EscucharAlquilar una propiedad en Airbnb o en alguna otra plataforma de alquiler a corto plazo supone e implicará importantes restricciones en diversas ciudades del mundo como Nueva York y Florencia.
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Las medidas contra este tipo de plataformas se dan, principalmente, porque el precio de los alquileres convencionales de vivienda están subiendo ante la merma en la oferta de inmuebles para este fin, ya que los propietarios de casas o apartamentos tienden a preferir rentarlos a corto plazo, en vez de destinarlos a los alquileres tradicionales.
Otro de los motivos de las restricciones en algunas ciudades es la molestia que puede generar la llegada de turistas que tienen un comportamiento inapropiado en los residentes de las localidades cercanas al inmueble que se renta a corto plazo.
A continuación, El Financiero repasa cuáles son las medidas que se están tomando en diferentes lugares del mundo:
Medidas contra alquileres de Airbnb
- Nueva York, Estados Unidos: A partir del 5 de setiembre de 2023 regirá la Ley de Registro de Alquiler a Corto Plazo, que se aprobó en 2022 e instauró reglas para registrarse como un alquiler para pocos días.
Con la nueva legislación, Nueva York permitirá que se alquilen apartamentos o casas por menos de 30 días siempre y cuando el anfitrión esté presente en el alojamiento y no tenga más de dos huéspedes que paguen a la vez.
“La persona que alquila la casa o el apartamento debe ‘mantener un hogar común’ con los huéspedes. De lo contrario, el alquiler a corto plazo es ilegal”, se indica en el sitio web de la Oficina de Ejecución Especial de la alcaldía de Nueva York.
Además, con las nuevas medidas la ciudad estadounidense exige que los anfitriones se registren ante esta oficina especial, la tarifa de solicitud de registro es de $145.
Las plataformas de reserva tendrán prohibido permitir transacciones de alquileres a corto plazo no registrados.
- Penang, Malasia: El gobierno de esta isla prohibió los alquileres vacacionales a corto plazo, para frenar el comportamiento antisocial de los turistas.
Una noticia del medio de comunicación The West Australian, publicada el 22 de agosto de este año, expone que ahora solo unas pocas categorías de propiedades comerciales, como los apartamentos con servicios, podrán recibir huéspedes, sujeto a tarifas anuales y a la aprobación obligatoria del 75% de los demás residentes del edificio donde se ubique el inmueble que se pretende rentar.
Cada propiedad de alquiler únicamente podrá recibir huéspedes durante un máximo de tres días a la semana.
The West Australian añade que el alcalde del ayuntamiento de la isla de Penang (MBPP) explicó que las unidades comerciales deben registrarse en el MBPP y los propietarios tienen que suministrar documentación adicional a la Comisión de Empresas de Malasia.
- Florencia, Italia: Esta ciudad europea aprobó, en julio de 2023, el primer documento formal para prohibir que las propiedades residenciales en su centro histórico sean utilizadas para alquileres a corto plazo por plataformas como Airbnb.
“El fenómeno de los alquileres turísticos está transformando los centros históricos de nuestras ciudades. Es una de las causas de la explosión en los precios de los alquileres y limita las condiciones de vida de familias, jóvenes, estudiantes y trabajadores”, dijo el alcalde de Florencia, Dario Nardella, según el medio de comunicación argentino La Nación.
La nueva legislación, además, brindaría incentivos fiscales para los propietarios que quieran cambiar el destino de sus propiedades por alquileres de mediano y largo plazo.
- Valencia, España: El sitio euronews.travel expone que la ciudad española está actualmente luchando para prohibir los alquileres vacacionales de corta duración en su centro histórico.
- Portugal: El país europeo anunció, el jueves 16 de febrero de 2023, un conjunto de medidas para abordar la crisis inmobiliaria, entre ellas estaba la prohibición de nuevas licencias para Airbnb y otros alquileres vacacionales a corto plazo, excepto en las zonas rurales menos pobladas.
Según la agencia de noticias Reuters, también se introduciría un mecanismo para regular los aumentos de los alquileres y el gobierno ofrecería incentivos fiscales a los propietarios que conviertan inmuebles turísticos en casas para que los locales las renten.
El ambiente en Costa Rica
Según Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicación Airbnb para Centroamérica y el Caribe, en Costa Rica el ambiente para la plataforma es muy diferente a las ciudades estadounidenses y europeas. Calificó al clima local del negocio como positivo.
“Creo que en las grandes ciudades tanto en Estados Unidos y en Europa tienen su propia dinámica. Cada destino desarrolla su propia manera de reaccionar ante esas presiones. En Costa Rica estamos viendo un ambiente muy diferente (...) donde hay una democratización del turismo costarricense”, consideró Muñoz.
En territorio nacional, la Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional y su Intermediación a través de Plataformas Digitales (9.742) establece que las propiedades de alquiler para turistas deben registrarse ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
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Las personas que prestan el servicio de hospedaje no tradicional también tienen que registrarse ante la Dirección General de Tributación (DGT). El ICT es la institución responsable de hacer un control cruzado para el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) y renta, con el objetivo de presentar periódicamente la información a la DGT.
Según cifras de la Gestión Turística del ICT, en Costa Rica hay 579 empresas inscritas ante la entidad para alquilar propiedades en plataformas de hospedaje no tradicional, de las cuales 12 se encuentran registradas como comercializadoras.
Yo creo que en Costa Rica las autoridades han reconocido la demanda que existe por parte de los visitantes al país por esta opción y han reaccionado de una manera muy responsable, necesitando cumplir con ciertas funciones públicas que tiene el Gobierno pero no buscando limitar y obstaculizar a los mismos costarricenses la posibilidad de poderse beneficiar económicamente.
— Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicación Airbnb para Centroamérica y el Caribe
