EscucharDesde el año 2018, Costa Rica ha implementado una serie de beneficios fiscales con el objetivo de incentivar a la población a reemplazar sus vehículos de combustión por opciones de cero emisiones.
Originalmente, estos incentivos debían concluir en 2023, sin embargo, la Asamblea Legislativa optó por extender su validez hasta el año 2035, bajo ciertas condiciones específicas.
Las medidas tributarias para invitar a que se “descarbonizara” la flotilla vehícular incluían exoneración de impuestos y marchamos diferenciados, lo cual, sumado a una mayor oferta en el mercado (principalmente marcas chinas), precios accesibles y un tipo de cambio relativamente bajo, ha contribuido a que año a año se rompa récord de importaciones de este tipo de unidades.
De hecho, según datos de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), Costa Rica pasó de registrar 12.218 vehículos cero emisiones al cierre de 2023 a 22.731 el año pasado. Esto significa un total de 10.514 más durante un año, un promedio de casi 29 unidades diarias.
Ahora bien, pese a que el panorama luce positivo, lo cierto es que a partir de 2025 los beneficios de las unidades empezaron a desvanecerse. En conformidad con la Ley de Incentivos al Transporte Verde de 2022, este año se observan aumentos en los impuestos al Valor Agregado (IVA), de propiedad vehicular, aduaneros y selectivos al consumo.
Más impuestos a detalle
Desde este año, la exención del impuesto sobre la propiedad para vehículos eléctricos disminuirá otro 20%, impactando directamente el costo del marchamo. En 2022, estos vehículos estaban completamente exentos de este impuesto, pero cada año se ha reducido un 20%. Esto significa que en el 2025, deberán pagar el 60% del impuesto, en 2026 el 80%, y para el 2027, será la totalidad del tributo.
A partir del 13 de junio, se deberá pagar el impuesto selectivo de consumo, que corresponde a un 30% del valor de importación, es decir, cuando llega a aduanas. Con la ley actual, empezarán a pagar ese tributo, de forma escalonada.
Por lo tanto, en 2025, las unidades cero emisiones abonarán el 25% de dicho impuesto y mantendrán esa tarifa durante tres años. Del 2028 al 2030, deberán cancelar el 50%, y del 2031 al 2033, les corresponderá el 75% del impuesto. Finalmente, a partir de 2034, perderán todo beneficio en esta categoría tributaria.
En otras palabras, a partir de este año aumenta 25% el selectivo de consumo (se exonera un 75%). Este gravamen es del 30% del valor del vehículo, entonces se pagará un 25% de ese 30%, lo que viene siendo un 7,5%.
La próxima semana aumenta un 25% el impuesto aduanero (o sea se exonera un 75%). El aduanero es del 1% del valor CIF (costo, seguro y flete del carro) puesto en puerto (es el primer impuesto que se paga), entonces se pagará un 25% de ese 1%, lo que viene siendo un 0,25%.
Por otro lado, el impuesto al valor agregado va a continuar subiendo un punto porcentual cada año hasta llegar a la tarifa del 13% en el 2035. Para el 2025 ya alcanza una tarifa del 3%.
Por ejemplo, un vehículo cero emisiones que tiene un valor CIF de $40.000 tendría que pagar $3.000 más solo por concepto de impuesto aduanero y selectivo de consumo. Otro caso es el de un carro que cuesta $25.000, el cual tendrá un cargo de $1.687 adicionales.
¿Frenó este aumento la demanda de autos eléctricos?
Una de las grandes interrogantes con este nuevo escenario para los vehículos eléctricos es si se pondrá un freno a la demanda. De momento, no ha sido así, al menos en el inicio del 2025.
Según Asomove, entre enero y abril de este año han ingresado al país casi 3.918 unidades cero emisiones entre carros, motos, camiones, paneles de carga, flotas empresariales, flotas institucionales y vehículos de plataformas de transporte.
Además, según esta organización, la proyección para el cierre del año es que haya casi 35.000 vehículos de este tipo circulando en el país. Esto significaría un aumento de casi 12.000 en comparación con el cierre de 2024.
“El interés por los vehículos eléctricos continuará porque está probado que a lo largo de su vida son más eficientes y económicos que los de gasolina, al ahorrar más del 40% en costos operativos como cambios de aceite, menos reparaciones en general y por el precio más barato de las recargas versus el costo de la gasolina”, indicó Silvia Rojas, directora ejecutiva de Asomove.
La organización resalta que el costo total de propiedad de un eléctrico siempre será menor por lo que sumado a sus mejores prestaciones seguirán siendo la mejor opción en tecnología, ahorros y beneficios al ambiente.
Por su parte, los representantes de las concesionarias consideran que la disminución paulatina de los impuestos forma parte de una nueva realidad del sector automotriz, pero que aún quedan más desafíos estructurales por resolver.
“A pesar de estas variaciones, la demanda de nuestros vehículos eléctricos se mantiene estable y creciente (...). Más allá de los marcos regulatorios, estamos convencidos que la transición hacia tecnologías limpias no solo es una necesidad global, sino una dirección irreversible para el futuro del planeta”, comentó Abraham Rodríguez, Gerente Comercial de Cori Motors.
Otra de las preocupaciones de quienes quieren cambiarse a un modelo eléctrico es dónde cargar los vehículos y esto a la postre ralentiza la descarbonización de la flotilla vehicular. En su informe Movilidad eléctrica en Costa Rica: oportunidades para una sociedad descarbonizada, el Mideplan señala que, según un estudio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la red de carga permanece mayoritariamente ubicada en la Gran Área Metropolitana (GAM) y aún se percibe como “insuficiente” para la cantidad de vehículos existentes.
“Los principales problemas de los eléctricos hoy es que la venta no avanza de la misma forma que la infraestructura de red de carga. Si bien las autonomías son cada vez mayores y los tiempos de carga son cada vez más rápidos, hay ciertas limitantes en los vehículos eléctricos que hacen que las personas sigan comprando vehículos de gasolina”, opinó Santiago de Priede, gerente de ventas país de Ambacar.
Mientras esto ocurre, por el momento no hay novedades sobre la posibilidad de que los diputados vuelvan a revisar la ley de incentivos eléctricos para valorar si las acciones fueron suficientes para cumplir con los objetivos de descarbonización de la flota vehicular en el país o bien si conviene hacer ajustes en los plazos de los incentivos. Hay que recordar que la ley original data de 2018 y fue reformada en 2022, por lo que ha pasado relativamente poco tiempo desde la última revisión.
