EscucharCon la colaboración de Eduardo González Ciccarelli
Jair Bolsonaro ganó la elección presidencial en Brasil el octubre pasado. Su promesa de gobernar el país con mano dura y luchar contra corrupción y criminalidad creó esperanza para muchos brasileños tras años dolorosos dominados por escándalos y crisis económicas.
Durante la campaña electoral, varios medios internacionales calificaron a Bolsonaro como el Donald Trump brasileño, debido a su discurso extremista, posición anti establishment, afición a las armas y declaraciones políticamente incorrectas – para decirlo suavemente.
De alguna manera, la comparación con Trump fue validada al corto tiempo. Controversias sobre dos de los hijos de Bolsonaro dominaban los titulares y en una reciente encuesta entre 109 congresistas, el 61% dice que la relación con la administración es mala o muy mala.
Por mala suerte, las perspectivas económicas han empeorado. Antes de las elecciones, el consenso de economistas proyectaba un crecimiento económico de 3% para el 2019. Actualmente, solo se espera un crecimiento económico del 2.2%.
Es cierto que, en esta desaceleración económica, los factores externos (tensiones comerciales, recesión en Argentina, volatilidad de divisas) tienen un mayor peso y estaría mal culpar el presidente.
De todos modos, es evidente que el futuro de la administración de Bolsonaro depende de la situación económica. Es clave continuar e incluso acelerar el proceso de reformas que había iniciado su predecesor, Michel Temer.
La pieza más importante es la reforma del sistema de pensiones que ha creado un enorme agujero en las finanzas públicas de la nación. El sistema de pensiones actual es completamente insostenible, el gobierno actualmente gasta el 12% del PIB en pensiones, en comparación con el 8% entre los países desarrollados.
Según un reciente reporte de UBS, si nada cambia, en 2026 los gastos para pensiones representarán el 79% del presupuesto nacional.
Bolsonaro despertó esperanzas de una profunda reforma al nombrar a Paulo Guedes, ex banquero de inversiones, como su ministro de economía.
La propuesta que presentó el presidente el pasado 20 de febrero ha superado las altas expectativas. Su plan prevé un ahorro de 1.167 trillones de reales en 10 años.
Esta cantidad es significativamente más alta que la que propuso originalmente el presidente anterior, que era de 780.8 trillones. La mayor parte de los ahorros provendrán de cambios en las reglas para la jubilación de los trabajadores públicos y privados, ya que la edad mínima se incrementa hasta los 62 años en el caso de las mujeres y hasta los 65 en el de los hombres.
La propuesta también incluye un aumento de la tasa de contribución para los hogares con ingresos más altos, mientras que se disminuye la tasa de contribución para los trabajadores con ingresos más bajos.
El próximo paso es la aprobación de la propuesta por el Congreso, proceso el cual es bastante complicado. Las recientes tensiones entre Bolsonaro y Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, han creado dudas y nerviosismo entre los inversionistas.
También existen tensiones dentro del gabinete, el cual está dividido en tres grupos: Los tecnócratas, los ideólogos y los militares, entre ellos el general Hamilton Mourão, el vicepresidente, que a menudo ha contradicho a los hijos de Bolsonaro.
Sin embargo, es muy probable que la reforma sea aprobada. El gobierno parece seguir disfrutando de un período de luna de miel. Los tecnócratas y militares en la administración tienen la capacidad técnica que carece Bolsonaro.
Mientras tanto, el presidente todavía mantiene un alto nivel de aprobación (aunque ha bajado un poco recientemente) que le da capital político para impulsar la reforma.
Además, que esta goza de un amplio apoyo entre una serie de grupos de interés clave, como gobernadores quienes enfrentan graves problemas en sus propios sistemas de pensiones y el sector privado, que cree que las condiciones económicas no mejorarán sin el impulso que brindara la reforma de pensiones para poner fin a la crisis fiscal de Brasil.
El punto más importante es que los diputados y senadores probablemente no quiere ser culpados por posibles turbulencias económicas y la probable reacción negativa de los mercados financieros de no aprobarse alguna reforma.
Teniendo esto en consideración el riesgo principal es más bien una dilución de la propuesta o un retraso en la aprobación. La buena noticia es que, si la reforma pasa, Brasil estaría mejor posicionada para finalmente recuperarse de la profunda recesión que experimento entre el 2014 al 2016.
Para el nuevo gobierno el punto de partida no está tan mal como la percepción de muchos comentaristas, con niveles de inflación históricamente bajos, tasas de interés bajas -que probablemente no vayan a subir este año- precios de materias en recuperación y un acuerdo comercial entre EE.UU. y China casi por completarse, las perspectivas económicas en Brasil se ven muy favorables.
