EscucharEl contrabando, la falsificación, la piratería y la evasión de impuestos representan ¢10 de cada ¢100 que gasta una familia costarricense.
Esta situación preocupa a la Cámara de Comercio de Costa Rica que informó esta mañana sobre la creciente sofisticación, la cual, trasciende la competencia desleal y se ha convertido en un desafío directo para las finanzas públicas y la seguridad nacional.
La investigación: Segunda Estimación del Comercio Ilícito en Costa Rica, determinó que el comercio ilícito de mercancías equivale al 3,2% del producto interno bruto (PIB), una cifra que supera en 1,5 puntos porcentuales la estimación realizada en el 2019.
Al incorporar los servicios a esta medición, el volumen total del mercado irregular asciende al 3,5% del PIB, lo que representa un impacto económico superior a ¢1,6 billones (aproximadamente $2.700 millones).
Impacto en la recaudación y el mercado
La magnitud de este mercado paralelo genera un fuerte golpe a la recaudación de impuestos.
El estudio estima una pérdida de ingresos tributarios cercana a ¢664.000 millones, un monto que equivale al 1,4% del PIB del 2022 y que representa un 38% del déficit financiero del Gobierno Central.
El contrabando abarca una amplia variedad de bienes de consumo cotidiano y no se limita a las categorías tradicionales.
Aunque los cigarrillos (56%) y las bebidas alcohólicas (37%) lideran el mercado ilícito, el impacto se extiende a jabones y perfumes (25%), calzado (15%), productos farmacéuticos (14%), cebollas (13%) y productos lácteos (11%).
Esta diversificación ha encontrado un nuevo canal de expansión en el comercio electrónico transfronterizo mediante paquetería internacional aérea.
Vínculos con el crimen organizado
Las autoridades comerciales alertan que el comercio ilícito opera actualmente como una fuente de financiamiento para la diversificación y expansión del crimen organizado, apoyado en el uso de nuevas tecnologías y la cooperación transnacional.
El estudio hace referencia al Índice Global de Crimen Organizado, el cual señala que Costa Rica escaló 30 posiciones en su nivel de criminalidad entre el 2021 y el 2025. Simultáneamente, el país descendió diez lugares en su capacidad para contener este flagelo entre el 2021 y el 2023.
“El comercio ilícito trasciende la competencia desleal y debe abordarse también desde sus implicaciones para la seguridad del país. Frente a una problemática que evoluciona, Costa Rica necesita fortalecer sus capacidades de prevención, detección y control”, afirmó Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Recomendaciones
Tras analizar más de 30 experiencias y prácticas internacionales, se emitieron una serie de recomendaciones orientadas a frenar el avance del comercio irregular sin obstaculizar el tránsito legítimo de mercancías.
Entre las principales propuestas destaca la necesidad de avanzar hacia un modelo de aduana inteligente, mejorar la vigilancia y la integridad en los puestos de control, y optimizar el rastreo y la trazabilidad de los bienes.
Asimismo, el sector privado subraya la urgencia de adecuar las sanciones normativas, reforzar la coordinación interinstitucional y promover alianzas público-privadas que protejan tanto al consumidor como la institucionalidad del país.
