El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una de las herramientas humanitarias más significativas de la política migratoria de Estados Unidos. Se otorga a ciudadanos de países que enfrentan condiciones extraordinarias, como desastres naturales o conflictos armados, protegiéndolos de la deportación y confiriéndoles el derecho a trabajar legalmente mientras las condiciones en su tierra natal impidan un regreso seguro.
Desde enero, la administración del presidente Donald Trump ordenó una revisión sistemática de este programa como parte de su agenda para restringir la inmigración. Esta política ya ha resultado en la eliminación de la protección especial para ciudadanos de Venezuela, Haití, Afganistán, Nepal y Camerún.
Este lunes, la revisión se centró en Centroamérica, afectando a dos naciones que han contado con este amparo por más de 25 años, desde la devastación causada por el huracán Mitch en 1998.
El gobierno de Donald Trump decidió poner fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS) para nicaragüenses y hondureños, según anunció la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. La supresión de este beneficio, que ampara a cerca de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, entrará en vigor el próximo 6 de setiembre.
“Las condiciones han mejorado”
Según el DHS, la situación que originalmente propició la concesión del permiso en 1999 ha mejorado lo suficiente en ambos países como para garantizar un “regreso seguro”. “El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser solo eso: temporal”, explicó Noem.
El comunicado del DHS asegura que Honduras “ha hecho enormes progresos” para superar los impactos del huracán Mitch, y que la situación medioambiental en Nicaragua también permite el retorno de sus ciudadanos, obviando la crisis política y de derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega.
Rechazo de ONGs y gobiernos afectados
La decisión fue criticada por organizaciones de derechos humanos. WOLA, un centro de investigación basado en Washington, exhortó al DHS a revertir la medida, argumentando que ambos países aún sufren de “décadas de impunidad estructural, violencia y pobreza”. “Los nicaragüenses viven asimismo bajo un gobierno autoritario que les niega sus libertades cívicas”, agregó la ONG.
xPor su parte, el canciller hondureño, Javier Bu, lamentó la decisión en su red social X, recordando que el gobierno de Xiomara Castro había solicitado formalmente una extensión del programa durante una reciente visita de Noem a Tegucigalpa.
Como parte del proceso, el DHS ofrece una ayuda de $1.000 a los beneficiarios para facilitar su “retorno voluntario” o autodeportación.
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