El sobreseimiento de varias personas, entre ellas la expresidenta Laura Chinchilla, el exvicepresidente Luis Liberman, la exmagistrada Ana Virginia Calzada y el exfiscal Jorge Chavarría, por el caso de la trocha, hacen reflexionar sobre el creciente proceso de criminalización de la política.
Las acusaciones contra Óscar Arias parecen parte de este peligroso proceso.
¿Por qué los conflictos políticos terminan frecuentemente en fiscalía y estrados judiciales? ¿Por qué se abandona el debate y se busca encarcelar a los rivales? ¿Por qué se invierte la carga de la prueba, y como algún periodista retirado decía, todo político es culpable hasta tanto no demuestre su inocencia?
Los actos punibles cometidos por funcionarios públicos deben ser juzgados, pero recurriendo al debido proceso, respetando las garantías de los acusados.
Cruzados de la ética
El derrumbe de los partidos explica parte este fenómeno, organizaciones políticas sin narrativas movilizadoras y proyecto país, terminan sumidas en la riña y la venganza. El Ministerio Público no se debe abrumar por los buscadores de escándalos mediáticos, políticos de la antipolítica, que buscan avances a costa de sus adversarios.
El Poder Judicial no puede aceptar que la política se judicialice, pues corre el riesgo que la justicia se politice, como ocurrió recientemente.
La mentalidad de cruzados de la ética no puede ser la guía de jueces y fiscales. Su norte ha de ser el examen riguroso de los hechos, la objetividad de la prueba y la aplicación estricta del derecho. El populismo punitivista que busca aplacar el deseo de castigo de las masas no puede ser el motor de la justicia, ni de una legislación penal que ha caído en la trampa de legislar al ritmo de las páginas de sucesos.
Bien por este sobreseimiento .
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