Por años, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tuvo el monopolio absoluto en la generación eléctrica. En su momento, eso se justificó porque el monto de las inversiones necesarias para construir la infraestructura que se requería para electrificar todo el territorio nacional y que asegurara este servicio esencial para amplios sectores de la población de una manera equitativa, solo podía ser hecha con fondos públicos. El mismo argumento se utilizó para justificar el monopolio que por años tuvo esa misma entidad en las telecomunicaciones. Podemos decir, con justa razón, que el ICE cumplió su cometido.
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Pero la realidad cambió hace varias décadas. Si no fuera por la reforma legal que permitió la apertura y la inversión privada en telecomunicaciones, en el 2007, con la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Estados Unidos, probablemente no habríamos visto oportunamente los avances en los servicios de Internet y celular de los que hoy disfrutamos como si fueran algo natural. Basta con recordar los interminables atrasos que se dieron en la implementación de “Internet avanzada” y las larguísimas listas de espera para obtener una línea celular. Simplemente, las limitaciones macroeconómicas del país y la probada limitada capacidad de gestión del ICE hacían extremadamente difícil que la entidad pudiera satisfacer las crecientes demandas del país.
La situación en el sector de energía es distinta, pero enfrenta igualmente grandes retos. En los años noventa, mediante la aprobación de la Ley 7200, se permitió la participación privada en la generación eléctrica, de una manera limitada y enteramente bajo el control del ICE. Ello propició que surgieran varios emprendimientos, tanto de origen nacional como extranjero, que terminaron por contribuir de manera relevante, pero subsidiaria, en la producción de la electricidad para el mercado local. Se trata de energías limpias, renovables y cuyo costo de producción es sustancialmente menor al que le cuesta al ICE producir el mismo kilovatio hora (Kwh). Lo del costo es relevante porque, al igual que las telecomunicaciones, la energía es un factor esencial en nuestros sectores productivos, que incide en la capacidad nacional para competir tanto en los mercados externos como en el interno.
“...el país no puede darse el lujo de quedarse con los brazos cruzados y desperdiciar la inversión, el esfuerzo, la experiencia y el know-how de la capacidad instalada por ese sector, ni de perder los puestos de trabajo del cual dependen muchas familias costarricenses”.
Luego de años de participar en la generación eléctrica con el ICE como único potencial comprador por mandato de ley, los generadores privados reciben ahora la noticia de que sus contratos no serán más renovados. Ciertamente, el ICE no está –y no debe estar– obligado a renovar esos contratos, como es cierto también que en los próximos años la demanda eléctrica parece estar satisfecha con lo que genera el ICE (a un costo más alto). Pero el país no puede darse el lujo de quedarse con los brazos cruzados y desperdiciar la inversión, el esfuerzo, la experiencia y el know-how de la capacidad instalada por ese sector, ni de perder los puestos de trabajo del cual dependen muchas familias costarricenses.
Las opciones que se han presentado son razonables: por un lado, permitirles vender en el mercado centroamericano, eliminando el monopolio que también tiene allí el ICE, aprovechando que existe suficiente demanda; por el otro, la posibilidad de vender su energía a otros distribuidores eléctricos distintos del ICE o que se permitan diversas alternativas de autoconsumo. Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa deberían atender con celeridad esas iniciativas y evitar que la situación se deteriore aún más.
Lo cierto, sin embargo, es que, más que promover leyes que amenazan con ampliar el monopolio del ICE y de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), lo importante y necesario es avanzar hacia una reforma profunda del sector, de manera que se asegure la provisión de energías renovables a precios competitivos internacionalmente. Para ello es indispensable abrir el mercado local y centroamericano, permitir más inversión privada, poner al ICE a competir con esos generadores privados en un mercado spot debidamente regulado y, de esa manera, crear los incentivos para que la entidad actúe con mayor transparencia y eficiencia, para bien de toda la población y de los sectores productivos. En tiempos de campaña electoral, esos son los temas que quisiéramos oír discutir con propiedad a quienes aspiran a la Presidencia de la República.