Una acción de inconstitucionalidad contra la ley que regula las fusiones y adquisiciones, ofrece como prueba la aprobación de la compra de farmacias La Bomba, por parte de Cuestamoras Salud, resuelta en 2017. El demandante solicita la anulación del proceso.
Debido a la admisión de esta solicitud para su estudio por parte de la Sala Constitucional, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) que es el ente rector, dejó en vilo la resolución de al menos dos casos de concentraciones que se encontraban a la espera de autorización.
El proceso fue presentado por un farmacéutico independiente, de apellido Zeledón. El comerciante afirmó que la aprobación de la compra afectó directamente su actividad comercial, pero el proceso establecido por la ley 7472, le impidió defenderse.
En el expediente 18-019669-0007-CO, del cual EF tiene copia, se solicita la declaración de inconstitucionalidad contra una serie de artículos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472, por considerarlos contradictorios con el artículo 46 de la Constitución Política, que dice: “Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria”.
Y en el apartado de Petitoria, Zeledón demanda la nulidad de la concentración entre La Bomba y Cuestamoras.
“De igual forma y por la misma razón y fundamento; solicito, sea declarada (sic) absolutamente nulo el procedimiento administrativo y la resolución final dictada por COPROCOM de las 18 horas con 40 minutos del 29 de agosto del 2017; VOTO 61-2017; donde se autorizó la concentración o fusión de empresas denominada “cadena de farmacias La Bomba” a favor de la SOCIEDAD 3-101-731314 S.A. (subsidiaria de Cuestamoras Salud S.A., dueña de las Cadenas de Farmacias Fischel y Droguería Cefa”, se lee en el texto.
LEA MÁS: Ente regulador de competencia suspende emisión de criterios sobre fusiones de empresas
Tema de farmacias
En sus alegatos, Zeledón afirmó que él y su negocio fueron afectados directamente por la decisión de Coprocom, al autorizar la compra de Farmacias La Bomba por parte de Cuestamoras Salud, empresa propietaria de Farmacias Fischel.
“Se me ha generado un verdadero estado de indefensión en vía administrativa, nunca fui notificado en la forma que establece la ley, siendo un afectado directo con lo que se resolvió. Se me cercenó toda posibilidad de apersonarme en ese proceso a defender mis derechos, no se me permitió tener acceso al expediente y además se me cercenó toda posibilidad de recurrir la decisión final. Estos actos violatorios son extensivos a todos los farmacéuticos independientes que se dedican a la farmacia comunal en todo el país”, recalcó Zeledón.
En el documento presentado el 6 de diciembre de 2018, el denunciante mencionó las prácticas de control de precios por las cuales, en febrero de este año, Coprocom multó con ¢11.891 millones al Grupo Cefa Fischel –ahora en poder de Cuestamoras Salud. El conglomerado incluye a CEFA Central Farmacéutica, Nueva SAI Productos Farmacéuticos, Farmacias EOS S.A. y Nueva Farmacia Fischel.
“El único fin de esta práctica; es hacer desaparecer a muy corto plazo a las farmacias independientes como las del suscrito, que sirven de contrapeso en la actividad mercantil de medicamentos, para mantener la estabilidad comercial que requiere el consumidor”, enfatizó.
El proceso legal ante la Sala Constitucional se encuentra en etapa de contestación de audiencias de las partes. La resolución de acciones de inconstitucionalidad históricamente se ha extendido entre 6 y 24 meses.