplemente tienen que hacerlo”, afirmó Ramdin.
Según oenegés, la represión en Nicaragua se ha agudizado tras las masivas protestas antigubernamentales de 2018, donde unas 300 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos de miles fueron forzadas al exilio.
Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, y Murillo, acusan a los organismos internacionales de “injerencistas” y “mentirosos”, y a sus opositores de haber intentado derrocarlos.
La OEA también pidió “cesar el uso generalizado de detenciones arbitrarias, respetar el debido proceso y todas las demás garantías legales, incluidas las garantías de un juicio justo”.
