EscucharEl Juzgado Concursal ordenó que se abra un proceso de liquidación para la empresa Viajes Colón y todo su conglomerado de servicios turísticos.
Este proceso de quiebra, como ocurre en la mayoría de estos casos, llegó porque los tribunales detectaron que la compañía no contaba con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones más básicas, incluidas deudas a acreedores públicos y privados.
Ante este tipo de condiciones, los tribunales optan por declarar la quiebra, al considerar que se trata de la salida más responsable para salvaguardar los derechos de la propia compañía y de las personas afectadas por ella.
El proceso de quiebra, en el caso de Viajes Colón, inició por gestiones legales externas. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) realizó los trámites, al encontrar que la empresa le adeudaba altas cantidades, al igual que lo hacía con el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otras instituciones públicas y privadas.
Según publicó La Nación, los montos adeudados por Viajes Colón eran de ¢1.256 millones en cargas sociales y ¢556 millones en procesos administrativos con Tributación, hasta el 24 de noviembre pasado.
Sin embargo, los casos de “quiebra” no son aislados y también pueden surgir por iniciativa propia de las empresas, cuando perciben que ya no tienen mayores posibilidades.
EF revisó el historial y le presenta algunos de los casos más llamativos de los últimos cinco años.
El caso de Yanber
Yanber fue una empresa dedicada a la industria del plástico que llegó a contabilizar 65 años de operaciones en el país y que parecía sólida hasta que, en junio de 2015, acudió al Juzgado Concursal para solicitar un convenio preventivo que en ese momento intentaba evitar la quiebra.
Finalmente, este trámite no logró su objetivo y, en febrero de 2016, el dueño de la compañía, Samuel Yankelewitz, terminó cediendo las acciones de la firma a 18 bancos privados como pago por el endeudamiento que la empresa no podía pagar.
Una vez traspasada la compañía, su dirección fue asumida por nuevos empresarios, pero la empresa finalizó cayendo en quiebra porque se detectaron maquillajes contables.
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Esa situación provocó investigaciones legislativas y judiciales (estas últimas, por los presuntos delitos de estafa contra entidades financieras), pues los acuerdos aceptados por los bancos habrían resultado ruinosos para ellos.
Según la sentencia de quiebra de la compañía, solo el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica lograron recuperar parte del dinero que le adeudaba la compañía; pero el pasivo que dejó sin atender a entidades financieras y proveedores era todavía de $70 millones hasta ese momento.
De ese gran total, hasta $14 millones correspondían al Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social.
Aldesa
Aldesa fue una empresa de asesoría bursátil y que también trabajó directamente en el mercado de valores.
Los problemas financieros de la compañía se hicieron palpables hasta marzo de 2019, cuando Javier Chaves, el presidente de la compañía, acudió a instancias judiciales alegando problemas de liquidez que ameritaban un plan de reestructuración.
Aldesa planteó suspender por tres años los pagos a un grupo de más de 500 inversionistas de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada, entre otros, por unos $200 millones. Entre tanto, la compañía esperaba reorganizar sus finanzas y cerrar su puesto de bolsa, que había dejado de ser rentable.
La empresa tenía problemas de endeudamiento con múltiples de sus proyectos, incluido el desarrollo inmobiliario Monte del Barco (en Papagayo, Guanacaste): una iniciativa de corte turístico de 432 hectáreas de terrenos que terminó siendo calificado como “inviable” por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en junio de 2022 y finalmente nunca logró edificar un solo inmueble.
Finalmente, a pesar de planes de la entidad para intentar enmendar sus problemas, Aldesa fue declarada en quiebra por el Juzgado Concursal en julio de 2022.
En ese momento se dio por abierto el concurso para la fase de liquidación de las empresas que formaban parte del grupo de interés económico y se otorgó un plazo de 15 días a los inversionistas para apersonarse, si deseaban ser beneficiarios de la liquidación de las propiedades y todavía no formaban parte de algún otro proceso de reparación.
Ante la situación de insolvencia, desde 2019, múltiples personas afectadas denunciaron a Aldesa y su administración ante las autoridades judiciales y ante la Sugeval, alegando que habrían sido víctimas de infracciones a normas bursátiles y de una presunta estafa con negocios ruinosos.
Estas investigaciones incluso ya se tradujeron en una acusación por parte de la Fiscalía contra 22 personas; así como en multas millonarias por parte de la Sugeval en contra de la compañía y seis de sus exfuncionarios.
Bancrédito
Este no fue un caso de quiebra en términos estrictos, pues se trató de una institución estatal. Por este motivo, no siguió los mismos procedimientos que las empresas privadas en los juzgados concursales.
El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) fue cerrado por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2018, luego de que se determinó su condición de insolvencia, a pesar de que gobiernos anteriores intentaron aplicar planes de salvamento para ampliar su tiempo de vida.
La situación del banco estatal empeoró por la emisión de préstamos riesgosos a empresas, lo cual profundizó pérdidas que ya había experimentado la institución por la pérdida de negocios importantes como la administración de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo y las tiendas libres del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La entidad financiera incluso le debía ¢132.000 millones al Ministerio de Hacienda, recibidos por la entidad para intentar paliar sus problemas financieros.
Antes de su cierre, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) había ordenado la intervención del Banco y, en marzo de 2018, se determinó que la institución era inviable. A partir de este proceso, el gobierno de turno decidió plantear la absorción de Bancrédito por parte del Banco de Costa Rica.
Como parte de su cierre, Bancrédito liquidó a los 149 empleados que quedaban en la entidad (llegó a tener casi mil en 2008), devolvió sus ahorros a sus clientes y la cartera de crédito y sus inmuebles pasaron al BCR.
Este caso también fue trasladado al Poder Judicial y la Fiscalía incluso acusó, este año, al expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) junto con otros cuatro funcionarios, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
Además de Solís, se acusaron al exprimer vicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas; al exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro; a la exviceministra de Egresos y extesorera nacional, Martha Cubillo; y al subtesorero nacional Mauricio Arroyo.
A todos se les cuestiona por las inversiones de dinero público en la institución, a pesar de su debilidad comprobada.
El trámite judicial sigue en curso.
¿Qué es un proceso de quiebra en Costa Rica?
Cuando una persona o empresa enfrenta dificultades económicas y no cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a sus deudas, tiene la opción de declararse en insuficiencia patrimonial. Este paso desencadena un proceso concursal, el cual tiene consecuencias tanto para el deudor como para sus acreedores.
Lo importante que tiene este proceso es que le ofrece al deudor la protección legal y la oportunidad de reorganizar su situación financiera. El objetivo es que de manera transparente enfrente las deudas y proteja los derechos de los acreedores involucrados.
Para llevar a cabo este proceso es importante conocer que la Ley Concursal de Costa Rica (9.957), la cual establece las condiciones para determinar si una persona o empresa está en este tipo de situación, en su artículo 5.
Ernesto Solano, abogado de la de la Oficina del Consumidor Financiero, explicó que el término de “quiebra” ya no se utiliza. Ahora lo correcto es llamarlo insuficiencia patrimonial.
Para que exista una declaración de insuficiencia se debe interponer un proceso concursal ante un Juez de la República; aunque las partes (el deudor y sus acreedores) también pueden acudir a un proceso de resolución alterna de conflictos extrajudicial.
