EscucharManifestantes bloquearon el martes 24 de octubre varias vías en Panamá para exigir la derogación del contrato que permite a una compañía canadiense operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica, ante lo que el presidente Laurentino Cortizo advirtió que no tolerará desórdenes.
Por segundo día consecutivo, agentes antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a pequeños grupos que les lanzaron piedras en ciertos puntos de Ciudad de Panamá y en otras ciudades.
"Hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública, y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados", aseguró Cortizo, en un mensaje en televisión.
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Para este miércoles 25 de octubre, las protestas a nivel nacional se mantendrán en todas las provincias del país centroamericano, en el que es el tercer día consecutivo de manifestaciones.
En esta nueva jornada, médicos de la Caja de Seguro Social (CSS) entraron en un paro de funciones de 72 horas prorrogables, y docentes darán a conocer si vuelven o no a las aulas de clases, según informó el medio Telemetro.
Vías neurálgicas permanecen cerradas en la capital y en algunos sectores del centro de Panamá los manifestantes quemaron neumáticos y colocaron escombros.
"Esta patria no se vende, esta patria se defiende", corearon los manifestantes. En algunas zonas de este país centroamericano, las protestas, en las que participan maestros, médicos, obreros y otros gremios, fueron de cientos de personas.
Mientras tanto, las autoridades panameñas valoran la posibilidad de aplicar un toque de queda.
Las protestas, lideradas por el poderoso sindicato de la construcción, iniciaron el viernes luego de que el Congreso aprobó, en tres debates en menos de 24 horas, la ley que permite la operación de la minera canadiense First Quantum Minerals.
La sanción presidencial en la misma noche del viernes desató más la ira de los manifestantes, que consideran "inconstitucional" el contrato, que los aportes de la compañía al Estado son insuficientes y que la mina representa una amenaza para el medio ambiente.
La ley selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
"Tomamos la decisión correcta. No la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación por más de dos años" se llegó al acuerdo en 2023, aseguró el presidente.
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El gobierno destaca que la mina genera más de 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
“Estamos en desacuerdo con este contrato por razones ambientales, sociales, económicas y democráticas. Esta aprobación a sangre y fuego es una lesión muy grave al país”, afirmó Lilian González, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental.
