Concesiones

Nada podía ser más fácil. Invitamos a expertos internacionales en el tema para aprender de su experiencia y nos dedicamos a identificar, en orden de prioridad, los proyectos que valía la pena concesionar: aquellos que hacían mucha falta por su impacto en la productividad agregada o el bienestar común de los costarricenses, cuyos volúmenes de operación permitirían generar un flujo financiero adecuado para los inversionistas y que además se tuviera o se pudiera adquirir la experiencia necesaria para su desarrollo con excelencia operativa.

Se elaboró una lista de cerca de 30 proyectos de infraestructura logística —terrestre, aérea y marítima—, energética, de seguridad y justicia —cárceles modernas—, de agua, alcantarillado y tratamiento, de salud, de educación y mucho más.

La lógica era que el sector privado podría, por medio de alianzas público privadas, concesiones y fideicomisos, proveer los recursos de que carecía el Estado, sin que éste perdiera el control del patrimonio respectivo.

Transparencia

Esos recursos, además de financieros, incluían capacidad de planificación, de gestión, de control de calidad, de mantenimiento y —a través de carteles de licitación y contratos bien elaborados— acceso a una rentabilidad y plazo proporcionales al riesgo asumido en cada obra.

La idea siempre fue establecer un alto estándar de transparencia para que todos los costarricenses estuvieran al tanto de lo licitado, de lo cotizado por cada oferente, y de lo negociado y aprobado hasta el final de cada proceso de desarrollo y operación.

Todo esto aun es válido. El próximo gobierno debe utilizar estos instrumentos para que cerremos las brechas que hemos dejado zanjar entre nuestra productividad y progreso social y la realidad de nuestra infraestructura productiva y social.

Solo trabajando juntos podremos ser la nación progresista que ya fuimos y que ahora nos cuesta tanto volver a ser.​