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El blockchain es mucho más que criptomonedas. Este tipo de red permite la aplicación de diversas tecnologías, como los contratos inteligentes (smart contracts). Estos cambiarían la manera de hacer negocios, transferir activos o hasta llevar a cabo procesos electorales.
Los contratos inteligentes son protocolos o acuerdos que se realizan a través de plataformas de blockchain, pero en lugar de utilizar lenguaje legal estos son redactados en lenguaje informático.
Por su parte, el blockchain se define como un libro contable digital, encriptado, distribuido y descentralizado que posibilita el intercambio de información y transacciones sin la necesidad de que intervenga ningún tercero intermediario, según explicó Paola Fernández, egresada de derecho y quien actualmente realiza su tesis en el área de contactos inteligentes.
Así, los contratos inteligentes auto ejecutan comandos preestablecidos por libre consenso y voluntad de las partes, sin intermediarios que participan en contratos tradicionales. Si una de las condiciones del acuerdo no se cumple, como por ejemplo no contar con los recursos monetarios acordados para llevar a cabo una venta, el smart contract no se ejecuta, gracias a las ventajas que brinda la tecnología blockchain.
La disminución de costos transaccionales así como la casi imposibilidad de modificarse o eliminarse son parte de las ventajas que ofrecen los smart contracts. En caso de que exista interés en modificar lo que dicta el contrato hecho a través de la tecnología de bloques, las partes deben llegar a un consenso y crear un nuevo contrato, lo que dejaría sin uso al anterior.
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Por sus facilidades y ventajas, este tipo de contrato podría revolucionar la forma de hacer negocios de manera más ágil, confiable, sin intermedarios y con menores costos, según afirman los entusiastas de la tecnología a nivel mundial.
¿Cómo podrían implementarse? Un ejemplo puesto por Fernández es la posibilidad de sistematizar el manejo del dinero y la ejecución de pagos en las empresas o hasta la trazabilidad de productos de consumo a través de los smart contracts.
Podría ser también para la industria médica en Costa Rica. Una empresa que elabore productos médicos y que dependa de materias primas que se producen en el país, trasladaría las transacciones logísticas con sus proveedores a la tecnología blockchain y así poder negociar los insumos necesarios a través de contratos inteligentes.
“Este tipo de contrato permite la transparencia y automatización de muchos procesos que hoy dependerían de algún trámite burocrático u operativo entre organizaciones”, comentó Ilán Meléndez, líder regional de LaCChain.
Sin embargo, en Costa Rica aún falta mucho camino por recorrer para extender el el uso de los contratos inteligentes y una de las principales barreras para ello es lo cultural y lo educativo. Así lo mencionó Rogelio Nájera, investigador en tecnología e integrante de la fintech Innovamars, quien señaló que la adopción de este tipo de acuerdos por parte de las empresas es muy poca o casi nula aún; no obstante, a nivel de personas particulares sí se percibe un mayor crecimiento.
“Los smart contracts permiten romper paradigmas, lo que antes era impensable ya se ha vuelto una cuestión real y cotidiana. Uno de los usos que se están dando en Venezuela y Filipinas por ejemplo, es que se convirtió en una fuente de ingreso, principalmente por los relacionados a videojuegos”, explicó Nájera.
Un ejemplo de uso dentro del mercado de los videojuegos es la incorporación de los contratos de derecho de autor al blockchain, lo que automatiza y agiliza el proceso al reducir tanto costos como tiempo al no tener que procesar los derechos de autor de la manera tradicional. Sus usos pueden ser de persona a persona, hasta entre desarrolladores de videojuegos y grandes empresas.
Por otro lado, Meléndez señaló el país podría centrarse en dos participantes para promover el uso de estas figuras en el parque empresarial: en los emprendimientos y en las empresas con mayor capacidad con cadenas de valor que puedan incluir a muchos otros participantes.
Una de las opciones en el segundo caso podría ser utilizar la tecnología del blockchain y contratos inteligentes -por parte de entidades financieras o la Bolsa Nacional de Valores (BNV), por ejemplo- en el factoreo de las empresas, que es utilizado principalmente por las pymes. Como este, son cientos los usos que podrían implementarse en el sector empresarial y financiero.
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¿Y el ámbito legal?
Fernández explicó que, aunque actualmente los contratos inteligentes que se pueden desarrollar no son formalmente “contratos”, por cuanto no se encuentran contemplados en las actuales interpretaciones de las leyes civiles y de comercio, pero sí se pueden utilizar en virtud del principio de la autonomía de la voluntad.
Sin embargo, una de las grandes inquietudes a la hora de utilizar este tipo de contrato es su validez en el sistema legal costarricense en caso de disputas, puesto que el país no cuenta con normativa actualizada que se relacione a las aplicaciones del blockchain directamente.
Pero la tecnología de bloques permite un alto grado de seguridad en cuanto al cumplimiento de las partes. Esto, porque el código incluye las reglas o parámetros con las que ambas parten deciden interactuar; si lo definido se cumple, el contrato se ejecuta de manera automática, pero si alguno de los involucrados no cumple con alguno de los requisitos, el contrato no se efectúa.
Asimismo, existen posibilidades de incorporar al acuerdo otra garantía. Georgette Barguil, asociada senior de Facio & Cañas, explicó que lo que se ha resuelto en algunos casos es realizar dos contratos, es decir uno redactado en lenguaje informático y otro en lenguaje natural. En este segundo es dónde se definen las cláusulas correspondientes a la jurisdicción en caso de conflicto y cláusulas arbitrales.
Algo similar son los contratos ricardianos en las transacciones, como los que utiliza EOS Costa Rica y que se tratan de documentos digitales que “definen los términos y condiciones entre los involucrados en el contrato, estos están firmados y verificados criptográficamente y pueden ser leídos tanto por humanos como por sistemas informáticos”.
Por otro lado, surgen otras inquietudes al hablar de esta tecnología y sus aplicaciones, como la necesidad de actualizar y robustecer a los actores reguladores en el país, con el objetivo de mantener controles en la línea de la protección de datos y combate contra actividades ilícitas.
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Además, las opiniones sobre una eventual regulación en el uso de los contratos inteligentes son diversas y la mayoría se mueven en el objetivo de homologar estos contratos en la legislación nacional.
Para Barguil una eventual regulación generaría valor a las relaciones comerciales que se realizan en Costa Rica.
“Esta tecnología podría convertirse en una industria que genere empleo en nuestro país y atraería empresas que los utilizan en sus giros de negocio, el no tener una regulación dejaría en ‘el aire’ la aplicación y ejecución de estos contratos alejando que nuevas tecnologías e industrias se asienten en el país”, comentó la abogada.
Ignacio Guzmán, abogado de la firma Guzmán & Durán, aseguró que en Costa Rica ya existe regulación suficiente que podría ayudar a resolver las disputas que puedan surgir de diferentes tipos de contratos en caso de errores y que, justamente, los esfuerzos deberían orientarse por el lado de la aceptación cultural y a nivel de sistema gubernamental de estos nuevos acuerdos.
“Desde mi óptica no tenemos que esmerarnos tanto en buscar una regulación específica para esta tecnología en sí, sino que ya tenemos respuestas en el ordenamiento jurídico para las eventuales situaciones de disputa que pueda haber”, comentó.
