EscucharLa empresa Minerva —propietaria de marcas tan reconocidas para los consumidores de bebidas gaseosas en Costa Rica como Zarza— es protagonista en un caso de narcotráfico internacional.
El “caso Corona”, como lo bautizaron las autoridades policiales, se hizo público este 14 de noviembre. La teoría de las autoridades es que una presunta estructura delictiva se habría infiltrado en la empresa y habría utilizado sus envases como instrumento para enviar cocaína, en estado líquido, al extranjero.
Este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolló una serie de operativos, los cuales incluyeron 22 allanamientos y más de una decena de detenciones.
¿Cómo se vio implicada la reconocida compañía de bebidas en en este contexto? EF le resume lo que se sabe hasta el momento.
Los allanamientos y las detenciones
El OIJ realizó 22 allanamientos y una decena de detenciones, este 14 de noviembre, para desarticular una organización criminal que, según sus investigaciones, se dedicaba a trasladar cocaína en estado líquido hacia Europa y Asia.
Los 22 allanamientos se realizaron en propiedades ubicadas en diversas regiones del país (Puntarenas, Escazú, Ipís, Guadalupe, Santa Ana, Desamparados, Pinares, La Unión, Sarapiquí, Turrialba y Grecia); incluidas las propias instalaciones de la empresa Minerva, ubicadas en Poás.
En cuanto a las 10 detenciones, las autoridades identificaron ocho hombres de apellidos Lozano Bonilla (51 años), Caicedo Valoi (56), Vayoles Mosquera (45), Montoya Gutiérrez (58), Lemos Rebellón (43), Herrera Soto (44), Picado Sánchez (37), Herrera León (38), así como a dos mujeres de apellidos Murillo Picado (42) y Brenes Murillo (28).
Además, se buscaba a otras dos personas de apellidos Fonseca Vargas y Montes Fonseca, los cuales se entregaron por su cuenta a las autoridades tras los allanamientos.
En el grupo se identificaron personas de nacionalidades costarricenses, colombianas y colombianas naturalizadas costarricenses. A todas ellas, se les investiga por los presuntos delitos de tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales, según la policía judicial.
Tres de los detenidos, indicó a la prensa el director del OIJ, Randall Zúñiga, eran el dueño de la empresa Minerva y dos mujeres asociadas con este; otros tres se dedicaban a facilitar el lavado de dinero, en condiciones de abogado, financiero y arquitecto.
En un comunicado conjunto, el OIJ y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos indicaron que, “debido al número de detenidos”, se proyectaba que “las diligencias indagatorias se desarrollen durante varias horas” y “una vez finalizadas, los investigados serían puestos a la orden del Juzgado Penal de La Unión para la correspondiente solicitud de medidas cautelares”.
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¿Cómo operaba la red?
Zúñiga explicó que el grupo criminal habría usado pasta base de cocaína traída desde Sudamérica, la cual se alteraba químicamente en el país para luego transportarla como un líquido y, de esta manera, sortear los controles en los puertos del Caribe y sus escáneres.
Este procedimiento químico se realizaba en un laboratorio instalado en el cantón de Coronado, el cual también fue allanado este martes por las autoridades, según dieron a conocer las autoridades.
Telenoticias, el noticiero de canal 7, informó de que en esa propiedad se encontraron pichingas con cocaína diluida, vehículos con compartimentos ocultos, algunas fosas, y sistemas de destilación y de filtrado.
¿Cómo se implicó Minerva?
Las autoridades del OIJ sospechan, con base en sus pesquisas, que los altos mandos de la empresa habrían estado implicados, por “prestar” la marca al grupo criminal.
Según explicó Zúñiga, el grupo narcotraficante necesitaba envases y una empresa que sirviera como “mampara” para exportar: un papel que habría sido el de Minerva.
“En este caso, utilizaron la empresa de un sujeto de apellido Herrera”, quien “también está presuntamente involucrado en el ilícito porque facilitó la marca comercial para poder trasegar la cocaína líquida en envases”, declaró Zúñiga.
En cuanto al empacado de la cocaína en los productos, Zúñiga señaló que “no se hacía en horario normal”, por lo que no habrían estado implicados todos o siquiera la mayoría de los empleados de la compañía.
“Se hacía en un horario inhábil, por así decirlo, fines de semana o en horas de la noche, entonces se ocupaba gente de confianza que se dedicara al llenado de las botellas y no los demás empleados de la fábrica”, afirmó el jerarca policial a Teletica.
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¿Cómo saltaron las alarmas?
Según explicaron las autoridades del Poder Judicial, las investigaciones sobre este caso iniciaron desde el año 2022.
Además, añadieron, a este grupo se le decomisó un cargamento de 185 botellas, el 6 de junio pasado, en la frontera entre Jordania e Israel.
Según la Fiscalía, dicho cargamento “viajó en un contenedor que salió de Moín”.
El tamaño de las operaciones
Con las ganancias de sus actividades, explicó Zúñiga, el grupo criminal compraba propiedades, incluidos centros comerciales.
“Es un grupo que movió más de ¢12.000 millones en legitimación de capitales”, señaló el director de la policía judicial. “Se está anotando 39 propiedades, incluyendo apartamentos, una pollera y centros comerciales, por ejemplo, uno bastante importante en Limonal de Guanacaste”, subrayó.
En un comunicado de prensa, el OIJ señaló que, “durante las acciones policiales desarrolladas esta mañana, además de detener a estas personas como sospechosas (...) se decomisó evidencia importante para la investigación, como armas de fuego, joyas, diferentes artefactos electrónicos, vehículos de alta gama y diferentes propiedades”.
“Solo en bienes inmuebles se está anotando propiedades que tienen un valor de alrededor de $13 millones” y “también tenemos una serie de vehículos, 29 vehículos, con un valor aproximado a los ¢647 millones (poco más de $1 millón), más los incrementos patrimoniales que se manejan en diferentes entidades del sistema financiero”, declaró el fiscal adjunto Mauricio Boraschi a Telenoticias.
La anotación de los bienes implica una advertencia en el Registro Nacional, de modo que cualquier persona pueda distinguir que ellos están bajo investigación judicial y bajo la posibilidad de disputas legales posteriores.
Entre los sitios allanados, también estaba una zona en la que se construía un motel en San Pedro de Poás, perteneciente al dueño de la empresa Minerva, según explicó Telenoticias.
Caso pionero
Las autoridades del OIJ también confirmaron que este es un caso pionero en Costa Rica, pues nunca antes se había documentado el caso de una organización dedicada a confeccionar y exportar cocaína en estado líquido desde el país.
Minerva Bebidas no se pronunció tras el estallido del caso. Por el contrario, tanto esta compañía como su empresa distribuidora, Tico Bebidas, desactivaron sus redes sociales.
La causa penal se tramita bajo el expediente 22-000088-0622-PE. Según las autoridades, “se investiga tanto el tráfico internacional de los estupefacientes como el destino que se dio a las ganancias que habrían resultado de la actividad ilícita”.
