En los últimos años la crisis educativa en Costa Rica se agravó. A los rezagos históricos no atendidos y los efectos del apagón educativo, que afectaron profundamente los aprendizajes de las y los estudiantes, entre el 2022 y 2025 se sumó un tercer factor: una gestión educativa errática y sin rumbo claro por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), que desarticuló programas estratégicos y debilitó logros históricos sin ofrecer mejores alternativas a cambio.
Lograr una educación de calidad es fundamental para atender los graves efectos de esta crisis y para que el país pueda responder a los nuevos desafíos que tiene de cara a la IV Revolución Industrial; el aprovechamiento de la inteligencia artificial y la necesidad avanzar hacia una sociedad menos excluyente, más segura, con mayor competitividad y oportunidades para las nuevas generaciones. Las mismas que hoy están saliendo pobremente educadas, cuando más necesitamos que sean altamente educadas y productivas para llevar sobre sus hombros el costo de mantener una población que aspira a vivir con altos estándares de desarrollo humano.
Lamentablemente nuestro sistema educativo experimenta la peor crisis de aprendizajes y la mayor caída de la inversión de los últimos 40 años. El binomio necesidad-presupuesto se mueve en direcciones opuestas con importantes efectos en el acceso a un servicio educativo de calidad para la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes que a él asisten. Avanzar hacia la sociedad que queremos y cumplir con las demandas de futuro solo será posible con un sistema educativo con recursos suficientes, objetivos estratégicos precisos y mecanismos de seguimiento y evaluación que aseguren un uso eficiente de la inversión educativa.
La asignación del 8% del PIB en la Constitución Política fue una decisión consciente de los legisladores de la época para avanzar a la Costa Rica del futuro y para no repetir malas decisiones de política pública que se tomaron en el Siglo XX de reducir significativamente la inversión en educación por debajo del 4% del PIB. Esta decisión tuvo como consecuencia dos décadas de desfinanciamiento educativo y una generación pérdida condenada a empleos de mala calidad, cuya trayectoria laboral ha sido ampliamente documentada por los Informes del Estado de la Nación. Lo que quisieron fue evitar que en el futuro la educación quedara a merced de las decisiones arbitrarias de políticos y tecnócratas sin visión de futuro, o simplemente irresponsables.
La asignación del 8% para educación fue el acuerdo nacional más relevante que el país tomó para avanzar de manera gradual hacia la construcción de una política de estado en educación y recuperar la senda del desarrollo nacional, asegurando un financiamiento sostenido que permitiera impulsar temas estratégicos.
En retrospectiva, sin embargo, el acuerdo nacional tuvo una arquitectura insuficiente: previó asegurar el financiamiento a la educación, una condición indispensable para mejorar el acceso y la calidad del sistema educativo, pero no previó metas ni estrategias para asegurar que los nuevos recursos fueran empleados de manera oportuna y eficiente. Tampoco un sistema de rendición de cuentas. En particular, no se previeron cambios en la gestión del MEP. Pero una cosa es reconocer las debilidades del acuerdo nacional y emprender una vigorosa acción para remediarlas y otra es simplemente desconocerlo y volver a las épocas cuando la educación estaba a merced de los políticos de turno.
Desgraciadamente, este último es el rumbo que el país parece haber adoptado. Cuando más necesitamos corregir nuestras debilidades y desarrollar estrategias para asegurar el máximo cumplimiento posible del acuerdo nacional dentro de las difíciles condiciones fiscales, las jerarquías políticas apostaron por lo fácil: utilizar la inversión educativa como variable de ajuste para lograr ciertos resultados fiscales de corto plazo.
Decisiones y tendencias
Las decisiones tomadas en los últimos años muestran tres grandes tendencias que se alimentan recíprocamente: primero, la reducción significativa del presupuesto en educación, que amenaza el funcionamiento básico del sistema. Segundo, la dispersión y poca eficiencia de recursos asignados debido a la falta definición de prioridades en temas estratégicos por parte del ente rector, una gran debilidad. Y, tercero, una tendencia a la insostenibilidad de la inversión educativa que impide avanzar con la celeridad y la urgencia que se requiere, un alto riesgo. Muestra que el sector educativo dejó de ser una prioridad gubernamental, cuando a nivel mundial la tendencia es mejorar el financiamiento de la educación con presupuestos inteligentes.
Los principales argumentos para justificar esta “ruta de deterioro de la educación” se amparan en la aplicación de la Regla Fiscal, la necesidad de pagar los intereses de la deuda y la máxima de que se puede hacer más con menos. En relación con la Regla Fiscal, sabemos que es una norma que desacelera el gasto público pero no le impide al gobierno establecer prioridades de asignación de la inversión y, sobre todo, prever rutas para recuperar esa inversión a lo largo del tiempo.
No hay nada más político que un presupuesto: es decisión de cada administración en dónde pone las prioridades y fijar objetivos estratégicos. Lo paradójico de los últimos años es que nunca se le ha permitido al sector educativo alcanzar ni siquiera el tope de la Regla Fiscal.
Un argumento esbozado por el exministro de Hacienda fue que para atender el 8% en educación era necesario subir el IVA al 23%. Este fue, sin duda, un argumento efectista basado en una simple ecuación aritmética a resolver: subir de una sola vez la inversión educativa al nivel constitucional. Con este argumento se evadió responder el problema de fondo: ¿Cuál es la ruta con la que el país se compromete a cumplir en los próximos años el acuerdo nacional plasmado en la Constitución Política? En vez de buscar soluciones, se renegó del acuerdo.
La alternativa a lo anterior es plantearse una estrategia distinta y realista basada en la definición de un sendero para recuperar progresivamente la inversión en educación asociada a objetivos y métricas claras definidas con los actores educativos. Este abordaje alternativo tiene varias ventajas: evita entregar recursos sin compromisos claros con los resultados educativos esperados y mantiene la barrera a que políticos irresponsables usen la inversión educativa como variable de ajuste fiscal. En resumen, obliga al estado a financiar al sistema educativo y a este, a usar bien la plata.
Una estrategia de recuperación progresiva. Objetivos estratégicos, metas claras y parámetros de logro
El X Informe del Estado de la Educación se inclina por esta última alternativa y propone una estrategia de recuperación gradual de la inversión educativa en los próximos años con ejes estratégicos, metas graduales, estimación de costos y parámetros de logro. El ejercicio, realizado con representantes del sector empresarial, sindical y expertos nacionales e internacionales, muestra que iniciar una senda de recuperación es viable y se pueden cumplir los objetivos y metas propuestas comenzando con una asignación anual de 0,11% del PIB a partir del 2026 hasta llegar al 0,34% en el 2034.
La propuesta desarrollada enfatiza en la necesidad de una hoja de ruta clara y estructurada, basada en tres pilares fundamentales para un sistema educativo de calidad: cobertura y equidad, ambientes de aprendizaje óptimos, e idoneidad del cuerpo docente.
La cobertura educativa se debe entender no solo como matrícula universal, sino también como acceso efectivo al currículo completo que el Ministerio ha establecido para la educación primaria. Deben asegurarse las condiciones para que estudiantes de contextos vulnerables permanezcan dentro del sistema educativo hasta culminar su trayectoria académica. Los ambientes de aprendizaje óptimos refieren a la existencia de infraestructura física y tecnológica que permita procesos educativos modernos, atractivos y efectivos. Finalmente, asegurar la idoneidad del cuerpo docente implica abordar tanto la formación inicial como la capacitación continua, acompañadas de condiciones laborales dignas que retengan y motiven al personal educativo.
Se suma a estos pilares un cuarto eje fundamental, relacionado con la mejora de los aprendizajes para lo cual una estrategia con precisa centrada en la mejora de los aprendizajes fundamentales de los estudiantes en primaria y la creación de un ente de macro evaluación independiente del MEP y adscrito al Consejo Superior de Educación. Que le brinde al país información sistemática, robusta, creíble para orientar la toma de decisiones para la mejora educativa como sucede en muchos de los países de la OCDE y de América Latina como Chile, Uruguay y Colombia.
La definición de estos pilares y las aspiraciones específicas derivadas de ellos pueden convertirse en principios para orientar la inversión pública en educación de manera transparente y eficaz. El Informe propone que futuros gobiernos adopten estos principios dentro de sus planes estratégicos a través de mecanismos claros de seguimiento y evaluación. Además, es fundamental que estos objetivos sean asumidos como políticas de Estado que garanticen la continuidad más allá de los ciclos políticos y administrativos. Asimismo, las recomendaciones políticas enfatizan la necesidad urgente de revisar el marco regulatorio fiscal para permitir una inversión educativa acorde con las necesidades reales y urgentes del país. Deben fortalecerse, además, mecanismos de financiamiento externos y las alianzas público-privadas para complementar recursos públicos sin comprometer la equidad educativa. También es clave realizar reformas institucionales que optimicen la gestión administrativa y aumenten la eficiencia de la inversión educativa.
La definición clara de metas graduales y factibles, el compromiso político responsable y de largo plazo, la transparencia en la asignación y uso de recursos y la participación de toda la sociedad son elementos fundamentales para construir un sistema educativo inclusivo, equitativo y centrado en la persona estudiante, que efectivamente impulse el desarrollo humano del país.
